Gobierno y Generalitat acuerdan "superar la judicialización" del conflicto y "proteger e impulsar" la lengua catalana

• El pacto de la mesa incluye "renunciar a acciones que saquen la política fuera de las reglas de juego democrático"
• Se comprometen además a impulsar el uso del catalán en el Senado y el Parlamento Europeo

Gobierno y Generalitat acuerdan "superar la judicialización" del conflicto y reforzar el uso del catalán

La mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat de Cataluña, reunida este miércoles en Moncloa, ha llegado a dos acuerdos para "superar la judicialización" del conflicto y para "proteger e impulsar" la lengua catalana. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que ha encabezado la delegación del Ejecutivo central, ha detallado que este acuerdo para evitar la "judicialización" incluye "solventar los conflictos que puedan surgir a través de acuerdos" y "renunciar a acciones que saquen la política fuera de las reglas del juego democrático".

En una rueda de prensa tras el encuentro, Bolaños ha incidido en que esta mesa supone "un paso adelante más" hacia el diálogo, donde se "recogen los frutos" de las reuniones previas. "Hoy abandonamos los monólogos y abrazamos el diálogo como forma de hacer política", ha reivindicado.

En el primer punto, el de la desjudicialización de la política, las dos partes han acordado que la actividad política "debe llevarse a cabo dentro del ordenamiento democrático vigente". Las eventuales mejoras del marco normativo "deben venir del diálogo y de los mecanismos de reforma ya establecidos", y las partes se comprometen renunciar a "acciones que saquen la política fuera de las reglas del juego democrático".

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Los acuerdos han de ser "representativos de mayorías amplias y transversales de la sociedad catalana". Estas mayorías deben superar los "bloques que parecían irreconciliables". "Nunca más el enfrentamiento estéril entre una parte de Cataluña que trata de imponer a otra sus postulados", ha señalado el ministro de Presidencia.

El último punto del acuerdo hace referencia a que "las instituciones públicas han de preservar en todo momento el interés general y adoptar las máximas garantías, especialmente cuando sus actuaciones afecten al patrimonio y a la situación de personas".

La reforma del delito de sedición, todavía lejos

Por su parte, la consejera de Presidencia catalana, Laura Vilagrà, al frente de la delegación de la Generalitat, ha celebrado haber alcanzado unos "primeros acuerdos, aunque parciales, para avanzar definitivamente en la superación de la judicialización", lo que ha considerado "un paso previo pero imprevisible para hacer frente a la resolución del conflicto político de fondo". Aun así, ha recalcado que este conflicto estará lejos de resolverse definitivamente "hasta que la ciudadanía no pueda votar su futuro político en libertad".

El acuerdo incluye el "reconocimiento de que la vía de la judicialización ha agudizado el conflicto político". Los dos gobiernos se han comprometido a "impulsar las reformas legislativas que hagan falta antes que acabe el año para hacer efectiva el fin de la judicialización y sus conflictos".

No ha concretado si una de esas reformas incluye la del delito de sedición, una de las reclamaciones del independentismo. Ha asegurado que la propuesta para reformar este delito "está sobre la mesa", y permitiría "la armonización penal con las democracias europeas". Bolaños ha asegurado que esta posibilidad no se ha abordado en esta reunión. Se ha mostrado dispuesto a "armonizar la legislación española con las mejores legislaciones de la Unión Europea", pero ha recordado que para ello es necesaria "una mayoría parlamentaria que en este momento no existe".

Revisión del uso del catalán en el Senado y en el Parlamento Europeo

Respecto al impulso y la protección del catalán, el acuerdo incluye fortalecer esta lengua en la educación para que todos los alumnos finalicen su etapa escolar con un dominio oral y escrito pleno del catalán y el castellano. Reconoce la autonomía de cada centro educativo para "reforzar una u otra lengua en función de cuál sea su realidad social y lingüística".

La política lingüística debe estar "sujeta a controles y a la ley". Para Bolaños, la ley lingüística aprobada en junio en el Parlament con el apoyo de ERC, Junts, PSC y los comunes, que reafirma el catalán como lengua vehicular y el castellano como curricular es "un buen ejemplo de esos acuerdos transversales y amplios" y está "perfectamente adecuada a la Constitución".

Se va a incorporar la "realidad lingüística a los proyectos legislativos, recabando la asistencia de universidades de Cataluña". También se buscará "garantizar el derecho de todos los ciudadanos a ser atendidos en la lengua oficial de su elección, especialmente en las comunicaciones orales y escritas con la administración".

El pacto incluye revisar el reglamento del Senado en cuanto al uso del catalán y otras lenguas para "ampliar el derecho de los representantes de la ciudadanía a realizar su labor en todas las lenguas cooficiales". Además, el Gobierno solicitará al Parlamento Europeo la consideración del catalán como lengua de uso en el pleno y garantizará el derecho de petición en catalán.

También facilitará la presencia de representantes de la Generalitat en la delegación española en todos los foros internacionales donde se traten políticas con una dimensión linguística. Este acuerdo es "plenamente extensible al euskera, al gallego" y a todas las lenguas cooficiales, si así lo solicitan los gobiernos de las comunidades donde se hablen.

Reunión sin Junts

La reunión, que ha durado una hora y 45 minutos, ha contado con cuatro representantes de cada delegación. Por parte de la Generalitat todos ellos son de ERC, debido a que JuntsXCat, su socio en el Govern, ha mostrado su oposición a contactos. El secretario general del partido, Jordi Turull, ha catalogado la mesa de "un grupo de WhatsApp" que "sirve para quedar". Además, ha hecho un llamamiento a no dejarse llevar por "cantos de sirena envenenados". Antes de su comparecencia ante la prensa, Vilagrà ha informado a su socio de Junts de los acuerdos y ha señalado que esa formación "tiene las puertas abiertas a la mesa de negociación y diálogo".

Es la tercera reunión que se estrenó en febrero de 2020, en Madrid, y se reunió por última vez el pasado septiembre en el Palau de la Generalitat. Este espacio de diálogo estaba paralizado desde que estalló el escándalo del espionaje de Pegasus. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès dio por congelada la mesa en abril hasta que no se produjera "una asunción de responsabilidades" por parte del Gobierno.

La relación entre las partes llega deteriorada por este caso de espionaje contra varios expresidentes de la Generalitat y por la causa judicial contra la presidenta del Parlament, Laura Borràs, de Junts. El martes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acordó enviar a juicio a la también presidenta del partido por delitos de prevaricación y falsedad documental.

Además de Bolaños, han participado también en la reunión por parte del Gobierno la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta.

Por su parte, en representación del Govern de la Generalitat de Cataluña ha acudido, además de Vilagrà, los consellers de Empresa i Treball, Roger Torrent, Interior, Joan Ignasi Elena, y Cultura, Natàlia Garriga.