Sin avances en la primera reunión entre el Gobierno e indígenas en Ecuador

• El Ejecutivo se resiste a reducir más del precio de las gasolinas, la principal demanda para poner fin a una protesta social
• El debate se ha centrado en dos demandas: la reducción del precio de los carburantes y frenar la expansión minera y petrolera

Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, participa en una reunión con representantes de los cinco poderes del Estado de Ecuador. 

La primera jornada de diálogo entre el Gobierno de Ecuador y el movimiento indígena ha concluido este lunes sin un resultado definitivo, después que el Ejecutivo se resistiera a aceptar una mayor reducción del precio de las gasolinas, la principal demanda para poner fin a una protesta social que cumple dos semanas.

Ambas partes, que han avanzado en varios temas, se volverán a reunir la mañana de este martes en un salón de la Basílica del Voto Nacional, la sede de las conversaciones auspiciadas por el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), Virgilio Squicela, y la Iglesia católica.

El propio Saquicela, al hacer un balance de la primera jornada, ha felicitado a los delegados del Gobierno y del movimiento indígena por sentarse en una mesa de diálogo tras quince días de una protesta social que se ha concentrado en Quito. No obstante, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) ha asegurado que el paro nacional al que convocó desde el pasado 13 de junio continuará hasta que el Gobierno dé soluciones a las demandas del pueblo.

Saquicela ha dicho estar seguro de avanzar en la segunda ronda de diálogo y ha señalado que con esa posibilidad "vamos a salir ganadores absolutamente todos".

Dos demandas fundamentales

La Conaie, que convocó al paro nacional indefinido con un pliego de diez demandas al Gobierno, ha dejado en dos las demandas fundamentales, hasta que el Gobierno diera respuestas parciales a las otras peticiones.

Ampliar la reducción del precio de las gasolinas y frenar la expansión minera y petrolera, sobre todo en la Amazonía, ha sido las dos demandas en que se centró el debate.

La Conaie ha calificado de insuficiente la oferta del presidente Guillermo Lasso de reducir en 10 centavos de dólar el precio del galón (3,78 litros) de gasolina extra o regular y del diésel.

El movimiento indígena y las demás organizaciones sociales exigen que la gasolina extra se reduzca de 2,50 a 2,10 dólares el galón, y que el diesel pase de 1,90 a 1,50 dólares, para aliviar la crítica situación económica que padecen la mayoría de ecuatorianos.

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, que ha calificado las demandas como "causas justas", tras escuchar los argumentos de los indígenas y, después una consulta en el Palacio presidencial, ha anunciado que el Ejecutivo no podía resolver la petición principal de incrementar el subsidio a las gasolinas, lo que implicaría abaratar su coste.

"Estamos dispuestos a escuchar una propuesta de subsidio focalizado", ya que actualmente esa ayuda estatal alcanza los 3.226 millones de dólares al año, lo que supone el 13,2 % de los ingresos del presupuesto general del Estado, ha explicado.

Las organizaciones sociales e indígenas de Ecuador protestan contra las políticas económicas de Lasso

Renuncian a extender la actividad petrolera

Ese monto es similar al presupuesto para la educación o la salud y el Gobierno no está dispuesto a asumir un resultado que puede "condenar al Estado a la ineficiencia y a la quiebra", ha agregado el ministro y ha recalcado que el Ejecutivo sí ha aceptado derogar el decreto 95 que permitía extender la actividad petrolera.

Asimismo, ha dicho que el Gobierno se abstendrá de presentar nuevos proyectos mineros en áreas protegidas y en zonas intangibles en la Amazonía, donde viven pueblos en aislamiento.

En réplica, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, ha lamentado la respuesta del ministro y ha dicho no comprender como un Gobierno puede pedir al movimiento indígena que elabore una política de subsidios que es responsabilidad del Ejecutivo.

Iza, además, ha señalado que pese a los avances en la segunda petición sobre la minería, el Gobierno no ha aceptado la petición para frenar actividades mineras en zonas de recarga hídrica y territorios ancestrales. También pidió que se ponga fin a la "criminalización de la protesta" y que se separe del Gobierno al ministro del Interior, Patricio Carrillo, por su "actitud de odio" contra el movimiento indígena.