La exdiputada de la CUP Anna Gabriel comparece en el Supremo para regularizar su situación tras dos años huida

• El magistrado Llarena ha decidido dejarla en libertad y la citará próximamente a declarar
• Salió del país poco antes de ser procesada como presunta autora de un delito de desobediencia civil por el 'procés'

La exdiputada de la CUP Anna Gabriel participa en un acto político en Sallent, Barcelona, desde Suiza, en 2018

La exdiputada de la CUPque huyó a Suiza en 2018 poco antes de ser procesada por la declaración unilateral de independencia en el Parlamento de Cataluña, ha comparecido voluntariamente este martes en el Tribunal Supremo para regularizar su situación. El juez que instruye la causa, Pablo Llarena, ha decidido dejarla en libertad y la citará próximamente a declarar.

Investigada como presunta autora de un delito de desobediencia civil por su papel en el 'procés' en 2017, se ha personado ante el tribunal con un nuevo abogado, Iñigo Iruín Sanz.

No existía una orden internacional de detención contra ella, porque el delito no lleva aparejado pena de prisión, sino una multa de hasta doce meses y la inhabilitación pública de hasta dos años.

Declarada en rebeldía

En febrero de 2018, un mes antes de que fuera procesada, Gabriel huyó a Suiza. Al no presentarse ante el juez, se le declaró "en rebeldía" y se emitió una orden nacional de detención para que el Tribunal pudiera tomarle declaración, puesto que el procedimiento no podía continuar sin el interrogatorio, dos decisiones que el magistrado Llarena ha dejado ahora sin efecto.

El presunto delito que se imputa a Gabriel, diputada en el Parlament hasta su destitución en 2017 en aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, es el mismo al que se enfrenta Meritxell Serret, de ERC, quien huyó a Bruselas junto al expresidente Carles Puigdemont y regresó en 2021. Tras presentarse ante el Tribunal Supremo, Serret finalmente será juzgada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), por lo que Gabriel podría correr la misma suerte.

Del grupo de la CUP, Llarena procesó igualmente a Mireia Boya, juzgada también por el TSJC junto a otros miembros de la Mesa del Parlament durante el 'procés'. Boya fue la única absuelta porque no recibió ningún requerimiento directo del Tribunal Constitucional y, por su cargo, no podía impedir la tramitación de las leyes de desconexión, dos condiciones necesarias para el delito penal de desobediencia.

Estos dos precedentes son relevantes para el caso de Gabriel. Cuando la procesó en marzo de 2018, el juez Llarena reconocía que no fue "notificada o requerida para la observancia de los mandatos del Tribunal Constitucional", si bien consideró "evidente" que la "inconstitucionalidad del proceso" era "de notoriedad pública desde hace varios años, habiendo incluso determinado condenas anteriores por este mismo delito".