Bruselas urge por tercera vez a España a desbloquear y reformar el CGPJ
- El informe anual sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea pide "controles" a los programas de espionaje como Pegasus
- Entre las recomendaciones a España, la Comisión Europa insta a crear un registro de lobbies y agilizar los juicios por corrupción
La Comisión Europea ha instado por tercera vez a España a desbloquear y reformar el Consejo General del Poder Judicial para reforzar su independencia, según ha expresado en el tercer informe anual sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea, en el que también llama a evitar que los mandatos del Fiscal General y del Gobierno coincidan en el tiempo.
Bruselas está "preocupada por el bloqueo" del órgano judicial español, según ha expresado la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de Valores y Transparencia, Vera Jourová, en un encuentro con periodistas que recoge Efe. Por ello, el texto juzga "prioritario" renovar a sus miembros y, a continuación, reformar su funcionamiento para que al menos la mitad de los jueces-miembros sean elegidos por sus pares, como establece la normativa europea y ya se indicó en los informes anteriores.
Corrupción, lobbies y Ley de Secretos Oficiales: otros temas pendientes
Entre las seis recomendaciones que el informe dedica a España, se considera necesario "abordar" la duración de las investigaciones y juicios, particularmente, para ser más eficaces en la tramitación de casos de corrupción de alto nivel.
"Los procedimientos siguen siendo largos y complejos", ha estimado el Ejecutivo europeo, aunque reconoce que se están llevando a cabo proyectos de ley para mejorar la eficiencia del sistema judicial y su digitalización. Además, "se está estudiando la adopción de un Plan Nacional Anticorrupción, que se espera contribuya a crear una política global para prevenir y reducir la corrupción".
Fuera del ámbito de la justicia, la Comisión insta a España a presentar una legislación sobre grupos de presión, que incluya la creación de un registro público obligatorio de los lobbies y sus reuniones; así como a garantizar los recursos de la autoridad reguladora de los medios de comunicación audiovisuales. "Siguen existiendo retos en relación con la transparencia de la propiedad de los medios escritos y la autonomía operativa y los recursos del regulador audiovisual", valora.
Finalmente, Bruselas anima al Gobierno a "seguir trabajando para reforzar el acceso a la información, en particular mediante la revisión de la Ley de Secretos Oficiales". También está pendiente en el parlamento, "la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que sigue suscitando preocupación, incluso por parte de la sociedad civil", agrega el texto.
"Controles suficientes" a Pegasus para garantizar los derechos europeos
El informe, publicado este miércoles, "exige" que los software de espionaje como Pegasus, "herramientas en manos de los servicios de seguridad nacionales", estén sometidos a un "control suficiente", según ha expuesto la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de Valores y Transparencia, Vera Jourová, en un encuentro con periodistas que recoge Efe.
De acuerdo con el informe, el objetivo de esos controles es conjugar la seguridad nacional con los derechos fundamentales, lo que incluye respetar "la protección de datos personales, la seguridad de los periodistas y la libertad de expresión". "El uso de medios de vigilancia en las investigaciones penales también tiene que respetar los derechos procesales, incluidos los derechos del acusado", expresa el texto de la Comisión Europea, consciente de que el "tema ha ido ganando importancia en el último año".
De hecho, el documento recoge cómo el uso de "Pegasus y otros programas de vigilancia espía equivalentes fue objeto de una investigación por parte del Defensor del Pueblo y de un procedimiento judicial" en España, y da cuenta de investigaciones también en Francia, donde las víctimas del espionaje han sido, en particular, periodistas.
"En Polonia, a pesar de las denuncias relacionadas con el uso de Pegasus y otros programas informáticos de vigilancia equivalentes, la fiscalía no inició ninguna investigación", apostilla. En Hungría, donde hubo también pesquisas al respecto, preocupa la "ausencia de supervisión judicial".