El Gobierno y el PP no llegan a un acuerdo tras reunirse para renovar el Poder Judicial y la reforma del TC sigue adelante

• Para los 'populares', la aprobación de esta reforma es "una línea roja" que el Ejecutivo no debería cruzar
• El Gobierno reprocha al PP que mantiene "la misma voluntad de bloqueo de las instituciones democráticas"

El Gobierno y el PP no llegan a un acuerdo tras reunirse para renovar el Poder Judicial y la reforma del TC sigue adelante

El Partido Popular no ha logrado convencer al Gobierno para que retire la reforma del Tribunal Constitucional. Tras una reunión celebrada este lunes entre el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ambos partidos no han alcanzado ningún acuerdo para desbloquear la renovación de los órganos judiciales y el PSOE mantiene la tramitación de la propuesta de ley.

Los populares exigían que el Ejecutivo diera marcha atrás a la reforma del CGPJ que busca facilitar la renovación del Tribunal Constitucional y han pedido además negociar de forma paralela una reforma de la ley para despolitizar la Justicia y poner en marcha un nuevo sistema de elección del Consejo a partir de la propuesta de los jueces.

Sin embargo, la reunión, celebrada a las 19.30 de este lunes en el despacho que el ministro tiene en el Congreso de los Diputados y que se ha alargado 45 minutos, no ha permitido acercar posturas y nuevamente el Gobierno y el principal partido de la oposición se culpan mutuamente del bloqueo.

PP: La aprobación de esta reforma es "una línea roja"

Según han informado fuentes del PP a RTVE, el Ejecutivo continúa con la aprobación este jueves de la reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial con la que pretende devolver competencias al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "de forma parcial".

Durante la reunión, González Pons ha ofrecido abordar las propuestas del PP en el trámite de enmiendas de la ley planteada por el Gobierno, pero "la respuesta fue negativa". Para los 'populares', la aprobación de esta reforma es "una línea roja" que el Ejecutivo no debería cruzar y que hace "imposible" llegar a acuerdos con en el ámbito de la Justicia.

"El bloqueo al que aboca esta decisión se debe a las preferencias de Pedro Sánchez, que prefiere un Tribunal Constitucional del gusto de ERC, que un pacto por la Justicia alcanzado con el PP", indican estas mismas fuentes.

El PSOE reprocha al PP que "mantiene la misma voluntad de bloqueo"

Por su parte, desde el Gobierno han reprochado al PP que, pese al cambio de líder de la formación, se mantiene "la misma voluntad de bloqueo de las instituciones democráticas y del órgano de gobierno de los jueces".

Fuentes gubernamentales han señalado a RTVE que Bolaños ha trasladado al partido de la oposición "la necesidad de que cumpla la Constitución y la ley". "Sin embargo, el PP sigue poniendo excusas para no hacerlo", añaden.

"En esta ocasión, exigen la retirada de una proposición de Ley, en tramitación en el Congreso, que busca garantizar la renovación del Tribunal Constitucional. El PP exige la retirada de esa proposición y, si no se cumple con su exigencia, anuncian que nunca se sentarán a negociar la renovación del CGPJ", insisten desde el Ejecutivo.

Asimismo, Moncloa ha querido señalar que varias de las propuestas que incluye el documento presentada por el PP ya habían sido acordadas con la anterior dirección del PP en negociaciones pasadas. A ello se suma que la proposición de ley también fue acordada con la dirección de Pablo Casado en el marco del acuerdo de renovación del Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo que se produjo en octubre de 2021.

El Gobierno, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ya había alejado la posibilidad de que se produzca un pacto con el PP para renovar los órganos constitucionales, al señalar que la Constitución y su cumplimiento "no se negocian".

La reforma socialista busca que el Ejecutivo y el CGPJ, aunque esté en funciones, puedan nombrar a los cuatro magistrados que dependen de ambos. Sin embargo, el organismo judicial ha aprobado este mismo lunes solicitar al Congreso de los Diputados que recabe su opinión y ha catalogado la propuesta de ley como "contradictora e incoherente".