El decreto energético enfrenta al Gobierno y el PP con amenazas cruzadas de acudir a los tribunales

• La Comunidad de Madrid ha anunciado un recurso por invasión de competencias y otras tres regiones están estudiándolo
• Teresa Ribera recuerda que si las comunidades no aplican las medidas, "se podrá plantear un conflicto ante el Constitucional"

Las primeras medidas de ahorro energético del Gobierno se han estrenado esta semana entre las dudas de las comunidades y las crítica

Las primeras medidas de ahorro energético del Gobierno se han estrenado esta semana entre las dudas de las comunidades y las críticas del principal partido de la oposición, que han llevado a que el Ejecutivo y el Partido Popular se enfrenten con amenazas cruzadas de recurrir a la vía judicial para resolver sus discrepancias.

El PP ha declarado de forma contundente su rechazo al decreto presentado por el Ministerio de Transición Ecológica y ha instado en varias ocasiones al Gobierno a retirar "inmediatamente" el plan energético, al que ha llegado a catalogar como "cartilla de racionamiento" y contra el que no descarta recurrir.

Desde el Ejecutivo, por su parte, han apelado a la "unidad, responsabilidad y solidaridad" para poder cumplir con el 7% de ahorro energético y han avanzado la posibilidad de "plantear un conflicto ante el Tribunal Constitucional" si alguna comunidad no "ejerce sus competencias".

El PP alude a "invasión de competencias" y Madrid anuncia un recurso

Desde que el paquete de medidas fuera anunciado el pasado lunes, tanto algunas de las comunidades gobernadas por el PP –Andalucía, Galicia, Madrid y Murcia– como Génova han expresado su disconformidad y reprochado la falta de diálogo.

Es por ello que el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado una petición para convocar una Conferencia de Presidentes para abordar de manera conjunta el plan de ahorro energético, mientras que el vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, ha reclamado al presidente Pedro Sánchez que rectifique y retire un decreto "que ha aprobado de forma unilateral".

Sin embargo, la dirección nacional del partido no deja claro por el momento si tomarán acciones legales. "Somos muy respetuosos con las autonomías", dijo Tellado hace unos días ante los medios. Al tratarse de una ley transversal, en la que el Gobierno define un marco general y cada comunidad lo aplica, son las autonomías las que pueden recurrir la norma al Tribunal Constitucional en caso de que consideren que hay invasión de competencias.

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Entre las principales regiones que se muestran contrarias al plan de ahorro, la primera que ha anunciado que presentará un recurso ha sido la Comunidad de Madrid, cuya presidenta, Isabel Díaz Ayuso, indicó desde el principio que su gobierno no apagaría la luz de los edificios públicos ni de los escaparates con el argumento de que eso genera "inseguridad y espanta el turismo y el consumo".

"Nosotros no estamos a favor de la bronca por la bronca. Le pedimos a los servicios jurídicos de la Comunidad que analicen si invaden competencias autonómicas o no y hay hasta 10 cuestiones que invaden", ha asegurado este viernes el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio.

Galicia, Andalucía y Murcia, por otro lado, están estudiando con los asesores jurídicos si es necesario recurrir unas medidas que catalogan como "cosméticas, improvisadas, intervencionistas y carentes de respaldo técnico", si bien el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha asegurado que no quiere abrir una "batalla judicial".

Ribera no descarta "plantear un conflicto ante el Tribunal Constitucional"

El Gobierno considera que el PP, al que acusa de no hacer propuestas, está generando "confusión", así como "desconfianza, ruido y crispación" en torno a este asunto. Pedro Sánchez ha lamentado que el llamamiento al ahorro es como "predicar en el desierto" frente a una "oposición negacionista en todos los ámbitos".

Los cuestionamientos planteados por las comunidades del PP motivaron, además, que desde el Ministerio de Transición Ecológica se convocara una reunión el pasado lunes para aclarar las dudas. Tras el encuentro, la ministra Teresa Ribera fue tajante: "El decreto es el que es, no hay modificaciones pese al ruido y las mentiras". "No valen excusas de incomprensión, de incumplimiento, de falta de conocimiento, de dudas", añadió.

Además, en vista de que gobiernos como el madrileño podían optar por no cumplir con la legislación, recordó que aunque desde el Ejecutivo ofrecen excepciones y "flexibilidad" para implantar el plan de ahorro energético, las comunidades pueden ser apercibidas por el Gobierno central. En el caso de que no atiendan a este apercibimiento, se abre la puerta a "plantear un conflicto ante el Tribunal Constitucional".

"Si mañana hay un problema serio porque en algún sitio no se aplica masivamente ninguna medida", el Ejecutivo contactará "inmediatamente" con la comunidad autónoma en cuestión sin esperar "meses ni semanas", afirmó.

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A ojos del PSOE, la actitud del PP viene marcada por la propia Ayuso, tal y como expresó en RNE Iceta. "En el PP van cambiando de líderes, pero quien manda es Ayuso. Antes parece que tenían uno que era Casado, ahora Feijóo, pero quien manda en el fondo es Ayuso", expresó el titular de Cultura.

Los socios de Gobierno también reprochan al PP la falta de "compromiso político". La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, describió en Twitter al PP como un partido que "trabaja contra su país y que no tiene el menor compromiso democrático". "Fundamentalistas del no", concluyó.

La CEOE reclama "seguridad jurídica" y los hosteleros se muestran dispuestos a cumplir

Más allá del debate a nivel político, el sector terciario, el principal afectado por las medidas de limitación de temperaturas y de apagado de luces exteriores por la noche, ha recibido con disparidad de opiniones el paquete de medidas.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha reclamado más diálogo con los sectores empresariales y ha solicitado que no se implementen más "medidas que generen confusión y desconcierto". La patronal, que señala que la industria ya ha llevado a cabo iniciativas de ahorro y eficiencia energética, ha pedido "seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y calidad de la norma".

En contraposición a la CEOE, el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, José Luis Yzuel, ha asegurado en RNE que el decreto llega en el mejor momento: “Nos van a obligar a algo que nos conviene, que es ahorrar”. Yzuel ha asegurado que ellos van a cumplir la norma independientemente de la comunidad autónoma a pesar del "runrún político excesivo".