El camino hacia la digitalización de la Administración española: avances, retrocesos y objetivos pendientes

• En 2021, un 68% de los mayores de 15 años asegura haber empleado alguna herramienta pública
• Con datos hasta julio de 2022, España se posiciona como el séptimo país europeo en competitividad digital

DatosRTVE ahonda en los avances, retrocesos y objetivos pendientes de este proceso.

La digitalización en España es un proceso en marcha desde hace años que la pandemia del coronavirus ha acelerado. Los distintos avances tecnológicos han potenciado que cada vez más trámites abandonen el plano físico para mudarse al digital. El reto ahora es que tanto los ciudadanos como las instituciones se adapten a este nuevo paradigma.

Con el proyecto España Digital 2026 –la actualización de la Agenda Digital 2025 que la vicepresidenta primera y ministra de Asunto Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, presentó a principios de julio–, el Gobierno pretende impulsar proyectos en línea con ese objetivo, fomentando la colaboración público-privada y la cogobernanza con las comunidades autónomas. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ya recoge ayudas de hasta un millón de euros para proyectos que incorporen el metaverso y la Web3.

De la identificación digital a la reutilización de datos

Casi a diario, la población española ‘dialoga’ con la Administración de manera digital, ya sea de forma periódica –como en el caso de la Declaración de la Renta– o puntual –solicitar una ayuda–. En 2021, un 68% de los mayores de 15 años asegura haber empleado alguna herramienta pública, según el último estudio de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

En la mayoría de los casos son necesarios servicios como Cl@ve Digital, el certificado digital o el DNI electrónico. En términos de uso, los hombres los emplean algo más que las mujeres -un 78% frente a un 77%, respectivamente-, pero las principales diferencias se perciben en la edad de quienes los manejan: se pasa de un 87% entre los más jóvenes a un 60% en los mayores de 65 años.

Con el reto de no dejar atrás a los colectivos más vulnerables, como las personas mayores, las instituciones avanzan lentamente en su transformación digital. El último informe de Administración Electrónica en las CCAA –publicado a finales de 2021 con datos hasta 2020–, refleja que gran parte de las regiones españolas, el 84%, tiene un plan de transformación digital o similar, y diez cuentan con un responsable para llevarlo a cabo. Solo Andalucía y Baleares no habían planteado hasta entonces desarrollar una estrategia sobre este asunto.

En cuanto al grado de gestiones que se pueden hacer a través de canales digitales, diez regiones se sitúan en un nivel “muy alto” y seis en “alto”. Solos dos, Baleares y Extremadura, ofrecen un porcentaje “bajo” de trámites.

La mayor parte de los futuros proyectos de transformación digital de las comunidades se centra en no pedir datos usados previamente, reforzar la seguridad y establecer el canal digital como el predeterminado. Sin embargo, quedan en segundo plano iniciativas como que cualquier ciudadano de la UE no nacional pueda beneficiarse de los servicios digitales españoles. Solo Castilla-La Mancha, Navarra y Melilla permiten esto al 100%. Por temáticas, el ámbito sanitario es el que menor dimensión transfronteriza contempla.

Pero, ¿cuáles fueron los organismos públicos que más procedimientos gestionaron a través de las distintas comunidades a lo largo de 2020? Destacan el Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) y el Instituto Nacional de Estadística (INE), con más de 20 millones de transmisiones entre las tres entidades.

Al menos 50.000 millones para invertir en transformación digital

En este contexto, el rumbo de España Digital 2026 se asienta en torno a diez ejes estratégicos, articulados en más de 40 medidas. Entre ellos destacan el refuerzo de las competencias cibernéticas, el impulso de la digitalización de la administración pública y la garantía de que la ciudadanía cuente con derechos para disfrutar de los entornos online.

De todos, el área más avanzada es la centrada en derechos digitales, que supera el 80%. Mientras, las transformaciones empresariales y los proyectos tractores de digitalización sectorial –que buscan modificar el modelo productivo de la agricultura o la energía para reducir sus niveles de CO2– son los más atrasados.

Para llevar adelante esta agenda inicial, el Gobierno ha invertido en torno a 20.000 millones de euros para el período 2021-2023, una financiación obtenida gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

A estos pilares se unen dos nuevos. Por una parte, los PERTE o Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, que buscan la colaboración público-privada con un presupuesto de unos 30.000 millones. Por otra, Retech, las Redes Territoriales de Especialización Tecnológica, que buscan poner en marcha “proyectos estratégicos regionales orientados a la transformación y especialización digital”.

España, séptimo país europeoa en competitividad digital

Los indicadores apuntan a que España es el séptimo país en competitividad digital, por encima de la media de la Unión Europea. Con datos hasta julio de 2022, el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI), dependiente de la Comisión Europea, revela que nuestro país avanza dos posiciones respecto a 2021 y destaca un año más en el área de servicios públicos digitales, que evalúa las ayudas que se ofrecen desde la administración a la ciudadanía y a las empresas.

Pese a estos avances, buena parte de la sociedad continúa desconectada y sin un acceso adecuado a Internet. En España, dos millones de personas, un 6% de la población, adolecen de esta situación, como avala la información del INE y de la Comisión Europea. El porcentaje es más alto en otros puntos de Europa, según Eurostat, sobre todo al este, como Bosnia, Bulgaria y Grecia. Pese a ello, aún estamos lejos de Noruega, Islandia e Irlanda, donde toda la sociedad está ‘en línea’.

Sí es cierto que ha habido una evolución en los últimos años, como atestigua el siguiente gráfico. Son llamativos los progresos de Turquía, Rumanía, Bulgaria o Grecia, que han permitido que cuatro de cada cinco personas puedan entrar en Internet.