Dolores Delgado, la reputada fiscal que quedó marcada por la política

• Con más de 30 años de trayectoria en la Fiscalía, se convirtió en ministra de Justicia en 2018
• Tras ser nombrada como fiscal general del Estado en 2020, algunos sectores la acusaron de falta de independencia

Dolores Delgado (c) durante el acto de su toma de posesión como fiscal general del Estado en 2020

Con 30 años de trayectoria en la Fiscalía, buena parte de ellos en la Audiencia Nacional, la reputada carrera de Dolores Delgado cambió al dar el salto a la política y asumir la cartera de Justicia que le ofreció Pedro Sánchez en 2018, una etapa en la que quedó marcada por la sombra del excomisario Villarejo y de la que salió por la puerta grande como fiscal general del Estado.

Aquel nombramiento también estuvo marcado por la polémica, cuestionada por jueces, fiscales y por partidos políticos de la oposición. Ahora, más de dos años después, Delgado ha decidido decir adiós al cargo por motivos de salud, con problemas en la columna vertebral que la llevaron al quirófano hace tres meses.

En su lugar entra Álvaro García Ortiz, quien ha sido su mano derecha en los últimos años y que llegó a presidir la Unión Progresista de Fiscales (UPF), de la que ella también forma parte.

14 Horas - Dimite Dolores Delgado: dos años marcados por la polémica - Escuchar ahora

De su nombramiento como ministra al juicio del 'procés'

Delgado (Madrid, 1962) empezó su carrera fiscal en 1989 en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En su trayectoria destacan ser la fiscal del primer juicio en España por crímenes contra la humanidad sobre los crímenes cometidos en la dictadura argentina y colaborar con la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) en la investigación del 'caso Libia', sobre los crímenes ocurridos durante la llamada 'Primavera Árabe'.

Llegó en junio de 2018 al Ejecutivo de Pedro Sánchez como uno de sus flamantes fichajes independientes, pero en 19 meses como ministra de Justicia comprobó de primera mano la dureza de la política.

Aunque a sus espaldas traía una carrera dedicada a la Fiscalía, especializada primero en la lucha contra el narcotráfico y más tarde contra el terrorismo yihadista, pronto quedó marcada por la difusión de unos audios grabados por el excomisario José Villarejo durante una comida que compartió con el entonces juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, su actual pareja, y otros comisarios.

Y aunque se declaró víctima de una conspiración y el contenido de la grabación no tuvo ningún recorrido judicial, aquellos audios mancharon su imagen al revelar comentarios ofensivos contra compañeros de la Audiencia ("maricón", en el caso de Fernando Grande-Marlaska) y la convirtieron en la diana de la oposición.

A pesar de la presión de Podemos, Sánchez la mantuvo en el Gobierno, pero Delgado no pudo ver realizados sus principales proyectos, como la reforma integral de la ley de memoria histórica, reducida en su etapa a la exhumación de Franco, o una nueva tipificación de los delitos sexuales, que justo este martes se aprueba en el Senado.

El mandato del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) caducó con ella en el Ministerio y, a pesar del acoso público del PP, llegó a acariciar un acuerdo con el principal partido de la oposición que saltó por los aires por un mensaje del entonces portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que hablaba de controlar la Sala de lo Penal del Supremo por "detrás". Tres años y medio después, la renovación sigue bloqueada.

Delgado fue reprobada dos veces en el Congreso y una en el Senado a iniciativa del PP, fundamentalmente por la actuación de su departamento en el juicio del procés. Primero le acusó de no defender correctamente al juez Pablo Llarena ante la demanda que los independentistas presentaron contra él en Bélgica.

Más tarde, Delgado también fue duramente criticada por la oposición parlamentaria después de que la Abogacía del Estado acusara de sedición a los procesados por el 1-O, mientras la Fiscalía mantenía contra ellos el delito de rebelión. El alto tribunal acabó dando la razón a la Abogacía, condenando por sedición a los principales líderes políticos acusados.

Una llegada a la Fiscalía General del Estado cargada de polémica

No obstante, Sánchez volvió a confiar en ella y la situó en lugares destacados en las listas del PSOE en las elecciones generales celebradas en abril y en noviembre de 2019, pero el puesto que tenía reservado para ella ya no era en el Gobierno, sino al frente de la Fiscalía.

Si su etapa como ministra de Justicia estuvo rodeada de controversias, su llegada a la Fiscalía General del Estado en febrero de 2020 no fue menos polémica. La decisión del Gobierno despertó las críticas de buena parte de la carrera fiscal y judicial, que creían que su nombramiento ponían en tela de juicio la imagen de independencia de la Fiscalía al proceder directamente de la política.

Delgado, que llegó al cargo con el aval de un CGPJ dividido, defendió que no debía entenderse como "una debilidad" sino como "una fortaleza" y se comprometió a ajustarse "siempre al principio de legalidad, de imparcialidad y de transparencia".

Durante su etapa, la Fiscalía ha albergado sonadas investigaciones, como las tres diligencias abiertas al rey emérito –cerradas en marzo–, o la investigación en relación con la invasión de Ucrania que Delgado encomendó al fiscal jefe de la Audiencia Nacional.

También ha impulsado la investigación de las denuncias por abusos sexuales a menores cometidas por religiosos y recientemente encargó esclarecer las muertes de decenas de migrantes al intentar saltar la valla fronteriza de Melilla el pasado 24 de junio.

Delgado, que se definió como "una fiscal de trinchera", ha reconocido en el comunicado difundido este martes lo "difícil" de dar este paso, si bien subraya que "se han cumplido los objetivos del proyecto, en el que se han logrado hitos históricos para la carrera fiscal y la justicia española".

Críticas y peticiones de dimisión desde el sector judicial

Una labor que, sin embargo, se ha visto empañada por constantes críticas de una parte de la carrera, preocupada por que se abstuviese en los asuntos que afectaban al Gobierno y que lleva tiempo cuestionando su política de nombramientos -hace unas semanas más de cien fiscales le reprocharon el cese del fiscal adjunto de Menores-.

Como ocurrió en su etapa de ministra, Delgado ha tenido que enfrentarse a peticiones de dimisión de asociaciones como la Asociación de Fiscales (AF), conservadora y mayoritaria, por su actuación en la investigación (ya cerrada) de quien fuese fiscal del caso Villarejo, Ignacio Stampa, que acabó quedándose fuera de Anticorrupción.