Sánchez anuncia una nueva ley de secretos oficiales que sustituya la de 1968 y una reforma del control del CNI

• Insiste en que el CNI actuó de forma legal y que el Gobierno "no conoce ni decide" sus actuaciones
• Vuelve a tender la mano al diálogo con Cataluña y asegura: “Una democracia sólida no persigue ideas”

Sánchez anuncia una nueva ley de secretos oficiales que sustituya la de 1968 y una reforma del control del CNI

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves que el Ejecutivo reformará la ley orgánica del control judicial del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y que aprobará una nueva ley de secretos oficiales que sustituirá a la actual, que data de 1968. Ambas actuaciones “pondrán al día los procedimientos y acometerán los cambios necesarios para evitar que estas brechas (en la seguridad) vuelvan a producirse en el futuro”, y darán más garantías para los derechos individuales de las personas tras los casos del espionaje mediante el sistema Pegasus al propio Sánchez y dos de sus ministros y al independentismo.

Sánchez ha hecho estos anuncios en el Congreso, donde comparece a petición de la oposición para dar explicaciones sobre Pegasus en un pleno monográfico. Unas explicaciones que llegan después de que el Gobierno cesara el pasado 10 de mayo a la directora del CNI ante el “evidente fallo de seguridad” en las comunicaciones del Ejecutivo (de Sánchez y de los ministros de Defensa e Interior), tal y como justificó el propio presidente en el Congreso. La directora cesada, Paz Esteban, había reconocido en la Cámara que el CNI espió con autorización judicial a 18 líderes independentistas, muchos menos que los 65 supuestos espiados de los que informó el Citizen Lab en abril. El espionaje ha aumentado la tensión dentro de la propia coalición del Gobierno pero, especialmente, con ERC, que amenaza con tumbar la legislatura, y con otros socios parlamentarios del Ejecutivo.

En este contexto, el presidente del Gobierno ha justificado que es “impostergable” que la ley de secretos oficiales “se adapte a los principios democráticos y constitucionales” y que es necesario también adaptar la normativa de control del CNI (de 2002) ante los “nuevos retos tecnológicos” y sociales: “Hace falta que no vaya por detrás de la tecnología, que es el nuevo desafío”. Esta reforma del control del CNI, ha asegurado, se hará “en línea de las recomendaciones del Defensor del Pueblo” con el fin de “reforzar las garantías” de dicho control y de asegurar los derechos de las personas.

Asimismo, ha subrayado que “es necesario aumentar las capacidades de los servicios de inteligencia frente a los ataques de los servicios de inteligencia hostiles”, así como “reforzar la coordinación” entre el Centro Criptológico Nacional y los organismos de ciberseguridad. En este sentido, ha dicho que se actualizará la estrategia de seguridad nacional y de ciberseguridad.

El Gobierno "ni conoce ni decide" las actuaciones del CNI

Sánchez ha dedicado unos 20 minutos al inicio de su intervención para cargar contra la “corrupción” del PP, tras lo cual el presidente ha defendido la legalidad de las actuaciones del CNI, actuaciones que el Gobierno ni “conoce ni decide”: "Eso ha podido pasar con otro gobierno, pero jamás ha pasado con este desde que soy presidente del mismo y les garantizo que no pasará".

Sánchez defiende la "plena legalidad" de la acción del CNI

“Justifica el espionaje en la DUI y el intento de tomar el aeropuerto de El Prat“

Pero después, en una respuesta a ERC, sí ha advertido de que su deber y responsabilidad "es salvaguardar el orden constitucional y defender la seguridad nacional", con lo que ha justificado el espionaje a líderes independentistas en el contexto de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) en 2017 y los altercados de 2019 tras la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo.

Ha recordado así a los republicanos el "intento de toma de un aeropuerto como el Prat, el impedimento de que los controladores aéreos pudieran subir a la torre aérea para poder controlar los vuelos y la circulación aérea de esa torre, sabotajes diarios en los trenes de cercanías". Y es que Rufián le ha acusado de espiar por "ideología" y ha cuestionado que el Gobierno se planteara espiar a sindicatos por cortar carreteras o quemar contenedores en protestas por derechos laborales.

Sánchez, que ha recalcado a lo largo de su intervención su compromiso con la “transparencia” y la “ejemplaridad”, ha asegurado que “con este Gobierno no hay espacio” para las intervenciones “ilegales” en el Estado o los “usos indignos” de las instituciones con fines propios.

