El TSJC procesa a Borràs y la deja a un paso de juicio por presunto fraude en contratos públicos

• Habría "abusado" presuntamente del cargo al frente de la Institució de les Lletres Catalanes para adjudicar contratos a un amigo
• El juez ve suficientes indicios de que dictó "resoluciones injustas" con "plena conciencia"

La presidenta del Parlament de Cataluña, Laura Borràs.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha procesado por segunda vez a la presidenta del Parlament de Cataluña, Laura Borràs, por "abusar" presuntamente de su cargo al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) para adjudicar contratos a dedo a un amigo. Borràs queda así a un paso de juicio por presunto fraude y queda en el aire su futuro político.

En un auto, al que ha tenido acceso RTVE, el magistrado del alto tribunal catalán Josep Seguí, concluye, una vez finalizadas las últimas diligencias de instrucción, que hay suficientes indicios para enviar a juicio a Borràs y a tres sospechosos más (JxCat) por los delitos de prevaricación, fraude, falsedad en documento mercantil y malversación en su etapa al frente de la ILP, entre marzo de 2013 y febrero de 2017.

En concreto, se investiga si, entre 2013 y 2017, desde la institución que dirigía Borràs, se procedió a fraccionar contratos de servicios informáticos efectivamente prestados "reflejando importes y conceptos inventados", siempre en cuantías inferiores a 18.000 euros para hacer una adjudicación directa a un amigo personal de Borràs,  Isaías Herrero. El total adjudicado ascendió a 259.863 euros por 18 contratos.

"Abusó" de sus funciones con "resoluciones injustas"

Según el juez, los indicios en este procedimiento, "evidenciarían" que Borrás "abusó" de sus funciones como directora de la ILC dictando "resoluciones injustas" para adjudicar 18 contratos menores, "con plena conciencia" de que "entraban en contradicción con las exigencias de la legislación reguladora de los contratos del sector público", para "favorecer" a un amigo.

En su resolución, que se puede recurrir, el juez da diez días a la Fiscalía para que solicite la apertura de juicio oral mediante su escrito de acusación.

De hecho, el magistrado ya acordó el pasado 14 de marzo dejar a un paso de juicio a Borràs, a su amigo Isaías Herrero y a otras dos personas investigadas en la causa: Andreu P., que facilitó sus datos fiscales para presentar los presupuestos y facturas de los trabajos que haría el amigo de la actual presidenta del Parlament, así como Roger E., trabajador de la Institució que supuestamente facilitó la contratación irregular de los 18 proyectos, que sumaron 330.442 euros. Sin embargo, en abril pasado la sala civil y penal del TSJC ordenó al magistrado Seguí que reabriera la causa, al estimar un recurso en que Borràs pedía más tiempo para defenderse.

Según el juez, existen indicios de que Borràs "omitió" una concurrencia pública a los concursos para favorecer los intereses de Herrero. El magistrado remarca en su auto que las comunicaciones electrónicas entre Borràs y su amigo son "indicios suficientemente sólidos" para demostrar que ambos se concertaron para "defraudar" a la ILC "propiciando unas contrataciones formales de servicios informáticos reveladoras de una vulneración de la especial relación de confianza" surgida a raíz de su nombramiento como directora de la ILC.

Podría ver en peligro su escaño

El juez da ahora traslado de esta causa al Ministerio Fiscal para que, en el plazo de diez días, solicite la apertura del juicio oral formulando un escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de las diligencias que considere indispensables para formular su acusación.

La decisión del TSJC pone en peligro el futuro político de Borràs, que podría perder su escaño en el Parlament en función del artículo 25.4. del reglamento de la Cámara catalana, que establece que los diputados pueden ser suspendidos de sus derechos y deberes parlamentarios "si es firme el auto de procesamiento o de apertura de juicio oral y el Pleno del Parlamento lo acuerda por mayoría absoluta", dada la naturaleza de los hechos imputados.

Borràs ha ido reiterando en los últimos meses que no se siente "interpelada" por dicho artículo y asegura que no ha cometido ningún delito, por lo que ha pedido al resto de partidos independentistas (ERC y la CUP) no ejercer de jueces.