El Govern insta al TSJC a declarar la "imposibilidad legal" de cumplir la sentencia del 25% de castellano

• Argumenta que el decreto que aprobó este lunes supone un nuevo "marco legal" que impide su ejecución
• La Generalitat subraya que ni la Constitución, ni el Estatut, ni la legislación estatal imponen un modelo de porcentajes

Varios alumnos del Institut Escola Mirades de Barcelona en una imagen de archivo

El Govern de la Generalitat ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que declare la "imposibilidad legal" de cumplir la sentencia que impone un 25% de castellano en las escuelas, ya que el decreto que aprobó el lunes supone un nuevo "marco legal" que impide su ejecución.

El Gabinete Jurídico de la Generalitat ha remitido un escrito, al que ha tenido acceso RTVE, ante el TSJC en el que argumenta que el decreto aprobado por el Govern, que no fija porcentajes para la enseñanza de las lenguas oficiales, es "incompatible" con la parte de la sentencia del alto tribunal que obliga a garantizar que el uso del catalán o del castellano no sea inferior al 25% de las horas lectivas.

En el documento, defiende que la manera para asegurar la mayor efectividad de esta sentencia es "que se aprueben los proyectos lingüísticos de los centros educativos públicos y de los centros educativos privados sostenidos con fondos públicos". La Generalitat además argumenta que ni la Constitución, ni el Estatut, ni la legislación estatal en materia educativa imponen un modelo de porcentajes sobre el uso de las lenguas en las escuelas.

La sentencia declaró que se incurrió en "inactividad normativa" sobre la regulación

La Generalitat admite que "es cierto" que el nuevo régimen jurídico establecido en su decreto y la sentencia del 25% "difieren" en cuanto a las "concretas medidas previstas" para adoptar, pero remarca que, según la jurisprudencia del Supremo, "lo que es realmente relevante es el interés general perseguido".

"Y es innegable -agrega-, que el Decreto Ley 6/2022 pretende afrontar el interés general que representa la regulación del uso de las lenguas oficiales en la escuela de una manera diferente priorizando no un simple régimen de porcentajes totalmente ajeno a la realidad de cada centro docente y no previsto en ninguna norma legal, sino un modelo que tiene en cuenta el entorno sociolingüístico de los centros, el entorno general y los objetivos de normalización lingüística".

En este sentido, el escrito recuerda que la sentencia del TSJC sobre el 25% -de diciembre de 2020-, declaró que la Generalitat incurrió en una "inactividad normativa" sobre la regulación del uso de las lenguas oficiales en la escuela, cosa que "precisamente" está "tratando de superar" el Govern con el decreto aprobado ayer.

Gonzàlez-Cambray: La respuesta a la sentencia es "democrática"

El conseller de Educación Josep Gonzàlez-Cambray, al ser preguntado este lunes por si la Conselleria desobedece una sentencia, ha asegurado que se "da respuesta a la nueva normativa". Además, ha reflexionado que la respuesta a la sentencia es "democrática" porque el decreto deberá ser convalidado por el Parlament.

Este martes, la Generalitat ha enviado a las direcciones de los centros educativos unas instrucciones sobre el uso de las lenguas oficiales en las escuelas y un cuestionario para verificar que sus proyectos lingüísticos se ajustan al nuevo decreto. La Conselleria de Educación da de plazo hasta el 30 de junio para que los colegios públicos y concertados.