El derecho a existir de las personas apátridas: "No pertenezco a ninguna parte, he pensado mucho en el suicidio"
- 4,3 millones de personas en todo el mundo son apátridas, según ACNUR
- Más del 90% de las peticiones de apátrida que se resuelven en España son de personas de origen saharaui
Ser apátrida es vivir entre las tinieblas; vivir en la búsqueda constante de un respaldo legal; convivir con la no pertenencia a ninguna nacionalidad. Todos los sueños se reducen a conseguir una documentación, una identidad legal; aunque sólo sea para indicar la carencia de nacionalidad, o lo que es lo mismo, que se es “apátrida”. Ese reconocimiento, si bien alejado de los derechos de ciudadanía, es la salida de la clandestinidad, la solución que marca la senda al disfrute del derecho a ser y existir, del derecho a poder viajar, trabajar y acceder a la sanidad y la educación.
La Agencia de Naciones Unidas para el Refugiado (ACNUR) informa de que 4,3 millones de personas en todo el mundo son apátridas o de una nacionalidad indeterminada. Sergio Chekaloff tardó 74 años en saber que pertenece a esta categoría. “Por lo menos murió con un documento y pudimos darle un entierro digno, pues durante muchos años vivió sin saber a qué Estado acudir para obtener un pasaporte”, explica a RTVE.es su hija Tamara.
Segio nació en 1946 en Ereván, capital de la actual Armenia, en un continente sacudido por la Segunda Guerra Mundial. Era hijo de un ruso cosaco, pertenecían a una minoría eslava que en la época de la Unión Soviética fue perseguida. El padre de Sergio vivía en un campo de refugiados en Wilhelmsthal, Alemania Oriental, y allí conoció a quien sería madre de Sergio. “Tenía una partida de nacimiento alemana, pero no se le reconocía la nacionalidad porque, si bien su madre era alemana, en aquellos tiempos las mujeres alemanas casadas con extranjeros no transmitían la nacionalidad”, expone Tamara.
“En aquellos tiempos las mujeres alemanas casadas con extranjeros no transmitían la nacionalidad“
Después de un tiempo en Alemania, sus padres decidieron marchar a Marsella y desde allí embarcaron en el Rena rumbo a Argentina, un viaje que duró 23 días. Vivieron en el país latinoamericano durante muchas décadas. Sergio no contaba con un pasaporte cuando llegó a Buenos Aires, pero fue documentado con la tarjeta de extranjero que a la postre le permitiría vivir y trabajar en Argentina sin mayores complicaciones. “Él no podía salir del país ni votar”, asegura Tamara. Se casó y trabajó de camionero. Sus hijos, de mayores, emigraron a Ibiza y él consiguió después un título de viaje argentino que le permitió reunirse con ellos en España.
Vivir encerrado en una isla
De repente descubre que se encuentra en un limbo legal y que ningún Estado le puede documentar. Desde que llega a España en 2008, Sergio se queda encerrado en una isla. Vuelve a contactar con las autoridades alemanas que insisten en que no es ciudadano suyo pese a haber nacido en su territorio; la embajada de Rusia alega que, antes, debe residir siete años en su territorio para otorgarle la nacionalidad; para Armenia, ni sus apellidos ni su familia constan en ningún archivo; y Argentina responde que si bien sus hijos son sus ciudadanos, él no lo es ni puede serlo.
“Era camionero y pasó de moverse por Argentina, un país tan grande, de norte a sur, sin obstáculos, a estar encerrado en esta isla”, lamenta su hija. Sergio falleció el pasado mes de diciembre, pero antes, en 2019 la Oficina de Asilo y Refugio en Madrid le reconoció el estatuto de apátrida después de años de espera. Durante todos estos años se ha sentido “atrapado, sin poder trabajar y ser independiente y esto le afectó mucho en su autoestima”, añade. “Era invisible, no existía para nadie, excepto para su familia y amigos”, explica su hija. Gracias a la campaña #IBELONG de ACNUR que, por casualidad, vieron en televisión, lograron ver la luz del final de un túnel largo e incomprensible para una persona de tan avanzada edad.
Este mes de junio, un juzgado en el País Vasco ha dictado una sentencia pionera en la que se reconoce la nacionalidad española a una niña que nació en una patera a la deriva. Llegó con su madre camerunesa en 2018. Al caducar la documentación provisional, la niña no pudo renovarla. “Las autoridades de Camerún le exigían volver al país para registrar el nacimiento de la pequeña o hacerlo en su consulado en Marruecos, todo ello, con previa pericial de análisis de ADN para demostrar que la madre es camerunesa”, explica Francisco Ortiz, experto de ACNUR en materia de apátrida. La niña, sin pasaporte, no podía viajar a ningún lugar, por lo que la única alternativa era pedirle la nacionalidad española. Sería una resolución, si no se recurre, que evitaría que la menor "permanezca en el limbo de la apatridia". De hecho, desde esta Agencia de las Naciones Unidas subrayan la necesidad de prevenir y resolver la apatridia infantil.
En España, más del 90% de las peticiones de apatridia que se resuelven son de saharauis. “Es un caso muy claro”, asegura el experto. Los que proceden de los campos de refugiados de Tinduf llegan aquí con un título de viaje argelino específico y con un certificado del censo de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO), que toma como base el censo español de 1974. Meimuna vino a España cuando tenía 27 años, nació hace 39 en el campamento de Dajla, el más alejado de los que albergan a población saharaui refugiada en Argelia.
