La Ley de Memoria Democrática sale adelante en el Congreso entre fuertes críticas de PP, Vox y Cs por el apoyo de Bildu
- El Gobierno defiende que la ley de memoria democrática protege a "todas" las víctimas y el PP replica: "Es excluyente"
- El Ejecutivo pretende que llegue al Senado este mes de julio y se pueda completar toda la tramitación parlamentaria en otoño
La ley de Memoria Democrática ha salido adelante este jueves gracias al polémico respaldo de Bildu, que ha provocado fuertes críticas de PP, Vox y Ciudadanos y ha centrado el debate de la norma en el Pleno del Congreso. Los socios de la coalición, PSOE y Unidas Podemos, han defendido que se trata de un proyecto de ley que protege a "todas" las víctimas, tanto de la guerra civil, la dictadura como "aquellas que lucharon durante la Transición"; mientras que desde la derecha han criticado que se trata de un texto "sectario y excluyente" y que lo derogarán en cuanto lleguen al Gobierno.
La norma ya fue avalada en la Comisión Constitucional con el respaldo de PSOE, Unidas Podemos, el PNV y Bildu frente al 'no' del PP, Vox y Ciudadanos. Entonces, Esquerra Republicana optó por la abstención porque los cambios le parecían insuficientes, y así se han posicionado también en la votación de este jueves. Con todo, el proyecto ha salido adelante con 173 votos a favor -PSOE, Unidas Podemos, PNV Bildu, PDeCAT, Más País y Compromís-, 159 en contra -PP, Vox, Ciudadanos, Junts y la CUP- y 14 abstenciones -ERC y el BNG- y pasa así al Senado para continuar su tramitación parlamentaria, que se prevé que se complete en otoño.
Esta ley, que supone una profundización en la Ley de Memoria Histórica de 2007, fue aprobada en Consejo de Ministros hace casi un año y tomada en consideración por el Congreso en octubre de 2021, pero dos meses después se metió en 'la nevera' al no ver el Gobierno suficientes apoyos para sacarla adelante. Fue el pasado mes de junio cuando el proyecto se sacó del cajón para reactivar la tramitación, una vez que PSOE y Unidas Podemos habían acercado posturas con otras formaciones minoritarias.
La más destacada fue con Bildu. El pasado 28 de junio, el Ejecutivo consiguió su apoyo tras pactar que se reconozcan a las víctimas de torturas hasta 1983, lo que podría afectar al caso de los GAL del gobierno de Felipe González, entre otras enmiendas. Además, introduce varios cambios: declara el sistema franquista ilegal, anulando sentencias de los tribunales en procesos políticos; crea un censo de víctimas y las exhumaciones serán responsabilidad del Estado; prevé resignificar el Valle de los Caídos, que pasará a llamarse Cuelgamuros; e incorpora sanciones de hasta 150.000 euros por destruir fosas, lugares de homenaje o por exaltación del franquismo.
Bolaños: "Es un acuerdo que va a hacer más digna nuestra democracia"
El ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido en la tribuna del Congreso el texto de la norma, que en su opinión "va a hacer más digna nuestra democracia y a nuestro país". Frente a las críticas de la oposición, ha señalado que la ley homenajea a "todas las víctimas de la guerra civil, de un bando y de otro" y "también a todas las víctimas de la dictadura". "El Gobierno está siempre con todas las víctimas, arropándolas", ha dicho, "y no tratando de utilizarlas", como a su juicio hace el PP.
Respecto a la iniciativa de extender el reconocimiento de las víctimas hasta 1983, el diputado del PSOE Valentín García Gómez ha defendido que la norma "ampara a los estudiantes y trabajadores que sufrieron represalias cuando luchaban por la consolidación de la democracia" y no "a las bandas terroristas, por más que se falte a la verdad".
En la misma línea, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que "la historia se reescribe también el día de hoy" con la aprobación de esta ley, que ha calificado como "un bálsamo reparador para España". "Le hace un país mejor", ha dicho. Díaz ha estado hablando unos momentos con la hija del histórico dirigente sindicalista Marcelino Camacho, Yenia Camacho, y con Víctor Díaz Cardiel, secretario general del Partido Comunista durante la Transición, que han acudido al Congreso para seguir el debate con "mucha emoción", según han comentado.
"Es una vergüenza que se escondan detrás de las víctimas del terrorismo para justificar los crímenes de la dictadura, o de los GAL o del batallón vasco español (...) Todas las víctimas son nuestras y deben ser reconocidos sus derechos", ha puntualizado el diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago, quien ha pedido a "la derecha" que "tenga un poco de generosidad con los millones de víctimas que provocó una dictadura que aún justifican".
