Asalto al Capitolio, fraudes y cuentas: las causas judiciales a las que se enfrenta Donald Trump

• El expresidente de EE.UU. asegura que el FBI ha allanado su propiedad en Palm Beach, en el sureste de Florida
• Entre las investigaciones y demandas que enfrenta el exlíder están sus intentos de convencer de un supuesto amaño electoral

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que agentes del FBI habían allanado su propiedad de Mar-a-Lago en Palm Beach, en el sureste de Florida. Sin embargo, por el momento, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no se han pronunciado al ser preguntados por Reuters sobre las afirmaciones del exmandatario.

Aunque el enfoque de la investigación no se ha expuesto de manera clara, a continuación exponemos algunas de las investigaciones y demandas que enfrenta el expresidente.

Registros nacionales faltantes

La Administración Nacional de Archivos y Registros de EE. UU. notificó en febrero al Congreso que había recuperado unas 15 cajas de documentos de la Casa Blanca de la casa de Trump en Florida, algunas de las cuales contenían materiales clasificados.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE. UU. en ese momento dijo que estaba ampliando una investigación sobre las acciones de Trump y pidió a los Archivos que entregaran información adicional. Trump había confirmado previamente que había accedido a devolver ciertos registros a los Archivos, calificándolo como "un proceso ordinario y de rutina".

El FBI registra la residencia de Trump en Florida

El asalto al Capitolio del 6 de enero

Un panel del Congreso que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 por partidarios de Trump está trabajando para construir un caso que demuestre que el expresidente violó la ley al tratar de anular su derrota electoral de 2020.

La vicepresidenta Liz Cheney ha dicho que el comité podría hacer múltiples remisiones al Departamento de Justicia en busca de cargos penales contra Trump, quien acusa al panel de llevar a cabo una investigación falsa.

En una presentación judicial el pasado 2 de marzo, el comité detalló los esfuerzos de Trump para persuadir al entonces vicepresidente, Mike Pence, para que rechazara las listas de electores del demócrata Joe Biden, que acabó ganando las elecciones, o retrasara el conteo de esos votos en el Congreso.

Los esfuerzos de Trump probablemente violaron una ley federal que hace ilegal obstruir "corruptamente" cualquier procedimiento oficial, o intentar hacerlo, según informó el juez federal de California que supervisa el caso, David Carter.

En la presentación del 2 de marzo, el comité alegó que era probable que Trump y otros hubieran conspirado para defraudar a los Estados Unidos. Esa ley tipifica como delito cualquier esfuerzo de dos o más personas para interferir en las funciones gubernamentales "mediante engaño, astucia o artimañas".

Además de los esfuerzos de Trump para presionar a Pence, el comité citó sus intentos de convencer a los funcionarios electorales estatales, al público y a los miembros del Congreso de que las elecciones de 2020 fueron robadas, a pesar de que varios aliados le habían dicho que no había pruebas de fraude.

La comisión no puede acusar a Trump de delitos federales, ya que esa decisión debe tomarla el Departamento de Justicia, dirigido por el fiscal general Merrick Garland. Si ese Departamento presenta cargos, el principal reto de los fiscales será demostrar que Trump actuó con intención corrupta, según los expertos.

Trump podría defenderse argumentando que creía sinceramente que había ganado las elecciones y que sus bien documentados esfuerzos para presionar a Pence y a los funcionarios electorales estatales no tenían como objetivo obstruir al Congreso o defraudar a Estados Unidos, sino proteger la integridad de las elecciones.

Trump también podría ser acusado de "conspiración sediciosa", un estatuto raramente utilizado que hace ilegal derrocar al gobierno de Estados Unidos por la fuerza. Para probarlo, los fiscales tendrían que demostrar que Trump conspiró con otros para usar la fuerza, tal y como ha explicado a Reuters la profesora de derecho en la Universidad de Michigan y ex fiscal federal, Barbara McQuade. Varios participantes en el asalto al Capitolio del 6 de enero han sido acusados de este delito.

Fraude electrónico

En una audiencia de junio del comité, los demócratas dijeron que Trump, un republicano, recaudó unos 250 millones de dólares de sus partidarios para avanzar en las reclamaciones fraudulentas en la corte que ganó la elección, aunque dirigió una gran cantidad del dinero a otra parte.

Esto plantea la posibilidad de que el expresidente pueda ser acusado de fraude electrónico, que prohíbe obtener dinero con "pretextos falsos o fraudulentos", según expertos legales.

Investigación por manipulación electoral en Georgia

Un gran jurado especial fue seleccionado en mayo para considerar las pruebas en la investigación de un fiscal de Georgia sobre los presuntos esfuerzos de Trump para influir en los resultados de las elecciones del estado en 2020.

La investigación se centra, en parte, en una llamada telefónica realizada por Trump al secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, el 2 de enero de 2021. En ella, Trump le pide que "encuentre" los votos necesarios para anular su derrota electoral, según una grabación de audio obtenida por The Washington Post.

Varios expertos legales afirman que Trump podría haber violado al menos tres leyes electorales penales de Georgia: conspiración para cometer fraude electoral, solicitud criminal para cometer fraude electoral e interferencia intencional en el desempeño de las funciones electorales. El expresidente, sin embargo, podría argumentar que estaba participando conforme a la libertad de expresión y que no tenía la intención de influir en las elecciones.

Investigación penal en Nueva York

Alvin Bragg, el fiscal del distrito de Manhattan, ha estado investigando si la empresa inmobiliaria de la familia de Trump falseó los valores de sus propiedades para obtener préstamos bancarios favorables y reducir las facturas de impuestos.

Dos abogados de alto nivel que habían estado dirigiendo la investigación renunciaron en febrero, poniendo en duda el futuro de la investigación, pero la oficina de Bragg ha asegurado que sigue en curso. Trump ha negado haber actuado mal y defiende que la investigación tiene una motivación política. Bragg es demócrata.

¿Su carrera presidencial le impide ser procesado?

La respuesta es no. Mientras que el Departamento de Justicia tiene una política de décadas de antigüedad según la cual un presidente en funciones no puede ser acusado, no existe esa protección para los candidatos presidenciales. No obstante, procesar a un candidato podría tener implicaciones políticas, según el profesor de derecho de la Universidad Estatal de Michigan, dijo Brian Kalt.

"No conozco ninguna razón constitucional por la que un candidato presidencial tenga algún tipo de inmunidad penal", ha afirmado el profesor.

Investigación civil de la fiscal general de Nueva York

La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, está llevando a cabo una investigación civil en la que se examina si la Organización Trump ha inflado valores inmobiliarios. Trump y dos de sus hijos adultos, Donald Trump Jr. e Ivanka Trump, aceptaron testificar en la investigación a partir del 15 de julio.

Trump, por su parte, ha negado haber actuado mal y ha alegado que la investigación tiene una motivación política. James es demócrata.

El caso de difamación de E. Jean Carroll

La exescritora de la revista Elle, E. Jean Carroll, demandó a Trump por difamación en 2019 después de que el entonces presidente negara su acusación de que la había violado en los años 90 en unos grandes almacenes de Nueva York. Él la acusó de mentir para conseguir ventas para un libro.

El Tribunal de Apelaciones del 2º Circuito de Estados Unidos, con sede en Manhattan, está a punto de decidir si la demanda de Carroll debe ser desestimada. Un abogado de Trump ha argumentado que está protegido por una ley federal que hace que los empleados del gobierno sean inmunes a las demandas por difamación.