La Asamblea de Ecuador convoca una sesión extraordinaria para votar la destitución del presidente del país
- Guillermo Lasso lo ha calificado de un intento de golpe de Estado contra él
- Cinco personas han muerto desde el inicio de las protestas el 13 de junio
El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador, Virgilio Saquicela, ha convocado para este sábado una sesión para debatir como único punto del día una petición de destitución del presidente del país, Guillermo Lasso, quien lo ha calificado de un intento de golpe de Estado contra él.
La convocatoria ha sido realizada a petición de al menos un tercio de los asambleístas al alegar una grave conmoción interna debido a la ola de protestas contra el alto coste de la vida y las políticas económicas del Gobierno de Lasso.
La activación del procedimiento de destitución presidencial ya había sido anticipada por un grupo de asambleístas afines al expresidente Rafael Correay por un sector del movimiento indigenista y plurinacional Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), principal promotora de las protestas.
La sesión del Legislativo ecuatoriano se desarrollará en la sede de la Asamblea, a escasa distancia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del aledaño parque de El Arbolito, que durante los dos últimos días ha sido escenario de un enfrentamiento casi constante entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
La ley orgánica de la Asamblea obliga a que la sesión para debatir la destitución presidencial se convoque en menos de 24 horas desde la presentación de la solicitud, y a ella también está convocado el mismo presidente para exponer sus alegaciones.
72 horas para votar
Tras el debate, el Parlamento tiene 72 horas para votar la continuidad del mandatario, para lo que requiere una mayoría de dos tercios, equivalente a 92 de los 137 asambleístas.
En caso de conseguirlo, el vicepresidente asumiría la Presidencia y el Consejo Nacional Electoral (CNE), en un plazo de siete días tras publicada la resolución, y convocaría para una misma fecha elecciones legislativas y presidenciales anticipadas.
En un mensaje a la nación difundido en televisión y redes sociales, Lasso ha denunciado este viernes un intento de golpe de Estado promovido por los líderes de las protestas y ha hecho una llamamiento a la comunidad internacional "para advertir de este intento de desestabilizar la democracia en el Ecuador".
El mandatario ha acusado al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, principal promotor de las movilizaciones, de buscar "el derrocamiento del Gobierno".
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leonidas Iza.
El gobernante ha agradecido el apoyo ya anticipado de grupos parlamentarios de la oposición como Izquierda Democrática, el Partido Social Cristiano y una parte de Pachakutik, lo que permitiría ganar la moción y mantener el poder.
También ha anunciado que el "Gobierno nacional utilizará todos los recursos que la ley le faculta para enfrentar a los vándalos y criminales". "La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas actuarán con los medios necesarios para defender, dentro del marco legal, mediante el uso progresivo de la fuerza, el orden público y la democracia", ha advertido.
12 días de protestas
Las protestas comenzaron el 13 de junio convocadas principalmente por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), aunque luego también se adhirieron otras organizaciones de campesinos, así como sindicatos y federaciones de estudiantes.
Desde el movimiento indígena se exige el cumplimiento de diez demandas, entre ellas que se reduzcan y congelen los precios de los combustibles, que se controlen los precios de los productos de primera necesidad, que no se privaticen empresas estatales y que no se amplíe la actividad petrolera y minera en la Amazonía.
Imagen de uno de los detenidos durante las movilizaciones.
Hasta el momento la movilización deja un saldo de cinco fallecidos y no menos de 200 heridos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, así como más de 100 detenciones, según organizaciones de derechos humanos.
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