El Gobierno aprueba la ley para "blindar" la sanidad universal pública y evitar copagos

• La ley extenderá la sanidad universal a nuevos colectivos y eliminará el copago ortoprotésico para personas vulnerables
• Priorizará la gestión pública directa, pero habrá excepciones y las comunidades podrán firmar convenios con la privada

El Gobierno aprueba la ley para "blindar" la sanidad universal pública

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un anteproyecto de ley para "blindar" la sanidad pública, evitar copagos y extender la sanidad universal a nuevos colectivos, según ha explicado la ministra de Sanidad, Carolina Darias. La nueva norma busca evitar la privatización del sistema sanitario, prioriza la gestión directa e incluye, por ejemplo, la eliminación de los copagos ortoprotésicos para seis millones de personas vulnerables.

La ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud servirá para "ampliar derechos y devolvérselos a la ciudadanía tras gobiernos anteriores que los habían suprimido", según ha explicado Darias.

El Gobierno actual había eliminado ya el copago farmacéutico a los colectivos vulnerables como pensionistas con rentas bajas o menores con discapacidad, un total de cerca de seis millones de personas. Ahora, no tendrán que pagar tampoco el copago de prótesis y ortopedia, como muletas o plantillas. La ley recupera la cartera única común de servicios y "establece las garantías para que no se puedan volver a introducir nuevos copagos sanitarios", ha señalado la ministra.

El modelo de gestión prioritario será el de "gestión directa", la que prestan las administraciones públicas estatales y autonómicas, o consorcios 100% públicos. Los modelos de gestión indirecta, como determinados seguros de salud, serán las "excepciones", "nunca" sustituirán al modelo directo y tendrán que justificarse y aprobarse por el Consejo Interterritorial de Salud.

Darias ha resaltado "la importancia y el valor de lo público, que la pandemia ha hecho incrementar", y ha recordado que "los sistemas sanitarios públicos son garantes de vida".

Se amplía la universalidad a nuevos colectivos

Respecto a la universalidad, el texto ampliará también la atención sanitaria a personas de origen español que viven en el exterior durante sus desplazamientos al territorio español y a sus familiares y a familias reagrupadas.

También la extiende a solicitantes de protección internacional, de protección temporal y a las víctimas de trata y explotación sexual, algo que sí estaba recogido en reglamentos pero no al nivel de norma legal. Para facilitar trámites, se elimina el informe social hasta ahora obligatorio y se establece que la asistencia se prestará con cargo a los fondos públicos.

Unidas Podemos duda de la utilidad de la ley

El lunes Unidas Podemos, el socio de coalición del PSOE en el Gobierno, se mostró escéptico sobre la utilidad esta norma. "Tenemos serias dudas de que esta ley vaya a servir realmente para evitar la privatización de la sanidad pública y el desmantelamiento que la derecha está haciendo en muchas comunidades autónomas", aseguró la secretaria de Acción Institucional del partido, María Teresa Pérez, en una rueda de prensa.

En su opinión, el PSOE "siempre se ha quedado a mitad de camino en defensa de la sanidad púbica" y por eso ha señalado que están trabajando en el seno del Gobierno de coalición para que esta ley "priorice la gestión pública". El partido amenaza con no apoyar la ley en el trámite parlamentario que comienza ahora.

En la misma línea se han expresado las asociaciones en defensa de la sanidad pública. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha lamentado que el anteproyecto "no blinde la provisión pública" y consolide el modelo de mutualidades de funcionarios.

Tras reconocer que contiene mejoras sustanciales sobre el anteproyecto, la organización ha criticado que siga abriéndose paso modelos privados que se dice serán "excepcionales", pero sin fijar criterios concretos para esa excepcionalidad, así como tampoco sistemas efectivos de control de la misma.

Por su parte, el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), Tomás Cobo, ha apoyado que se "blinde" la sanidad pública. "Blindar nuestro actual modelo sanitario universal, público y gratuito es proteger el eje del bienestar y la justicia social. Debemos dirigir todos nuestros esfuerzos hacia ese destino, al tiempo que reforcemos también la colaboración público-privada para conseguir la mayor eficiencia", ha comentado Cobo en declaraciones a Europa Press.