La Policía de Nicaragua arresta al obispo más crítico de Daniel Ortega
- Rolando Álvarez está acusado de intentar "organizar grupos violentos" para "desestabilizar al Estado"
- Han sido detenidos siete de sus colaboradores: cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo
El obispo de Nicaragua Rolando Álvarez, muy crítico con el Gobierno de Daniel Ortega, ha sido arrestado este viernes por policías que han irrumpido a la fuerza en la curia episcopal de Matagalpa, donde estaba confinado desde hacía 15 días, en medio de una escalada estatal contra la Iglesia Católica.
Álvarez, de 55 años, obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, está acusado por la Policía Nacional de intentar "organizar grupos violentos", supuestamente "con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales", aunque de momento no han ofrecido pruebas.
El obispo ha sido detenido junto a siete de sus colaboradores: cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo, quienes permanecían confinados en el Palacio Episcopal de Matagalpa desde el 4 de agosto pasado, sitiado por fuerzas policiales.
En una declaración, la Policía ha señalado que "las personas que permanecían en esa Casa-Curia fueron trasladadas, con respeto y observación de sus derechos, a la ciudad de Managua para las indagaciones de ley (...) El Señor Obispo se mantiene en resguardo domiciliar en esta ciudad capital y ha podido reunirse con sus familiares esta misma mañana".
"Las otras personas que fueron trasladadas a Managua continúan cumpliendo las diligencias respectivas en la Dirección de Auxilio Judicial", donde funciona la cárcel conocida como "Chipote", ha añadido.
Fricciones entre la Iglesia Católica y los sandinistas
El obispo auxiliar de Managua y exiliado, Silvio Báez, ha condenado el arresto y ha pedido a las autoridades liberar y respetar la dignidad de Álvarez.
Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha dicho estar "muy preocupado" por las recientes acciones contra la Iglesia católica y organizaciones civiles y ha exigido al Gobierno la liberación de todas las personas detenidas de forma arbitraria. Por medio de un portavoz, Guterres ha reiterado su llamamiento al Ejecutivo de Ortega para que garantice "la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos, particularmente los derechos universales de asamblea pacífica, libertad de asociación, pensamiento, conciencia y religión".
La detención de Álvarez es el más reciente roce en una historia de fricciones entre la Iglesia Católica nicaragüense y los sandinistas encabezados por el presidente Ortega.
En lo que va de año, el Gobierno sandinista ha expulsado del país al nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, ha llevado a prisión a tres sacerdotes, cerrado ocho radioemisoras católicas, sacado de la programación de la televisión por suscripción a tres canales católicos, ha ingresado por la fuerza y allanado una parroquia y ha expulsado a 16 monjas de las misioneras de la orden Madre Teresa de Calcuta.
También ha prohibido a la Arquidiócesis de Managua la procesión con la imagen peregrina de la virgen de Fátima.
Ortega calificó de "terroristas" a los obispos
Las relaciones entre los sandinistas y la Iglesia católica de Nicaragua han estado marcadas por roces y desconfianzas en los últimos 43 años.
El 4 de julio de 1986 el régimen sandinista, encabezado por Ortega, desterró al entonces obispo de la diócesis de Juigalpa, Pablo Antonio Vega, acusado de apoyar a la Contra y quien fue sacado a la fuerza a la medianoche de su sede episcopal, subido a un helicóptero militar y dejado en la selva fronteriza con Honduras.
Ortega ha tildado de "golpistas" y "terroristas" a los obispos nicaragüenses que actuaron como mediadores de un diálogo nacional con el que se buscaba una salida pacífica a la crisis que vive el país desde abril de 2018.
La crisis en Nicaragua se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre pasado en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
La comunidad católica representa un 58,5% de los 6,5 millones de habitantes de Nicaragua, según el último censo nacional.