Detenido el ex fiscal general de México por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa
- La justicia mexicana también ha ordenado el arresto de 64 policías y militares por su presunta participación
- La Comisión de la Verdad ha dado por muertos a los jóvenes y ha decretado que fue un "crimen de Estado"
La justicia mexicana ha ordenado la detención del ex fiscal general del país Jesús Murillo Karam y de 64 policías y militares por la desaparición en 2014 de 43 estudiantes en Ayotzinapa. La detención se produce un día después de que el informe de la Comisión de la Verdad diera por muertos a los jóvenes y decretara que el caso fue un "crimen de Estado".
Murillo Karam fue detenido en su domicilio de Ciudad de México por "desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia" y no opuso resistencia, según ha confirmado en un comunicado la Fiscalía General de la República (FGR). El detenido ha sido trasladado a la oficina del fiscal general y será puesto a disposición de las autoridades judiciales.
Posteriormente, la Fiscalía anunció que se habían emitido órdenes de captura contra 20 oficiales del Ejército, 44 policías y cinco funcionarios por su presunta participación en la desaparición, que causó una profunda conmoción en México y en el exterior.
Los 64 policías y militares son buscados por "crimen organizado, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia", ha señalado la Fiscalía, que no ha dado a conocer las identidades y el rango de los funcionarios. Además, se ha ordenado el arresto de 14 integrantes del cártel de narcotraficantes Guerreros Unidos.
Hombre fuerte del PRI
Rafael Murillo Karam, quien sirvió durante el mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y dirigió una controvertida primera investigación sobre las desapariciones, es un ex peso pesado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que gobernó México durante 71 años de forma ininterrumpida hasta 2000.
Se trata de la personalidad más importante detenida hasta la fecha en el marco de las investigaciones, que se había reiniciado desde cero tras la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador.
El 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes de la escuela para maestros rurales de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, desaparecieron cuando se dirigían a Ciudad de México para participar en una manifestación por el 2 de octubre, cuando se conmemora la matanza de Tlatelolco, en 1968.
Según la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto, la llamada "verdad histórica", policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan, al confundirlos con miembros de una banda rival. Solo se pudieron identificar los restos de tres de ellos.
Una investigación que estuvo dirigida por Murillo Karam y cuyas conclusiones fueron rechazadas por los familiares de las víctimas y expertos independientes.
El pasado jueves, un informe oficial publicado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, creada por López Obrador, estimó que soldados mexicanos tenían parte de responsabilidad en el crimen.
"Sus acciones, omisión o participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el asesinato de otras seis personas", aseguró el subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno mexicano, Alejandro Encinas, durante la presentación del informe, que calificó el caso de Ayotzipana como un "crimen de Estado".
El presidente mexicano aseguró el viernes que el caso "no está cerrado" y que "hacer pública esta situación atroz e inhumana y, al mismo tiempo, sancionar a los responsables, permite evitar que estos lamentables hechos vuelvan a ocurrir".