La ley Rider cumple un año entre amenazas de incumplimiento y frentes judiciales

• Los repartidores siguen divididos entre los que quieren ser asalariados y los que prefieren ser autónomos
• Uber Eats ha anunciado que volverá a tener riders autónomos ante la competencia desleal de su rival
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Un repartidor montado consulta el móvil en Málaga

Hace un año entraba en vigor la ley Rider, una normativa que obligó a las plataformas digitales de envío a domicilio a contratar a sus repartidores como asalariados. Sin embargo, su aprobación no convenció a todos y motivó desde choques judiciales a amenazas de regresar a un modelo de negocio incompatible con los derechos laborales.

Así, mientras el Ministerio de Trabajo y los sindicatos mayoritarios hacen un buen balance de la norma un año después, no ha resultado tan efectiva como se esperaba a ojos de los riders, que divididos aún entre la voluntad de ser asalariados o autónomos ven como la ley se ha aplicado de manera desigual entre competidores, con los consecuentes efectos en el mercado y en el trabajo.

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Varias plataformas optan por irse y otras incumplen la ley

Con la entrada en vigor de la norma, las empresas tomaron diferentes caminos. Unas, como Deliveroo o más tarde Gorillas, optaron por marcharse a para no volver. Otras, como Uber Eats y Just Eat, trataron de adaptarse cada una a su manera, ya fuese a través de la contratación a terceros o con un convenio colectivo.

Glovo, empresa que ya se había enfrentado a varias sentencias judiciales, anunció un cambio de modelo y contrató a cerca de 2.000 trabajadores, pero mantuvo en su flota a casi el 80% de los trabajadores como autónomos. Una medida que incumple la ley, en opinión de sindicatos y rivales.

Su caso está en Inspección de Trabajo y "no tardarán en salir los resultados", según explica el responsable de digitalización de UGT, José Varela, a RTVE.es. El sindicato estima que no serán favorables para la compañía. “No le va a quedar más remedio que cumplir”, porque si no puede tener “severos problemas con la Justicia española”. Glovo, por su parte, no ha ofrecido declaraciones a RTVE sobre la situación.

Más allá del incumplimiento, el anuncio de la plataforma hizo que muchos de los propios riders, deseosos de seguir siendo autónomos, fueran abandonando las empresas competidoras para formar parte de Glovo. Es el caso de Uber Eats, cuya dirección asegura que, si bien el 26% de los trabajadores por cuenta propia decidieron ser contratados como asalariados, el 74% dejaron de usar su aplicación.

Uber Eats amenaza con recuperar a los autónomos

"Ante la evidencia de que la mayoría de los repartidores en España quieren trabajar como autónomos, estamos explorando un nuevo modelo que les permita hacerlo al tiempo que se cumple con la regulación vigente", indicaron este martes fuentes de la empresa a Efe. Algo que no ha terminado de gustar al Ministerio de Trabajo, que ha advertido que "va a ser muy firme en la defensa del cumplimiento normativo".

La decisión de la empresa no ha sorprendido a muchos. Uber Eats llevaba meses denunciando que tomaría medidas ante una situación que considera como competencia desleal y una ley que, según la compañía, le llevó a tener que cerrar operaciones y a reducir los horarios de apertura.

Just Eat, por su parte, también ha expresado sus quejas por el incumplimiento. "La realidad es que aunque la ley lleva un año en vigor, todavía hay un operador que sigue sin implementarla", cuenta a este medio el director general de Just Eat España, Patrik Bergareche. Aunque se muestra muy conforme con la ley Rider, en su opinión "esta irregularidad conlleva un descrédito enorme para el sector y produce una competencia desleal frente al resto de operadores".

“Esta irregularidad conlleva un descrédito enorme para el sector y produce una competencia desleal frente al resto de operadores“

Toda esta situación, junto a la marcha de otras plataformas, ha desembocado en un reparto desigual del 'pastel' en el que Glovo concentra el mayor porcentaje de la oferta, generándose algo parecido a "un monopolio", explica Gustavo Gaviria, del movimiento Repartidores Unidos.

"Los que somos autónomos, que somos la mayoría de repartidores de plataformas digitales en España, dependemos de Glovo para trabajar y esto la compañía lo sabe. Al no haber libre mercado y por ende competencia por nuestro trabajo, no se han esforzado mucho por mejorar las condiciones más allá de lo que ya teníamos", cuenta a RTVE.es.

'Subcontratas', despidos e incumplimientos: el descontento de los riders

Repartidores Unidos hace un balance negativo de la ley, que consideran "una chapuza", ya que aseguran que ha destruido "en masa" miles de puestos de trabajos. "No es rentable nuestro sector con un 100% de asalariados, porque es una demanda excesivamente volátil. Es una tipología de servicio que requiere una flexibilidad contractual que no existe", insiste.