PP: "Es sectaria y excluyente"
Para el PP, por su parte, este proyecto de ley es "sectario, excluyente y un ataque a la transición". "La memoria no admite calificativos. A ningún Gobierno le corresponde reabrir recuerdos dolorosos", ha reivindicado el diputado Jaime Mateu Istúriz, para después preguntar al Ejecutivo cómo tienen "la poca vergüenza" de "pactar con los herederos políticos de ETA". "El Gobierno se sienta atornillado al banco azul, aunque sea el de la indignidad", ha dicho, en opinión al acuerdo con Bildu. Y ha sentenciado que "o se está con las víctimas o contra ellas".
Precisamente este jueves, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha reunido con asociaciones de víctimas del terrorismo en el Congreso, una decisión que ha sido criticada por los socialistas al coincidir en fecha y lugar con la votación de la ley de Memoria Democrática. No han ido asociaciones como la del 11-M, que han pedido que no se utilice a las víctimas del terrorismo para frenar los derechos de otras víctimas; pero sí la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT). Ante ellas, Feijóo se ha comprometido a derogar la ley si gobierna.
Vox, sobre Puig Antich: "Fue ejecutado por matar a un policía"
También han prometido derogarla desde Vox. Su diputado Francisco José Contreras ha criticado que la norma "no contempla a las víctimas asesinadas por el frente popular en los años 30" y que el Gobierno "pretende suprimir la pluralidad mediante la imposición por decreto de un relato sectario".
Durante su intervención han abandonado el Hemiciclo los diputados de ERC, Bildu y Podemos después de que Contreras haya asegurado que Salvador Puig Antich, al que habían mencionado los republicanos en su discurso, "fue ejecutado no por ser anarquista sino por haber matado a un policía". Además, el diputado de Vox ha mostrado en la tribuna una foto de José Calvo Sotelo, ministro durante la dictadura de Primo de Rivera, para denunciar que "fue asesinado por policías socialistas" y que "no cuenta como víctima de esta ley".
“El peor PSOE apuñalando al mejor PSOE“
"El peor PSOE apuñalando al mejor PSOE", ha comentado el diputado de Ciudadanos Guillermo Gutiérrez, que ha puesto en duda que la ley proteja el recuerdo de aquellas personas que "murieron a manos del totalitarismo". "Depende. Si te mataron los franquistas, sí; si te mató ETA, no", ha señalado.
Los socios de Gobierno creen que es "necesaria"
Sobre este asunto, la diputada de EH Bildu Isabel Pozueta ha dicho que lo que le molesta a la derecha es que la ley "reconozca a las víctimas del franquismo" y, aunque ha destacado avances de la norma, opina que "sigue adoleciendo de una visión crítica del periodo de la Transición y años posteriores". "Aquella Transición ni fue modélica ni trajo la democracia para todos (...) La Transición no acabó con la herencia franquista ni terminó con la vulneración de derechos", ha asegurado.
La diputada de ERC Carolina Telechea ha anunciado en el debate la abstención de su grupo a la ley, ya que opina que "continúa quedándose muy lejos de una reparación justa a las víctimas y el reconocimiento de lo que fue una ignominia". Y ha avisado de que su abstención no es un "voto de confianza", sino de "señal y protesta", aunque reconoce que el texto actual es "mucho mejor" que el que aprobó el Consejo de Ministros.
También ha anunciado su abstención BNG, mientras que la CUP y Junts votarán en contra y a favor otros grupos el PNV, cuyo diputado Mikel Legarda ha dicho que es una ley "necesaria" que no consideran "revanchista". "Esta no es una ley ni una discusión sobre las víctimas de ETA, tengan la decencia de no instrumentalizarla. Es una ley para las víctimas de 40 años de dictadura", ha dicho el líder de Más País Íñigo Errejón.
A las críticas de los partidos de la oposición, se han unido otros políticos que formaron parte de la Transición, entre ellos, el propio expresidente socialista Felipe González, a causa del pacto entre el Gobierno y EH Bildu. Además, otros históricos del PSOE como el expresidente del Senado Juan José Laborda y el exministro de Sanidad y Defensa Julián García Vargas han firmado un manifiesto contra la ley, al considerar que "tergiversa" el "gran pacto constitucional" de 1978. Este jueves, Bolaños ha subrayado en una entrevista en TVE que algunos de ellos están retirando su firma del manifiesto tras leer la norma.
Mientras que asociaciones como Amnistía Internacional han considerado que la ley de Memoria Democrática no garantiza el acceso a la justicia de las víctimas al no incluir medidas que eliminen los obstáculos a la investigación judicial de los crímenes de derecho internacional cometidos en España. No obstante, la organización ha calificado de "mejora" sobre el texto inicial el establecimiento de una comisión estatal e independiente que contribuya al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la guerra y la dictadura.