El Supremo cita como imputado a Alberto Casero por presunta prevaricación cuando era alcalde de Trujillo

• Investiga la supuesta adjudicación de cinco contratos públicos a dedo en los años 2017 y 2018
• El Alto Tribunal dará la posibilidad al diputado del PP de declarar de forma voluntaria sin tener que cursar el suplicatorio

El diputado del PP Alberto Casero durante una sesión de control al Gobierno.

El Tribunal Supremo ha citado al diputado del PP Alberto Casero el próximo 20 junio como investigado para que preste declaración voluntaria en el marco de la causa en la que se investigan determinados acuerdos y contratos de servicios que habría realizado cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres) en 2017 y 2018.

La Sala de lo Penal le dará la posibilidad de declarar de forma voluntaria, sin necesidad de cursar el suplicatorio, sobre las adjudicaciones irregulares de cinco contratos públicos en su etapa como regidor del municipio extremeño.

Según fuentes jurídicas que cita EFE, el instructor del procedimiento, el magistrado Andrés Palomo, citará al diputado al amparo del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite eludir el trámite del suplicatorio al Congreso o al Senado.

Se da la circunstancia de que en las últimas ocasiones en que el Supremo ha ofrecido la posibilidad de comparecer voluntariamente a diputados o senadores, estos lo han rechazado, como fueron los casos de los diputados de Unidas Podemos Diego Cañamero y Alberto Rodríguez o la entonces diputada de JxCAT Laura Borrás.

Supuestas adjudicaciones a dedo

El Supremo, como ha hecho en anteriores ocasiones con parlamentarios, dará la opción a Casero de declarar lo que estime procedente para su defensa sobre la causa abierta por supuestamente adjudicar hasta cinco contratos a dedo, sin expedientes y saltándose la ley de contratos públicos en Trujillo.

En el supuesto de que eluda su comparecencia, el instructor deberá acordar bien el archivo de la causa o la petición a las Cortes del suplicatorio para poder citar a Casero como investigado.

A finales de marzo, la Sala de lo Penal acordó abrir causa al diputado después de que el juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Trujillo elevase al Supremo una exposición razonada en la que se calificaban los hechos atribuidos al entonces alcalde como delito continuado de prevaricación administrativa, si bien la Fiscalía ve indicios también de malversación.

El Alto Tribunal indicó que los hechos podrían ser constitutivos de delito, en una valoración que consideraba necesariamente muy provisional por el momento procesal en que se encuentra el asunto. El Juzgado de Trujillo abrió diligencias previas en virtud de una denuncia de la Fiscalía relativa a determinados contratos, acuerdos o convenios concertados por Alberto Casero, en su condición de alcalde de Trujillo, en 2017 y 2018, con terceros.

Habría comprometido pagos con terceros

Según la prueba documental y testifical aportada por el Juzgado, existen indicios sólidos de que los citados actos de contratación se realizaron por Casero sin sujetarse al procedimiento administrativo previsto para ello, por lo que a su juicio se comprometió al pago de diversas cantidades sin comunicarlo al Ayuntamiento y sin los informes necesarios.

El Juzgado señaló, a su vez, que en marzo de 2017 contrató a un psicólogo ocultándolo al Ayuntamiento, sin aportar el contrato, sin expediente de contratación, sin informe sobre la necesidad del servicio y sin aprobación del gasto.

En septiembre de 2017, firmó con el presidente de la Cámara de Comercio de Perú en España un contrato comprometiendo al Ayuntamiento al pago de 25.000 euros, sin dar cuenta a los servicios económicos y jurídicos del Ayuntamiento, sin que el acuerdo fuera aprobado previamente y sin someterlo a información pública ni publicarse en el BOE.

Ese mismo año, Casero habría acordado verbalmente aportar 18.000 euros a un evento organizado por la Asociación Cultural Bon Vivant, sin seguir procedimiento alguno y sin informar a los servicios del Ayuntamiento.

En junio de 2018, firmó un contrato de patrocinio con la misma asociación comprometiéndose a la aportación de 18.000 euros, asumiendo además otros costes, sin seguir procedimiento alguno de contratación.

La exposición razonada recogía, además, otros dos hechos. Un contrato en 2018 con la empresa Icaro Consultores en Comunicación, SLU, para la organización de un evento por importe de 14.303 euros más IVA, sin informar a los servicios competentes y sin seguir el procedimiento adecuado.

Y otro contrato, de ese mismo año, con Radio Interior SL -un contrato de servicios de comunicación y promoción de la Feria del Queso de Trujillo- en cuantía superior a 15.000 euros,  acudiendo al procedimiento propio del contrato menor cuando, por la cuantía, debería ser licitado en procedimiento abierto.

Ahora, el magistrado a cargo de la investigación pretende interrogar a Casero para que esclarezca los hechos que le atribuye la Fiscalía. Al figurar como investigado, no está obligado a decir la verdad y puede responder o no a las preguntas del instructor, del Ministerio Público y de su abogado.