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Sin embargo, Riders x Derechos recuerda que la flexibilidad no es sinónimo de ser autónomo, sino otros aspectos como la subordinación o el poder negociar los precios, y que la situación de los riders es la de asalariados. "No es una opinión, es una realidad, está en la legislación. Esto es un debate que no existe, pero es perpetrado por las empresas", zanja la portavoz Núria Soto, que recuerda la sentencia del Tribunal Supremo en 2021.

Soto no solo pone el foco en Glovo y expresa su disconformidad en la forma de adaptarse a la legislación de otras empresas. "La ley ha fomentado pasar de un fraude a otro: las 'subcontratas'", dice.

La visión de Riders x Derechos y Repartidores Unidos contrasta con la de los sindicatos mayoritarios, que fueron partícipes en las negociaciones junto al Gobierno y las grandes patronales, CEOE y CEPYME. "En términos generales, solo podemos calificarla como muy positiva", cuenta Varela, quien destaca que se ha logrado pasar a decenas de miles de personas de una situación de "absoluta indefensión" a una relación laboral asalariada que aporta mejoras y garantiza los derechos a cotizar y ser indemnizados de los trabajadores.

"Obviamente, cada vez que hay una nueva ley tenemos una serie de actores que no están interesados en cumplirla de ninguna forma", reconoce, pero insiste en que eso "no puede empañar la realidad". Una opinión que comparte CCOO, que ha destacado esta semana que se trata de una normativa pionera a nivel europeo que ha supuesto un “punto de inflexión en positivo” en términos de ejercicio de los derechos laborales.

El caso de Just Eat o apostar por el convenio laboral

Doce meses después de la aplicación de la ley, fuentes del Ministerio de Trabajo indican a RTVE que para ellos la ley puede ser considerada como "positiva" al haber logrado definir la situación laboral de los trabajadores y al haber favorecido la sindicalización. Pero no solo eso, también destacan la firma de un primer convenio colectivo en una de estas empresas, Just Eat.

La plataforma pactó con UGT y CCOO salarios, vacaciones y derechos como el de la desconexión, y cuenta desde entonces con más de 1.000 repartidores contratados. "Hubo una clara vocación de la empresa en dialogar", señala Valero, que celebra que se incluyeran en el acuerdo puntos relativos a la transparencia en los algoritmos empleados por la app.

"Creo que los repartidores ven en Just Eat una empresa seria que se preocupa por su salud y protección social y se aleja del concepto de precariedad asociado a innovación", dice por su parte Bergareche.

No obstante, la valoración no es tan "buena" entre los sindicatos que quedaron al margen de la negociación. Núria Soto considera que Just Eat "se ha mostrado como la opción responsable" por no tener falsos autónomos, pero al final el modelo consiste en combinar la flota fija con subcontratar a terceros para ofrecer sus servicios. Así, recuerda que la compañía fue multada en abril por el Govern por hacerlo de manera ilegal. A pesar de todo, reconoce que "un convenio siempre es algo positivo".

Más crítico se muestra Gaviria al considerarlo como "un acuerdo de condiciones de trabajo" y no un convenio colectivo "como han querido vendernos" al no haber un comité de empresa. El portavoz de los riders autónomos también argumenta que en muchos casos son los propios restaurantes quienes acaban aportando el repartidor, lo que promueve la precarización de los trabajadores del local. Es por ello que reclama que sea la propia ley "de dos párrafos" la que especifique las condiciones laborales y resuelva todas las dudas.

"Las tablas salariales y las condiciones se hacen en los convenios de empresa o sectoriales, como le pasa a todos los trabajadores de este país", recuerda por su parte José Varela.

Piden mayores sanciones y más recursos para Inspección

Una de las quejas que más se repiten entre los agentes sociales es que hace falta más recursos para que Inspección de Trabajo pueda comprobar de manera rápida y efectiva el cumplimiento de la ley. Soto, que insta a que haya “mano dura” para que "no salga gratis" saltarse la norma, dice que “hay sanciones que no se están aplicando” por falta de capacidad.

"Estas empresas no solo siguen trabajando únicamente con falsos autónomos, sino que, además, se inventan fórmulas empresariales perversas, como por ejemplo que los repartidores emitan dos facturas, una en el restaurante y otra en el cliente final", remarca CCOO.

“Si no existen suficientes personas y recursos, se hace muy difícil hacer cumplir unas leyes tan complejas como son estas”, corrobora Varela. No obstante, considera que ha pasado poco tiempo desde la entrada en vigor de la ley y confía en que antes o después se llegará a "un estado de naturalidad" en el que todos asuman "que un rider es un asalariado".

“Para una gran compañía de este tipo la multa que le cae es de una cuantía reducida“

La otra queja es sobre las sanciones, a las que catalogan como "ridículas". "Recibes una financiación de 350 millones de euros, estafas a la seguridad social, luego Inspección te pone una sanción por un valor de dos millones de euros... Pues te sale baratísimo no cumplir", dice Soto. "Para una gran compañía de este tipo la multa que le cae es de una cuantía reducida y, en algunos casos, casi ridícula", ratifican desde UGT.