Canarias asumirá a partir del 1 de enero las competencias en Costas

• En Canarias son más de 100.000 personas las que viven en casas sobre las que pesa una amenaza de derribo
• Esperan que con las transferencias pueda solucionarse la situación de muchas de ellas

Canarias asumirá a partir del 1 de enero las competencias en Costas

Canarias tendrá a partir del 1 de enero de 2023 las competencias en materia de Costas, en los mismos términos en los que fueron transferidas a Cataluña y Andalucía. Este traspaso puede calificarse de “histórico”, tras una dilatada reivindicación por parte de las islas que ha necesitado una ardua negociación con el Estado.

A partir de enero, Canarias dispondrá de competencias, entre otras materias, de autorizaciones de dominio público, de las zonas de servidumbre o de concesiones demaniales (aprovechamiento privativo de un bien o derecho de dominio público manteniendo su titularidad), así como en obras y actuaciones en el litoral de Canarias.

1.500 kilómetros de costas

Canarias tiene 1.500 kilómetros de costa. La isla con más litoral es Fuerteventura con 240 kilómetros, y la que menos La Gomera con 76. Y en muchos de esos kilómetros de costa se han levantado viviendas que ocupan el deslinde marítimo terrestre.

Ojos de Garza en Gran Canaria, Valle Gran Rey en La Gomera, El Golfo en Lanzarote, Playa del Callao en Tenerife o Fuencaliente en La Palma, todas estas zonas cuentan con asentamientos a pie de costa que son considerados ilegales. Según la Plataforma que defiende a los afectados por la Ley de Costas, en Canarias son más de 100.000 personas las que viven en casas sobre las que pesa una amenaza de derribo. Algo por lo que la Plataforma ha venido luchando con el Ministerio durante décadas. Ahora, dicen, con las competencias de Costas transferidas a la Comunidad Autónoma, su situación podría cambiar.

Todas no podrán ser legalizadas

José Luis Langa, de la Plataform de afectados confía en que en septiembre “nos empecemos a reunir con los técnicos. Porque ahí tienen que estar los técnicos, tienen que estar los juristas y todos los representantes de las fuerzas sociales."

“¿Hace un año que se han puesto estas casetas? Pues no“

El propósito es lograr que se desafecten la mayoría de viviendas amenazadas por la Ley de Costas. Si bien reconocen que no podrán ser todas las que quieran porque hay que ir a los más de sesenta municipios afectados con costa y viviendas afectadas e ir investigando desde cuando están instaladas “¿Hace un año que se han puesto estas casetas? Pues no."

Por el momento, es sólo el deseo de una de las partes, los afectados. Para saber con exactitud lo que pasará con estas viviendas que invaden el deslinde de Costas, habrá que esperar a ver que dice el Gobierno de Canarias.