Reivindica el diálogo con Cataluña: “Una democracia no persigue ideas”

En un intento de calmar al independentismo, en particular a ERC, ha mostrado por otra parte su “rotundo compromiso con el diálogo” para Cataluña como la “única vía” para resolver el conflicto y ha “lamentado” que este diálogo se haya visto “frenado” y que la confianza política se haya “minado” con el caso del espionaje.

Ante la insistencia del independentismo, que le acusa de espiar por ideología, ha asegurado que “las discrepancias no son una amenaza para el Estado de Derecho” sino que son fruto de enriquecimiento, por lo que ha asegurado que no se “persiguen ideas políticas” sino que éstas no se “debaten”: “Una democracia sólida no persigue ideas”.

Ha reconocido la “valentía” y “coraje” de quienes apuestan por el diálogo y el “reencuentro” (el propio Gobierno y ERC) frente a quienes “quieren romperlo todo y volver al año 2017”. Ha asegurado que esa “valentía” ha dado sus frutos y ha advertido de que “la sociedad no perdonaría” que se desande dicho camino.

Desvincula al Estado con el espionaje al resto de independentistas

Pero ERC mantiene sus dudas y cree que hubo espionaje al independentismo ajeno al CNI, por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ante esto, Sánchez ha llamado a diferenciar entre los “hechos indiscutibles” como el espionaje legal del CNI a 18 dirigentes independentistas de las “especulaciones” del espionaje desvelado por el Citizen Lab a más de 60 líderes soberanistas y que habría sido perpetrado por “agentes desconocidos completamente ajenos a la Administración española”. En este sentido, ha recalcado que ese informe “reconoce la imposibilidad de atribuir el hackeo a una entidad específica” al resto de los 65 supuestos espiados: “Debatimos sobre una investigación académica y en ningún caso sobre hechos probados”.

Así, ha subrayado como algo objetivo que el CNI espió con autorización judicial a 18 de las personas aludidas por el Citizen Lab, “no a 65”, y que tal y como ha demostrado el Defensor del Pueblo en su investigación, “tanto la acción del CNI como los autos del magistrado se realizaron con pleno respeto a la legislación vigente”, bajo los “protocolos establecidos” y con la “existencia de motivos fundados”.

De cualquier forma, ha dado “todo el respaldo del Gobierno” a cualquier persona que haya sido espiada “fuera de la legalidad”, ya que “ha sido víctima de un delito”, y ha mostrado su “rechazo” a cualquier actuación “ilegítima o ilegal”. Y ha recalcado que España tiene una “legislación garantista” ya que todas las actuaciones de los servicios de Inteligencia están sometidos a tres controles: políticos en el Congreso, económicos con la supervisión de los fondos reservados y judicial ante la obligación de pedir autorización al Tribunal Supremo para poder proceder.

Además, ha destacado que el Gobierno ya ha cumplido con tres de las cuatro líneas de actuación que anunció el pasado 24 de abril, con una investigación interna en el CNI, la reactivación de la comisión de secretos oficiales y la comparecencia de la ya exdirectora del centro, y la investigación de oficio del Defensor del Pueblo. Por último, se comprometió a desclasificar toda la información sobre Pegasus “que fuera solicitada en sede judicial” y “siempre que no afecte a la seguridad nacional”: “Transparencia, colaboración con la justicia y coherencia en las decisiones tomadas”, ha zanjado.

Y respecto al espionaje al Gobierno, ha reconocido de nuevo que ha habido "fallos en la seguridad" nacional pero ha recalcado que su Ejecutivo no es el único que ha sido espiado en las democracias occidentales (ha puesto de ejemplo a la excanciller alemana Angela Merkel o al presidente francés, Emmanuel Macron).

Unidas Podemos valora las medidas y exige más compromiso con Cataluña

Unidas Podemos, socio del PSOE en la coalición, ha valorado las medidas anunciadas por Sánchez, aunque ha pedido más valentía en la agenda social y territorial y que se comprometa firmemente con el diálogo en Cataluña.

Unidas Podemos exige a Sánchez compromiso de verdad con el diálogo con Cataluña

El presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, le ha reprochado que la mesa de diálogo (que Aragonès ha dado por suspendida tras el espionaje) no haya conseguido avances significativos en los más de dos años que lleva activada y ha advertido de que el dálogo por sí mismo no es suficiente.

También ha insistido en que el espionaje ha supuesto "un ataque a los derechos fundamentales, es incompatible con la democracia", y ha criticado que "todo valga contra el independentismo". Eso sí, ha criticado a ERC por "instrumentalizar el espionaje con fines electoralistas".