La ley del PSOE para abolir la prostitución divide al bloque de investidura y se abre camino con el apoyo del PP

• La propuesta socialista ha recibido innumerables críticas sobre la vía escogida y por adoptar un enfoque "punitivista"
• El principal apoyo ha llegado del PP, cuya portavoz ha subrayado la voluntad de colaborar en una transformación social

La ley del PSOE para abolir la prostitución divide al bloque de investidura y se abre camino con el apoyo del PP

La proposición de ley para perseguir penalmente el proxenetismo, defendida por el PSOE, ha sido tramitada en el Congreso con apoyo del PP, aunque ha dividido a la Cámara entre quienes ven la prostitución como una violencia contra la mujer y quienes defienden la libertad sexual de quienes la ejercen.

Aunque ha salido adelante con 218 votos a favor, 37 no y 68 abstenciones, la propuesta socialista ha recibido innumerables críticas, con varios argumentos comunes: reproches al camino elegido, mediante una proposición de ley fruto de una disputa previa con Unidas Podemos, y también al fondo del asunto, por optar por un enfoque "punitivista" que olvida las necesidades de las víctimas, en especial una reforma de la ley de extranjería que les dé papeles.

Esta norma recoge, de forma mayoritaria,  la enmienda que los socialistas trataron de incluir en la ley del 'solo sí es sí' para modificar el artículo 187 del Código Penal para que "castigue de forma general el proxenetismo, sin exigir relación de explotación". Sin embargo, fue retirada ante el rechazo de varios de sus socios de investidura, que apostaban por suprimir los artículos controvertidos al poner el énfasis en la libertad sexual de las mujeres que deciden prostituirse.

La vicesecretaria general socialista, Adriana Lastra, ha abogado desde la tribuna del hemiciclo del Congreso por la abolición, tras recordar que se estima que hay en España 45.000 mujeres explotadas sexualmente. "La explotación sexual, el comercio con el cuerpo de las mujeres es el último residuo del sistema esclavista", ha recalcado para defender la proposición de ley socialista que busca perseguir penalmente a los proxenetas y multar a los puteros.

Durante su intervención, ha asegurado que su formación está dispuesta a "trabajar con los grupos que compartan el objetivo de acabar con el proxenetismo" en el país y ha criticado a aquellas formaciones que han tachado a las socialistas de "ingenuas" o "puritanas". "Sabemos a los que nos enfrentamos", ha declarado Lastra, antes de señalar que la explotación sexual supone "un negocio de miles de millones en el país".

El apoyo del PP y Unidas Podemos

El principal apoyo del grupo socialista ha llegado desde las filas del PP, cuya portavoz Marta González ha subrayado la voluntad de su partido de colaborar en una transformación social que ha comparado con el final de la esclavitud o de la pena de muerte.

"Ninguna mujer ejerce la prostitución de forma libre", ha defendido la diputada, quien ha recalcado el rechazo de su grupo a cualquier forma de violencia contra las mujeres, entre las que la prostitución es una "particularmente grave": "quienes consumen son ellos y ellas las que son objeto, que no sujeto, de consumo".

Unidas Podemos ha optado por el sí, aunque En Comú ha decidido votar "no" al considerar que la ley, con un enfoque paternalista, supondría un grave retroceso en los derechos de las mujeres y al entender que la solución a este fenómeno no es una perspectiva "punitivista".

Para la confluencia catalana, "prohibir no es abolir" y critican que la ley propuesta por el PSOE "no va acompañada de medidas sociales para acabar con la prostitución", tiene "enormes carencias técnicas" y podría generar "situaciones indeseables para muchas mujeres", como "inseguridad jurídica, sesgo ideológico a la hora de juzgar, o culpabilidad indeseada de familiares", entre otras.

Desde la tribuna, la diputada de Unidas Podemos Sofía Castañón ha expuesto también múltiples discrepancias y ha avanzado que enmendarán el texto para castigar el proxenetismo vinculado a la explotación, reformar la ley de extranjería y eliminar el artículo que multa a los puteros.

El bloque de investidura, dividido

Mientras, el bloque de investidura se ha dividido entre la abstención (PNV y EH Bildu) y el no, una opción que ha encabezado ERC y a la que se ha sumado formaciones como Ciudadanos y la CUP.

La portavoz de ERC, Pilar Vallugera, ha denunciado la "demagogia" del PSOE al presentar esta ley sin consultar a las mujeres que se prostituyen y no atender sus necesidades: "están blanqueando sus sepulcros; son ustedes unos hipócritas".

El PVN también ha exigido una reforma de la ley de extranjería y una ley contra la trata y ha lamentado el "feminismo punitivista", mientras que EH-Bildu ha reclamado un debate amplio que distinga la trata de la prostitución ejercida libremente, la misma petición que han hecho Junts y el PDeCAT. Por su parte, desde la CUP se ha acusado al PSOE de "legislar desde la moral"

También ha sido muy crítico el discurso de la portavoz de Ciudadanos, Sara Giménez, quien ha apostado por regular la prostitución para garantizar derechos a aquellas personas, la mayor parte mujeres, que se prostituyen de forma libre.

Por otro lado, Vox se ha abstenido a la tramitación de la norma y ha adelantado que introducirá enmiendas al texto. El partido ha lamentado que esta iniciativa no traiga alternativa, medios y recursos para las mujeres que están en contexto de prostitución. A través de su portavoz en este debate, María de la Cabeza Rúiz, han explicado que se trata de una propuesta que "falla clamorosamente en el endurecimiento de las penas" y que "sigue protegiendo en exceso la delincuencia", quedándose en superficialidad del problema".

Penas de tres a seis años para proxenetas

La modificación del artículo 187 del Código Penal impondría castigo de prisión de tres a seis años y multa de 18 a 24 meses a quien, empleando violencia, intimidación, o abusando de una situación de superioridad, o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona a ejercer o mantenerse en la prostitución.

Esta proposición de ley también recupera la tercería locativa que pena a aquellos que, con ánimo de lucro y de forma habitual, cedan bienes inmuebles o local para favorecer el ejercicio de la prostitución. Es decir, a los dueños de los clubes, locales y pisos donde las mujeres ejercen esta práctica.