Navarra y Madrid, la cara y la cruz de los servicios sociales

• El Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales 2021 señala que solo cinco comunidades mejoran su puntuación
• Casi 2 de cada 3 personas (el 62,2% de la población) vive en regiones con servicios sociales "débiles o irrelevantes"

La pandemia ha frenado la recuperación de los servicios sociales.

Navarra tiene los mejores servicios sociales y Madrid, los peores, según la evaluación que hace la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales del sistema público de protección social que atiende las necesidades de más de ocho millones de personas en España.

El Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales 2021 (Índice DEC), que elabora cada año esta organización de profesionales con datos oficiales sobre coberturas, inversión y derechos, señala que dos de cada tres personas —el 62,2 % de la población— viven en comunidades con servicios sociales "débiles o irrelevantes". En 2020 ese porcentaje era del 40,5%.

Según ha destacado el coordinador del informe, Gustavo García, durante la presentación del índice, a pesar de que las comunidades y entidades locales han aumentado un 10 % el gasto en estas partidas durante la pandemia, el incremento no ha repercutido en una mayor oferta de servicios y prestaciones.

"La COVID ha quebrado la tendencia de recuperación de los servicios sociales que se venía constatando desde 2016, cuando más necesita la gente los servicios sociales no se mejora la cobertura ni las prestaciones y servicios", ha lamentado el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez.

La nota más alta, Navarra, y la más baja, Madrid

Los servicios sociales en España obtienen una evaluación media de 5,1, similar a 2017 y perdiendo lo ganado en los últimos cinco años. La nota más alta la tiene Navarra (7,39), seguida de Castilla y León (6,89); a la cola, Madrid (3,07), Murcia (3,09) y Canarias (3,66).

Solo cinco comunidades mejoran la calificación de sus servicios sociales en 2021, respecto a un año antes: Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña y La Rioja. Por el contrario, empeoran Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco, y dos mantienen la misma calificación: Andalucía y Valencia.

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Gasto público: De los casi 1.000 euros en País Vasco a los 317 de Murcia

El gasto público en servicios sociales pasó de los 406,3 euros de media por habitante destinado en 2019, a 446,9 euros con el presupuesto ejecutado de 2020, pero con grandes diferencias entre regiones, que oscilan entre los cerca de mil euros (971,1) que destina País Vasco y los 608,3 de Navarra, a los 317,4 de Murcia y los 357,1 de Madrid.

Estas diferencias de gasto se reflejan en la cobertura efectiva de prestaciones y servicios a la ciudadanía en los diferentes territorios; por ejemplo, en Navarra hay un profesional de los servicios sociales básicos por cada 739 habitantes, en Madrid uno por cada 5.515 habitantes.

En Castilla-La Mancha hay 6 plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años (5,96), mientras que en Canarias hay una plaza (1,15 %).

Deterioro en residencias, ayuda a domicilio y atención en barrios

El informe también refleja que, a pesar del incremento en el gasto, algunos servicios sociales se han visto deteriorados o incluso han retrocedido. Es el caso de los servicios sociales básicos o comunitarios, la red de atención primaria del sistema en barrios, pueblos y comarcas, que pasó de tener, de media, un profesional por cada 1.875 en 2020, a uno por cada 2.064 habitantes en 2021.

Los servicios sociales para personas mayores, el colectivo más afectado por la pandemia, tampoco mejora en 2020. Las plazas residenciales se mantienen prácticamente igual (2,7 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años), y el servicio de ayuda a domicilio, a pesar de un incremento de dos décimas en su cobertura (4,9% en 2019, a 5,1 en 2020), retrocede en su intensidad, con 2,8 horas menos de media al mensual (20,6 en 2019, 17,8 en 2020).

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"Urge una profunda revisión del sistema para hacerlo eficaz y eficiente, y ello pasa por racionalizar sus cometidos y por agilizar sus procedimientos", ha explicado el coordinador del informe Gustavo García, quien ha opinado que los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos "no pueden obviar sus responsabilidades, para eso tienen las competencias".

García ha criticado que mientras que el Gobierno aprobó "cuantiosas partidas milmillonarias" para apoyar a sectores afectados por la pandemia, no lo hiciera con los servicios sociales, mientras que se han dejado sin gastar 72 millones de euros del plan de choque de la dependencia, a pesar de las listas de espera y la situación crítica que vivieron las residencias o la ayuda a domicilio.

"Los servicios sociales atienden a personas mayores, víctimas de violencia de género, niños que necesitan hogares o familias que necesitan ayudas para sobrevivir", ha recordado.

Después de una década y dos crisis

En el balance que hace la asociación de los últimos diez años, período en el que han ocurrido dos crisis, el gasto por habitante se ha incrementado un 26,2 %, desde los 350 euros de 2011 a 447 en 2020; aunque se reduce del 8,14 al 7,78 el porcentaje del presupuesto que destinan las comunidades y ayuntamientos a servicios sociales.

Cada vez es mayor el porcentaje de financiación local y menor la autonómica sobre el gasto total en servicios sociales. Si en 2012 esta proporción era 83,3 % en administraciones autonómicas y 14,6 en locales, en 2020 pasa a ser 69,4 % y 30,6 % respectivamente.

Respecto a las prestaciones y servicios, mejoran la mayor parte de los indicadores, como el número de profesionales por habitante, pasando de uno por cada 3.765 habitantes en 2012, a uno por cada 2.064 en 2021; aunque empeora por ejemplo la intensidad de la Ayuda a Domicilio (19,3 horas de media mensual en 2011 a 17,8 en 2020) o los acogimientos familiares a menores (60,4 % en 2011 a 50,1 % en 2020).