Ella tardó dos años en conseguir el estatuto de apátrida. “A base de mucha insistencia”, incide. Tiene una discapacidad ocasionada por una partida de vacunas en mal estado que, durante la guerra del Sáhara, afectó a toda una generación. “Tengo polímitis y vine a España en vacaciones en paz, pero de mayor los médicos me recomendaron quedarme para seguir algunos tratamientos, así que decidí quedarme y estudiar”, nos cuenta.
Sentencia del Supremo sobre los saharauis
Al solicitar el estatuto de apátrida, se dio cuenta de que no tenía derecho a nada. “No podía hacer nada, ni siquiera matricularme para estudiar. Me mudé a Madrid para preguntar de cerca”, asegura, pues la Oficina de Asilo y Refugio se ubica en la capital. “Sentía que estaba en tierra de nadie y que mi vida se paralizaba”, añade. Encontraba trabajos a los que no podía aplicar por no tener autorización de empleo. A diferencia de los solicitantes de asilo que, con la tarjeta (roja) de solicitantes del estatuto se les permite trabajar, los apátridas, pese a tener una tarjeta de identidad (verde), no cuentan con permiso de trabajo, solo se les permite la estancia.
El caso de Maimuna, además, es paradójico puesto que sus padres nacieron en territorio español, cuando el Sahara era la provincia Nº 53 de España; sin embargo, meses después de la salida de España de ese territorio, España anuló los DNIs de los saharauis por Real Decreto, lo que les condenó a la apatridia como única vía para documentarse en España.
Para Maimuna, el reconocimiento del estatuto de apátrida fue la solución a todos sus problemas, al fin pudo matricularse en el módulo de trabajo social que quería y en estos momentos está cursando el segundo de carrera de Educación Social. “Estudio y trabajo en una organización de mujeres sin hogar”, concluye orgullosa. “En el caso de los saharauis, lo que hubo fue una interpretación del Tribunal Supremo que empezó a dictar sentencias en las que reconocía el Estatuto de apátrida en determinados casos, y a partir de ese reconocimiento por parte del Tribunal Supremo, las autoridades españolas cambiaron el criterio y desde entonces empezaron a reconocer ese estatuto de apátrida”, argumenta Ortiz.
Según ACNUR se ha dado un aumento de 158.200 personas en comparación con 2020. En el mismo donde aclaran que la cifra global es una estimación, ya que se trata de muchas personas que no constan en los registros oficiales, por lo que no es posible contar con datos fiables y se plantean “desafíos para abordar la apatridia y abogar por soluciones”, explica el abogado. En muchos países, aún no se contempla esta condición en la legislación. “En 2021 Albania, Chile, Colombia y Turkmenistán aprobaron leyes que regulan la apatridia y garantizan los derechos consagrados en la Convención sobre la Apatridia de 1954”, afirma.
Omar, el solicitante de apátrida palestino que nació en Arabia Saudí
Omar tiene 27 años y ahora vive en Madrid. Su caso ejemplifica el paradigma de la apatridia: a los hijos e hijas de palestinos nacidos en el extranjero no se les reconoce la ciudadanía de forma automática, como ocurre en muchos países árabes. Él lleva cuatro años viendo su vida en pausa. Vino a España con un visado de turista que le otorgó el Consulado General de España en Arabia Saudí.
“Fue pura suerte, me lo concedieron y me vine. Llevo cuatro años sin papeles”, explica en un castellano perfecto. Él es hijo de padre y madre palestinos, pero nació en Arabia Saudí. La monarquía del Golfo no le reconoce la condición de ciudadano. Así que heredó lo que comúnmente conoce la diáspora palestina como “la tarjeta amarilla”, un documento de viaje que las autoridades de Egipto expiden a los palestinos. Se solicita en las embajadas de El Cairo en otros paises, normalmente quién lleva este documento son todos aquellos nacidos países del Golfo. “Pero yo no soy egipcio; este documento, ni siquiera me permitía la entrada a Egipto”, aclara.
Para residir, Arabia Saudí exige que un extranjero esté bajo el sistema de la kafala, algo parecido a un mecenazgo o patrocinio promovido por un nacional saudí. Omar estuvo hasta los 18 años bajo la custodia de su padre, pero cuando alcanzó la mayoría de edad, necesitaba el patrocinio de algún saudí que le garantizara un trabajo para poder quedarse en el país. Trabajó un tiempo para una empresa que finalmente le tuvo que despedir por un cambio legal. “Prohibieron unas 40 profesiones, entre ellas la mía: aprendí de electrónica por experiencia porque las universidades son solo para los saudíes, pero tomaron una medida que impedía el ejercicio de los extranjeros de decenas de profesiones”. Cuando vio que la situación se complicaba, recurrió a las autoridades palestinas, pero se negaron a reconocerlo como ciudadano suyo por haber nacido en el extranjero.
“Prohibieron unas 40 profesiones, entre ellas la mía: aprendí de electrónica por experiencia porque las universidades son solo para los saudíes“
Cuando en 2018 llegó a España pidió asilo, pero después de tres años de espera le fue denegado. “Podría pedir un permiso de residencia por arraigo social, pero no tengo un país al que pedirle los papeles que me exigen presentar”, relata con tono desesperado. Finalmente, dando tumbos de un lado a otro, consiguió el asesoramiento necesario y comprendió que si ningún país lo considera nacional suyo, sólo podía ser apátrida. Ya ha registrado su solicitud en la Oficina de Asilo y Refugio, pero aún no tiene respuesta, y es que si bien el reglamento que regula este régimen limita a un plazo de tres meses, el tiempo máximo para que la Administración resuelva, en la práctica las solicitudes se demoran un promedio de dos años. “Deseo que salga favorable porque siento que no pertenezco a ninguna parte, he pensado muchas veces en el suicidio”, dice desesperado.