Las víctimas del Alvia exigen luz y justicia nueve años después del accidente
- Reclaman una nueva investigación técnica independiente para determinar responsabilidades
- El juicio penal arrancará en octubre con el maquinista y un exdirector de seguridad de Adif como imputados
Familiares y víctimas del accidente del tren Alvia que el 24 de julio de 2013 descarriló en el barrio compostelano de Angrois se han concentrado este domingo en la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela para volver a exigir "luz, verdad y justicia".
La manifestación, convocada por la Asociación Plataforma Víctimas del Alvia 04155, ha partido alrededor de las 12,00 horas de la estación de ferrocarril de la capital gallega y ha contado con la presencia de los parlamentarios nacional y europea del BNG Néstor Rego y Ana Miranda, quien ha avanzado que el próximo año, con motivo del décimo aniversario de "la tragedia ferroviaria más importante de Europa de los últimos 25 años" se celebrará en el Parlamento Europeo una conferencia sobre la seguridad ferroviaria europea "donde las víctimas de Angrois serán protagonistas".
Uno de los miembros de la asociación, Juan Sierra -que perdió en esa tragedia ferroviaria a su hermano Manuel- ha leído un manifiesto en el que, con la vista puesta en el juicio penal cuyo comienzo está previsto para octubre, los afectados subrayan que "el año que viene tendremos una sentencia, pero no sabemos si justicia". "Algunas víctimas y familiares han fallecido a lo largo de estos años. Para ellos nunca habrá justicia", ha sido el mensaje más potente.
Las familias de las que ya no están reclaman, al margen del proceso judicial, una nueva investigación técnica independiente, la misma exigida por la Unión Europea.
"Descarrilamiento político"
En cuanto al descarrilamiento 'político', recuerdan que en 2016 la Unión Europea concluyó en su informe que el Gobierno "no cumplió con la obligación de investigar por la falta de independencia y por no analizar las causas que precisamente afectan a Fomento, Renfe y Adif".
A esto se suma, añaden, la confirmación por parte de Bruselas la semana pasada de que sigue abierto el procedimiento de infracción a España por incumplir la normativa de seguridad -"deficiencias en los análisis de riesgos e investigaciones"-.
Los afectados por el accidente señalan directamente a los exministros de Fomento, el socialista José Blanco, y la popular Ana Pastor: al primero lo acusan de haber publicitado que "la nueva línea de alta velocidad contaba con los sistemas de seguridad que hubieran evitado la tragedia".
En esta línea, afean la conducta pública de "tratar por todos los medios de echar la culpa al último eslabón de la cadena, el maquinista", "contaminando a la opinión pública".
Por último, critican también la actitud de presidentes de Gobierno y Xunta hacia las víctimas, asegurando que pese a haber solicitado en reiteradas ocasiones una reunión con Mariano Rajoy y Pedro Sánchez y Núñez Feijóo, sin recibir ninguna respuesta.
Un total de 80 personas murieron y 140 resultaron heridas en el accidente. Los únicos imputados en la causa son el maquinista, Francisco José Garzón Amo, y un exdirector de seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortabitarte.