El Gobierno no logra cerrar un acuerdo con las comunidades autónomas para el nuevo modelo de residencias

• Fuentes de Derechos Sociales indican que se ha acordado "posponer la votación" hasta "cerrar los últimos detalles"
• El planteamiento no convence a algunas comunidades ni a patronales de dependencia y sindicatos

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.

El Ministerio de Derechos Sociales no ha logrado cerrar este miércoles con las comunidades autónomas el acuerdo para poner en marcha el nuevo modelo de residencias y de atención a las personas dependientes, tras las críticas de varios gobiernos regionales, y ha aplazado a junio la votación para seguir negociando el documento.

Gobierno y comunidades tenían previsto aprobar por la mañana, durante la reunión extraordinaria del Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, el acuerdo de acreditación y calidad de los centros y de los servicios de atención a la dependencia, pero, según han señalado fuentes del departamento de Ione Belarra a RTVE.es, no ha llegado a producirse la votación.

Las mismas fuentes precisan que se ha acordado posponerla, a la espera de "cerrar los últimos detalles", y confían en poder llegar a un acuerdo "a lo largo del próximo mes" en el que la ratio en los centros residenciales disminuya hasta "un trabajador por cada dos residentes, se amplíe el número de habitaciones individuales en las residencias públicas y se establezcan núcleos de convivencia de 15 personas como máximo".

Rechazo de algunas comunidades

El documento propuesto por este ministerio había sido debatido en la Mesa de Diálogo Social y consultado con entidades sociales, sociedades científicas y profesionales, pero tiene que recibir el apoyo de las comunidades, con la competencia de las políticas sociales.

Según fuentes autonómicas a Efe, entre las regiones que han mostrado su desacuerdo se encuentran algunas gobernadas por el PP, como Madrid, Galicia, Andalucía y Murcia, pero también Cataluña y País Vasco, y dos de las gobernadas por los socialistas: Extremadura y Castilla-La Mancha. Tan solo han manifestado su apoyo el resto de las comunidades socialistas.

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha afirmado este miércoles: “España puede y debe plantearse un nuevo modelo de residencias. Está bien un modelo ideal donde se triplique el coste de la plaza pero exigimos que lo que se quiera hacer se financie”. "Ya está bien que el Estado invite pero no pague", ha añadido.

La consejera andaluza de Igualdad y Asuntos Sociales, Rocío Ruiz (Cs), también ha lanzado algunas críticas. "No se puede hacer una medida de tanto alcance, con un cambio de modelo total, sin una memoria económica (...) Es un gobierno que propone medidas ideales, la carta de los Reyes Magos, pero que no lo sostiene con políticas reales y medidas financieras", ha lamentado. En esa misma línea, la consejera de Política Social de la Xunta de Galicia, Fabiola García, ha asegurado que las ideas sobre residencias presentadas por el Gobierno central son "irrealizables", al carecer de presupuesto y "encarecer y dificultar el acceso a los cuidados" para las personas mayores.

El Gobierno vasco también se ha mostrado contrario al planteamiento pero argumenta que la propuesta entra "tan al detalle" en algunos aspectos que se comete una "injerencia" en competencias propias de Euskadi.

El documento tampoco convence a patronales de dependencia y sindicatos

Tampoco convence el plan al sector de la Dependencia. Las patronales AESTE, ASADE, CEAPS y FED calificaban este martes de "inaceptable" la propuesta y advertían de que, en caso de aprobarse, pondría "en serio riesgo" la atención a las personas mayores más vulnerables.

En un comunicado recogido por Europa Press, las patronales han indicado que este modelo supondría una "merma significativa" de oferta de plazas "que ya está en un punto crítico sin poder atender la lista de espera y consecuentemente de empleos en las residencias". Además, han avisado de que con este modelo se haría una "discriminación entre las personas que reciben servicios de manera pública y los que lo hacen de manera público-privada".

Por otro lado, también se han posicionado en contra del texto los sindicatos UGT y CCOO porque consideran que "no incluye ninguna de las medidas de mejora de la calidad del empleo" propuestas por ellos y "renuncia a garantizar la calidad en la atención".

Medidas que están sobre la mesa

Entre otras medidas, el documento presentado por Derechos Sociales fijaba un plazo de tres años para la "supresión total" de las sujeciones físicas, químicas o farmacológicas, y establecía que las nuevas residencias públicas deberían contar, al menos, con un 65% de habitaciones individuales.

Por otra parte, según el texto que finalmente no se ha votado, los centros proyectados no podían superar entre las 75 y las 120 plazas, dependiendo de la densidad de población. Asimismo, con el objetivo de que la residencia se parezca lo más posible a un "hogar", se proponía que la vida de las residencias se organizara en pequeñas unidades de convivencia, con un máximo de 15 personas. Del mismo modo, se planteaban mejoras para los servicios de ayuda a domicilio, los centros de día y la teleasistencia.

En cuanto a las ratios, el texto establecía que en centros residenciales la ratio de atención directa conjunta se incrementaría paulatinamente de 0,39 en diciembre de 2023 a 0,51 en diciembre de 2029 en personas mayores y de 0,50 a 0,58 en centros para personas con discapacidad, estableciéndose una ratio para la atención directa de primer nivel en 0,43 y 0,50, respectivamente, en 2029, frente a los 0,42 y 0,44 de 2008.