El Gobierno fija un mínimo de 50 años para guardar "altos secretos" de Estado según la nueva ley

• El Gobierno ha llevado al Consejo de Ministros de este lunes la nueva ley de secretos oficiales que derogará la de 1968
• El texto establece cuatro categorías para desclasificar la información, con un horizonte entre cuatro y 50 años
• Fija una Autoridad Nacional, encargada de proponer la desclasificación, que recaerá en el Ministerio de Presidencia

El Gobierno fija un mínimo de 50 años para guardar "altos secretos" de Estado

El Consejo de Ministros ha tramitado este lunes el anteproyecto de la Ley de Secretos Oficiales, que deroga la vigente de 1968, y fija la desclasificación de documentos en un horizonte de entre cuatro y 50 años. Además, otorga la responsabilidad de la información clasificada al Ministerio de la Presidencia.

El objetivo es adaptar la regulación española en el tratamiento de la información clasificada al ordenamiento constitucional y a los estándares que se manejan en el seno de la Unión Europea y la OTAN.

Uno de los elementos principales de la medida es fijar qué es o no materia clasificada, ya que la legislación vigente es muy ambigua en ese sentido, pues establece que la materia clasificada son "los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado". Además, solo establece dos categorías de clasificación: secreto y reservado.

La aprobación del anteproyecto se ha realizado en la última reunión del Consejo antes del paréntesis veraniego, que se ha celebrado por la tarde para que pudiera presidirla el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, al regreso de su gira por los Balcanes Occidentales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya anunció en mayo, durante su comparecencia en el Congreso por el escándalo de espionaje mediante el sistema Pegasus, su intención de poner en marcha una nueva norma en esta materia, que derogue el texto anterior, de época franquista, por lo que la nueva ley es la primera que se hace "con estándares democráticos", han resaltado fuentes de Moncloa a RTVE.

Cuatro categorías para desclasificar la información

En la nueva normativa, se establecen cuatro categorías en función de la sensibilidad de la información y en base a las normas comunes a otros países de nuestro entorno: alto secreto, secreto, confidencial y restringido.

En función de la categoría, los plazos para la desclasificación oscilan entre los 50 años para los altos secretos (la información que se considerará más sensible) y los cuatro años para la información restringida, aunque ese periodo podrá prorrogarse en algunos casos. Actualmente, no existe plazo límite alguno para la desclasificación de la información de carácter reservado.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Bolaños ha explicado que el alto secreto se fijará en 50 años y "podrá ser prorrogable 15 años más", la información considerada como secreto podrá estar clasificada durante 40 años y se puede prorrogar 10 años más. Los documentos confidenciales no serán desclasificados hasta los siete años y los restringidos hasta los cuatro.

La nueva medida también permitirá que los diputados que forman parte de la comisión de secretos oficiales del Congreso puedan acceder a la información si se desclasifica. Además, el titular de Presidencia ha asegurado que "cualquier persona afectada podrá acceder a esta información" y si se le niega el permiso podrá recurrir la decisión al Tribunal Supremo.

La ley también establece una Autoridad Nacional para la protección de la información clasificada, con competencias de garantía en el cumplimiento de la normativa, de coordinación y soporte de las unidades de cada ministerio y de relación con las autoridades internacionales en la materia.

Hasta la tramitación definitiva del texto, el material clasificado seguirá de tal forma y solo se cambiará si la autoridad competente decide su desclasificación o si un afectado lo solicita.

Las competencias pasan de Defensa a Presidencia

Hasta ahora era Defensa la autoridad responsable de la información clasificada en España, pero el anteproyecto otorga ahora esta competencia al Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, a cuyo frente está ahora Félix Bolaños.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha negado que haya un conflicto de competencias dentro del Gobierno y ha asegurado que su Ministerio está "absolutamente satisfecho" con el texto. En una entrevista en La Sexta, ha recordado que ella misma es "coproponente de esta ley para que haya una norma que responda al siglo XXI".

La Autoridad será la encargada de proponer la desclasificación de un documento y el Consejo de Ministros decidirá, en función de la sensibilidad de la información.

Unidas Podemos discrepa del plazo de 50 años

El Gobierno confía en que no habrá muchos obstáculos para la tramitación de esta ley, cuya propuesta de reforma ya fue presentada en 2016 por el PNV. Después de que el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, volviera a plantear la necesidad de esa ley en el pasado debate sobre el estado de la nación, Sánchez, en su contestación al dirigente vasco, avanzó que el anteproyecto de la nueva ley de secretos oficiales se aprobaría durante el mes de julio.

Previamente, el jefe del Gobierno ya se había anunciado que habría una nueva normativa el 26 de mayo, cuando también dio a conocer su plan de reformar la ley del control judicial del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tras la crisis surgida por el caso de espionaje político mediante el sistema Pegasus a dirigentes independentistas catalanes. Sánchez ya señaló entonces que el objetivo de la nueva ley es adecuar al ordenamiento jurídico la desclasificación de documentos confidenciales y adaptarla a los estándares internacionales.

Al tratarse de una ley que afecta a la seguridad nacional, priorizará conseguir los votos del PP, aunque el portavoz del partido, Juan Bravo, ha criticado que el Ejecutivo no haya contactado con ellos.

Por su parte,Unidas Podemos ha mostrado sus discrepancias con el plazo de 50 años para desclasificar los documentos más sensibles. Desde la formación han señalado que tratarán de negociar cambios con el PSOE de aquí a que el texto pase en segunda vuelta por el Consejo de Ministros, pero en caso de no lograr estos cambios se plantean no apoyar la iniciativa en trámite parlamentario.

Los nacionalistas vascos, principales impulsores de esta reforma, consideran que la medida del Gobierno llega "muy tarde" y es "decepcionante", según han señalado en Twitter. Más Madrid, otro socio habitual del Ejecutivo, se ha expresado con las mismas palabras. Según el líder del partido, Íñigo Errejón, el anteproyecto de ley "es decepcionante y sigue tratando a los españoles como menores de edad".

En este contexto, Bolaños ha asegurado que el Gobierno respeta las diversas opiniones de las formaciones políticas y ha señalado que "estudiaremos las propuestas" de los diferentes grupos para mejorarla. Ha recalcado también la importancia de la aprobación de esta medida que "busca la regeneración democrática superando una ley franquista".

El Consejo aprueba las medidas de ahorro energético

El Consejo de Ministros de este lunes ha probado también un paquete de medidas urgentes para la eficiencia y el ahorro energético, como anunció el viernes en rueda de prensa el presidente del Gobierno.

El decreto extiende a los transportes públicos, centros de trabajo, comercios y negocios de cara al público las normas de temperatura que ya se aplican en los organismos de la Administración, por las cuales el aire acondicionado en verano no podrá bajar de 27 grados y la calefacción en invierno no podrá superar los 19.

El Gobierno aprobará este lunes un decreto de ahorro energético

También está prevista la aprobación de un Real Decreto de medidas para coordinar la lucha contra el fuego, así como el nombramiento de Álvaro García Ortiz como nuevo fiscal general del Estado, en sustitución de Dolores Delgado, quien renunció a su cargo el pasado 19 de julio.