El Frente Polisario asegura que desconocía "totalmente" el traslado de Gali a España en 2021

• Niega haber gestionado con las autoridades españolas la llegada de su líder a un hospital de Logroño
• La justicia archivó el caso en relación a la exministra González Laya y su jefe de gabinete

El líder del Frente Polisario, Brahim Gali, en una imagen de archivo.

El Frente Polisario ha negado haber gestionado con las autoridades españolas la presunta entrada ilegal en el país de su líder, Brahim Gali, para ser tratado de coronavirus agravado en el Hospital San Pedro de Logroño en abril de 2021.

En un escrito remitido el pasado 4 de julio por el representante de esta organización en España, Abdulah Arabi, al juez de Zaragoza que investiga la entrada de Gali a España a través de un vuelo que aterrizó el 18 de abril de 2021 en la base aérea de Zaragoza, el Polisario afirma que no tenían "conocimiento alguno de ese traslado", así como las razones por las que fue elegido el hospital riojano o las personas que acompañaban a su líder en el momento de su ingreso.

En el escrito, Arabi responde a cada una de las preguntas que le fueron formuladas por el titular de Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza con las mismas palabras: "desconocemos totalmente" o "no tuvimos conocimiento".

El Polisario afirma en el texto que ningún representante de la delegación del Polisario en España realizó gestiones con autoridades de este país para facilitar la entrada de Gali y descarta que las personas que presuntamente lo hicieron en nombre de su organización supieran que tenía causas pendientes en la Audiencia Nacional.

Además, niega conocer el domicilio en España del ciudadano saharaui Luali Brahim, hijo de Gali y miembro de la comitiva que acompañó al líder polisario en su entrada en el país con un pasaporte presuntamente falsificado a nombre de Mohamed Benbatouche. "Le informo que el mencionado ciudadano no forma parte de la Delegación Saharaui en España ni de la estructura del Frente Polisario en España y, por consiguiente, no sabemos dónde reside en España", asegura.

Un año de investigación

Las respuestas de Arabi se enmarcan en esta causa en la que el magistrado investiga, desde junio del pasado año, la entrada de Gali en España. El juez instructor, Rafael Lasala, ha acordado recientemente prorrogar seis meses la instrucción centrándose en el pasaporte falso que se utilizó para identificar al líder del Polisario a su llegada al hospital.

Según fuentes que cita EFE, una de las preguntas clave del cuestionario era determinar si las personas que gestionaron la entrada de Gali en el país informaron que este tenía asuntos pendientes con la justicia española que podrían motivar una orden de búsqueda y captura.

Han añadido que esta posibilidad hubiera invalidado el argumento utilizado por la Audiencia de Zaragoza a la hora de archivar el caso en relación a la exministra Arantxa González Laya y su exjefe de gabinete, Camilo Villarino, al entender los magistrados que la entrada de Gali en el país fue un "acto de gobierno" ajeno a un control judicial.

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Este fue el argumento principal esgrimido por el representante de la acusación popular, el letrado Antonio Urdiales, en su escrito de oposición a la petición tanto de la Abogacía del Estado como de la fiscalía, de archivo definitivo del procedimiento, sin necesidad de más pruebas.

Según Urdiales, si de las pruebas practicadas se determinara que las autoridades españoles conocían los requerimientos sobre Gali y que eso pudo motivar la decisión de ocultar su desplazamiento, el "acto político" que justificaría su aterrizaje en la base de Zaragoza sin exhibir pasaporte alguno quedaría desvirtuado, ante la obligación de las autoridades de informar de la presencia de personas requeridas en causas penales.

"¿Qué pasaría si apareciese el testigo Luali Brahim (hijo de Gali) y contase la verdad de lo sucedido? Pues que el sobreseimiento provisional acordado habría de levantarse, porque la verdad no está en que los investigados desconociesen las causas penales pendientes de Gali", añade el letrado.

A la vista de la reciente contestación del delegado del Polisario en España, el instructor deberá dirigirse a las partes para indagar si continúa o no con la instrucción del caso.

La noticia de que Ghali se encontraba en España provocó una crisis diplomática con Marruecos, que se saldó con la retirada de la embajadora de Rabat en Madrid y una ola migratoria en la frontera de Ceuta.

Las relaciones entre ambos países no se reanudaron hasta marzo de 2022, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez anunció un giro histórico en la postura de España sobre el Sáhara con el apoyo al plan marroquí para la autonomía de la excolonia española.