Los delitos medioambientales, cada vez más complejos y lucrativos: "Hay mucha impunidad"

• El SEPRONA investigó durante 2021 más de 5.000 crímenes de este tipo, un 35,8% más que en 2020
• Los más numerosos fueron los relacionados con el maltrato a animales domésticos y los incendios forestales

Agentes del Seprona de la Guardia Civil estudian el inicio y el desplazamiento de un incendio

"Los delitos medioambientales son muy lucrativos y la respuesta penal es muy laxa, entonces se genera mucha impunidad". Así explica la portavoz de la jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), Paloma Orive Muñoz, parte de la problemática que gira alrededor de este tipo de delitos que van en aumento.

El SEPRONA investigó durante 2021 más de 5.000 delitos contra el medio ambiente, el 35,8% más que en 2020, un incremento que se vio impulsado por los delitos relacionados con maltrato y abandono animal, incendios forestales y extracción ilegal de agua.

En un intento por combatir estos crímenes, el Ministerio del Interior junto al Ministerio para la Transición Ecológica ha impulsado la creación de la Oficina Central Nacional de Análisis de Información sobre Actividades Ilícitas Medioambientales de la Guardia Civil.

Esta oficina se encargará de coordinar en el ámbito nacional diversas actuaciones dirigidas a la conservación y protección del medio natural junto a otros cuerpos policiales, tanto de ámbito nacional como autonómico y local. Otro de los principales objetivos de este nuevo organismo es impulsar la cooperación con las instituciones internacionales dedicadas a luchar contra este tipo de actuaciones.

"Es un hito en la lucha contra los delitos medioambientales, ya que por primera vez se configura un punto único de análisis de la información sobre estas actividades ilícitas medioambientales en nuestro país", señala Orive a RTVE.es.

"Además, es relevante porque este tipo de delitos se combaten desde diferentes foros, desde diferentes cuerpos policiales, organismos y administraciones. Es necesario tener un lugar común en el que poder analizar informaciones de esas diferentes fuentes para tener una visión global y realista de las tendencias criminales medioambiental, tanto en las diferentes áreas o regiones de nuestro país, como también a nivel internacional", añade.

Desde esta oficina trabajarán con la Europol y la Interpol en el intercambio y análisis de información sobre estos crímenes que en el 2018 se convirtieron en el tercer delito más lucrativo del mundo, únicamente sobrepasado por el narcotráfico y el contrabando. Según datos la Interpol y del Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente, durante el año 2018, estas actividades representaron un volumen de negocio ilegal de entre 110 y 281 millones de dólares en 2018.

Durante la presentación de este nuevo organismo, la responsable del programa de especies amenazadas de WWF, Laura Moreno, valoró la creación de esta oficina como "fundamental", dado que los delitos contra la flora y la fauna "han sido considerados en general como delitos menores" y, sin embargo, "tienen un impacto enorme en nuestra biodiversidad".

Los incendios forestales y el maltrato animal, los delitos más numerosos

Incendios forestales, maltrato animal, tráfico de especies protegidas o vertidos tóxicos son parte de los delitos que investigan los agentes. Las tipologías delictivas investigadas más destacadas fueron las relacionadas con el maltrato de animales domésticos (hasta 957 delitos y 552 personas detenidas) y los incendios forestales (483 delitos y hasta 374 personas detenidas o investigadas).

Durante el 2021, las infracciones por vertidos y residuos sumaron 19.313 denuncias, las actuaciones relacionadas con animales de compañía 11.344, las relacionadas con sanidad animal 9.451 y las actuaciones en materia de aguas 5.326 actuaciones.

Otra de las actividades ilícitas que más persiguen desde este nuevo organismo es el tráfico de especies. "Este comercio ilegal es de lo que más perseguimos", sostiene Orive. En España se confiscan alrededor de 1.500 animales procedentes del tráfico ilegal.

Esta actividad puede ser extremadamente lucrativa, por ejemplo, el cuerno de rinoceronte puede valer entre 25.000 y 50.000 euros el kilo. "España es un país de entrada y tránsito a Europa y esto facilita que se cometan estos delitos aquí", subraya Orive.

“"España es un país de entrada y tránsito a Europa y esto facilita que se cometan estos delitos aquí"“

Según un informe del 2018 de la ONG WWF, esta actividad, llevada a cabo por organizaciones criminales, genera 20.000 millones de euros anuales y está poniendo en riesgo el futuro de grandes especies como elefantes, rinocerontes o tigres, pero también de muchas otras menos conocidas como los pangolines y de innumerables plantas.

No todos los animales con los que se trafica son exóticos, el comercio ilegal de angulas en España no ha parado de proliferar de unos años a esta parte. "Los delincuentes cogen ilegalmente en España las angulas y las llevan al sudeste asiático para engordarlas, convertirlas en anguilas y comerciar con ellas porque allí son un alimento".

"No se tiene la conciencia de que sea un delito"

La dificultad a la hora de acreditar este tipo de delitos es otro de los factores a tener en cuenta. "Al daño al medio ambiente se puede sumar la afección que esto ha causado a los seres humanos y las penas pueden ser hasta de ocho años de prisión, pero esto es muy difícil de acreditar", comenta a RTVE.es el abogado Christian Morron Lingl, fundador del despacho de abogados Terraqui especializado en derecho medioambiental.

La situación del lugar donde se ha cometido el ilícito también marca el tipo de infracción. "En algunas ocasiones depende de las condiciones del medio receptor y ahí radica la dificultad a la hora de valorar lo que es el delito de lo que no lo es", explica Morron. "Yo creo que normas tenemos muchísimas. El problema está en los medios de los que se dispone y luego en los criterios que se aplican".

Interior lanza una oficina para luchar contra los delitos medioambientales: "No se persiguen tanto como otros"

A esto se suma la heterogeneidad y la falta de información que hace que muchos ciudadanos no sepan que están cometiendo una ilegalidad. "La gestión de residuos, los cebos envenenados, el uso de trampas, se ve como una práctica habitual, pero no se tiene la conciencia de que sea un delito", comenta Orive

La COVID-19 y el aumento de residuos

El coronavirus también ha supuesto una vulneración del medio ambiente por la ineficaz gestión de residuos sanitarios peligrosos. Durante el 2021, las infracciones administrativas detectadas en relación con la sanidad pública y los medicamentos superaron el 25,5%, y se situaron en 163.373.

Además, la mala gestión individual de guantes y mascarillas en los dos últimos años está incrementado la presencia de residuos plásticos en ríos y mares.

A pesar de la "situación social complicada" -explica Morron- "también hay mucha más concienciación". "Además del aumento de ilícitos penales que observamos, también vemos que se pide más asesoramiento por parte de las empresas y de las administraciones, porque cada vez son más conscientes de que el entorno está cambiando y de todo lo que soporta el medio ambiente".

¿Qué sanciones conllevan los delitos medioambientales?

Según el artículo 325 del Código Penal, los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente pueden conllevar penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses (de 600 € a 168.000 €) e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años.

Además, si las anteriores conductas, por sí mismas o conjuntamente con otras, pudieran perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, se impondrá una pena de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses (de 480 € a 288.000 €) e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años.