El Congreso aprueba la nueva Ley de Ciencia con cambios para reducir la precariedad en la carrera científica

• Por 261 votos a favor (PSOE, Podemos, PP, ERC y Cs) y 59 abstenciones (Vox, PNV y Junts, BNG y CUP)
• La nueva Ley incluye medidas para mejorar la situación de los investigadores, como nuevos contratos indefinidos

Una investigadora en el laboratorio, en una imagen de archivo.

El pleno del Congreso ha aprobado este jueves la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que ha incorporado numerosos cambios para reducir la precariedad en la carrera científica y la burocracia y que sale de la cámara sin ningún voto en contra.

La ley garantiza por primera vez una financiación pública "estable y creciente" de la investigación y el desarrollo (I+D) para converger con la media europea y fija, en ese sentido, el objetivo de aumentar regularmente el gasto hasta alcanzar el 1,25% del PIB en el año 2030.

El pleno del Congreso ha aprobado el proyecto de reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación por 261 votos a favor (PSOE, Podemos, PP, ERC y Cs) y 59 abstenciones (Vox, PNV y Junts, BNG y CUP).

"Es un texto que nace del diálogo, una ley como esta debía estar participada, consensuada y trabajada por todos. La ley tiene grandes avances y fortalezas, ataja la precariedad con un nuevo contrato indefinido, mejora las condiciones laborales de los investigadores jóvenes y reduce las cargas administrativas en la justificación de las ayudas", ha defendido la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, durante su intervención en el Pleno del Congreso.

Medidas para reducir la precariedad en el sector

La nueva Ley incluye un paquete de medidas para reducir la precariedad en el sector (nuevos contratos indefinidos e itinerarios posdoctorales más estables), para retener el talento y tratar de atraer a científicos de prestigio, para reducir la carga administrativa que recae sobre los equipos de investigación, y para agilizar la transferencia de conocimiento a la economía y a la sociedad.

Entre los cambios más importantes que se han incluido durante la tramitación parlamentaria destacan los dirigidos a mejorar las condiciones del personal investigador de los hospitales y centros del Sistema Nacional de Salud y para que sus carreras profesionales sean equivalentes a las de otros organismos públicos; o la eliminación de la obligación de avales bancarios privados para la financiación de los parques científicos.

A su paso por el pleno, último trámite en el Congreso, se han aprobado dos enmiendas presentadas por el diputado de Más País-Equo Íñigo Errejón, aunque no ha contado con el apoyo de los socios de Gobierno, por lo que se ha incluido en el texto el reconocimiento al personal de gestión como parte del personal de investigación, así como para que, en la aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público al personal de investigación, se puedan dictar normas singulares para adecuarlo a sus peculiaridades.

También se ha aprobado una enmienda presentada por el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia En Común. Con esta novedad, la Ley de Ciencia obligará a la contratación indefinida para los investigadores que trabajen en proyectos financiados con fondos europeos competitivos, y que se encontraban exentos de esta modalidad de contratación.

Según fuentes de Podemos, de esta forma se garantiza que la reforma laboral sea una realidad efectiva para este personal de investigación, incluyendo a todo el sistema público, universidades, OPis y fundaciones, algo que para la formación es una cuestión de "justicia". Citando datos de CC.OO, los morados señalan que esta enmienda reducirá la temporalidad a menos de la mitad. Por ejemplo en el CSIC, con 13.500 trabajadores, se espera pasar del 45% de temporalidad al 20-24%.

Cambios en la contratación de los investigadores

Los socialistas finalmente retiraron este miércoles dos votos particulares que presentaron contra dos enmiendas añadidas al texto en trámites parlamentarios anteriores que no contaron con su apoyo, referidas a la estabilizar al personal investigador universitario y vincular el gasto público en I+D al PIB, y que se mantienen en la norma.

Durante los trámites de Ponencia y Comisión que preceden al debate del texto en el pleno de la Cámara Baja, se aprobaron once enmiendas nuevas y siete transaccionales de las más de 400 presentadas por los grupos parlamentarios.

Por ello, a lo largo de su tramitación, el texto ha incorporado algunos cambios como permitir que los contratos indefinidos se celebren con personas con experiencia y competencias acordes al puesto independientemente de su nivel de formación.

La ley ha incluido que los contratos predoctorales y posdoctorales en el sector público no requerirán autorización previa cuando estén financiados en su totalidad con fondos externos o competitivos, lo que agilizará la contratación de estas personas. También se interrumpirá el cómputo de duración de estos contratos temporales durante el tiempo dedicado a permisos y excedencias por motivos de conciliación (maternidad, paternidad, permisos o excedencias por cuidado de menores o familiares dependientes, entre otras circunstancias).

Estatuto del personal de investigación

El texto redefine el contrato de investigador distinguido, que pasa a denominarse "de investigador distinguido", como aquel destinado a la dirección de equipos humanos como investigador principal y de centros de investigación o en tareas de transferencia de conocimiento e innovación, o de instalaciones y programas científicos y tecnológicos singulares.

Al respecto, se ha añadido que se permite que el contrato se pueda celebrar también con tecnólogos que gocen de una reputación internacional consolidada basada en la excelencia de sus contribuciones.

Además, en el apartado de mejora de las condiciones del personal investigador del Sistema Nacional de Salud, se incluye que se aprobará un Estatuto del personal de investigación.

En referencia a la ciencia abierta, se obliga a que el personal de investigación del sector público deposite una copia de la versión final de las publicaciones de forma simultánea a la fecha de publicación, y no en el plazo doce meses como en la anterior ley; y se obliga a los beneficiarios de ayudas públicas a que conserven los derechos de propiedad intelectual para dar cumplimiento a los requisitos de acceso abierto que establezcan las bases de las convocatorias.

También se ha añadido que publicar en abierto se considere en la evaluación del mérito investigador; y se incluye a las comunidades autónomas, y no solo a los Ministerios de Ciencia e Innovación y de Universidades, como responsables de mantener iniciativas a facilitar el libre acceso a los datos, de acuerdo con los principios internacionales FAIR.

Respecto a la creación de la Agencia Española del Espacio, la ley ha incluido que se encargará de elaborar una Estrategia Espacial Española y que se promoverá que su ubicación se base, entre otros, en principios de cohesión social y territorial, la mejora en el funcionamiento de los servicios públicos y la lucha contra la despoblación.

A pesar del amplio acuerdo político, varias sociedades científicas han asegurado que ésta "no es la ley que España necesita" y han reclamado una revisión integral del texto o su retirada. Se han sumado a esta petición la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios, la Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción, la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer, Sociedad Española de Oncología Médica y la Fundación ECO para la Excelencia.

Mientras se debatía el proyecto, un centenar de personas se ha concentrado frente al Congreso (convocados por la sección de Comisiones Obreras en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas) para exigir, entre otras medidas, que las mejoras y avances que aprecian en la ley se extiendan al personal técnico y de gestión que interviene en la ciencia.