El Gobierno salva la primera votación de la ley de memoria democrática en el Congreso gracias al apoyo del PNV y Bildu

• ERC se ha abstenido porque considera el texto insuficiente y piden "la reparación de las víctimas"
• El Ejecutivo pretende que llegue al Senado este mes de julio y se pueda completar toda la tramitación parlamentaria en otoño

El Gobierno salva la primera votación de la ley de memoria democrática en el Congreso gracias al apoyo del PNV y Bildu

La Comisión Constitucional del Congreso ha aprobado este lunes el proyecto de Ley de Memoria Democrática con el respaldo de PSOE, Unidas Podemos, el PNV y Bildu frente al 'no' del PP, Vox y Ciudadanos. Esquerra Republicana ha optado por la abstención porque ve avances tras los últimos cambios introducidos, pero le sigue pareciendo insuficiente.

Hasta el último momento, ERC, socio de investidura del Ejecutivo, no ha aclarado el sentido de su voto. "Es un buen texto, pero faltan cosas", ha explicado la diputada del partido soberanista Carolina Telechea antes de que su formación se abstuviera. "Lo que hay de bueno en la ley que es la ilegalidad del régimen franquista, que es una reivindicación histórica de ERC. Gracias a nuestra posición firme está contenida en el actual texto. Es una de las principales demandas, pero hay otra que es la ley de amnistía y la reparación de las víctimas", ha dicho.

Esta ley, que supone una profundización en la Ley de Memoria Histórica de 2007, fue aprobada en Consejo de Ministros hace casi un año y tomada en consideración por el Congreso en octubre de 2021, pero dos meses después se metió en 'la nevera' al no ver el Gobierno suficientes apoyos para sacarla adelante, ya que a la oposición del PP, Vox y Ciudadanos se sumó el rechazo de ERC, que la considera insuficiente.

Fue el pasado mes de junio cuando el proyecto se sacó del cajón para reactivar la tramitación, una vez que PSOE y Unidas Podemos habían acercado posturas con otras formaciones minoritarias. Así, la Ley de Memoria Democrática superó la fase de ponencia tras introducirse varias enmiendas pactadas con Bildu, PNV, el PDeCAT, Más País y Coalición Canaria.

Reconocimiento a las víctimas de torturas hasta 1983

El pasado 28 de junio, el Ejecutivo consiguió el apoyo de EH-Bildu a la ley tras pactar que se reconozcan a las víctimas de torturas hasta 1983, lo que podría afectar al caso de los GAL del gobierno de Felipe González, entre otras enmiendas.

En concreto, la ley mandata al Gobierno a crear, en un año desde la entrada en vigor, una comisión técnica que haga un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas "por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución y el 31 de diciembre de 1983". Ese estudio deberá recoger "posibles vías de reconocimiento y reparación a ese colectivo".

Así es el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que aprueba hoy el Gobierno: impulso a la exhumación de fosas, anulación de sentencias franquistas e ilegalización de la Fundación Francisco Franco - Escuchar ahora

Además, el PSOE y Unidas Podemos acordaron también con la coalición abertzale en el seno del Consejo de la Memoria Democrática una comisión estatal independiente de carácter académico para "contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil y la dictadura". Su función será recoger testimonios, información y documentos y aprobar un informe de conclusiones y recomendaciones para la reparación de las víctimas de forma "objetiva e imparcial".

Se declara "ilegal" el régimen franquista

Con Más País, y el PDeCAT, el PSOE y Unidas Podemos cerraron otro acuerdo que declara "ilegal" el régimen franquista y reconoce expresamente que "las luchas de los movimientos sociales antifranquistas y de diferentes actores políticos" alumbraron la democracia.

Con el PDeCAT se acordó articular mecanismos y recursos para evaluar la "represión y persecución" cultural y lingüística del franquismo, declarando "víctimas las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega".

Y con el PNV se selló otro pacto para fijar en un año el plazo para la restitución de documentos u efectos a personas naturales o jurídicas de carácter privado que estén en el Archivo General de la Guerra Civil. Podrán beneficiarse también partidos, sindicatos o unidades militares que reclamen enseñas, emblemas o banderas que estén en poder de entidades públicas.

Todos estos acuerdos han permitido al Gobierno sumar apoyos suficientes para sacar adelante la ley este lunes en la Comisión Constitucional. A los 17 votos que suman PSOE y Unidas Podemos en comisión ha añadido este lunes los del PNV y Bildu, lo que ya les ha dado la mayoría absoluta en la comisión que preside el socialista Patxi López.

Junts se queda en la abstención

A ERC, se ha sumado Junts que no ha querido dar su apoyo al texto y se ha quedado en la abstención, al considerar que "no cambia nada" para investigar crímenes del franquismo y no declara a Cataluña como "nación víctima" de la dictadura. El diputado de Junts, Josep Pagès, ha indicado que la posición de su voto no iba a verse modificada, por lo que "voten otros partidos". "No sale del marco de la ley anterior", ha señalado.

En contra se han mantenido el PP, Vox, Ciudadanos y el diputado Carlos García Adanero, de Navarra Suma, que ha representado al heterogéneo Grupo Mixto.

El dictamen se prevé llevar al pleno tras celebrar el Debate sobre el estado de la Nación con la idea de que llegue al Senado este mismo mes de julio y se pueda completar toda la tramitación parlamentaria en otoño.