El Congreso convalida un real decreto-ley para combatir los incendios forestales durante todo el año

• Entre otras medidas, se contemplan un catálogo mínimo de prohibiciones y sanciones y un protocolo común de actuación
• El pleno, sin embargo, ha rechazado su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia

Un helicóptero trabaja sobre el incendio declarado en la Sierra de Malagón (Ciudad Real)

El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves el Real Decreto-ley 15/2022 que pretende combatir el drama de los incendios forestales con acciones en todo el territorio nacional y de forma permanente, no solo en verano. Lo ha hecho reunido de forma excepcional tras el parón del verano y con 265 votos a favor, 6 en contra y 77 abstenciones.

La iniciativa modifica la Ley 43/2003 de Montes para hacer frente a "una situación de emergencia que compromete gravemente la seguridad de las personas, las infraestructuras y el medio ambiente". Así, para la gestión del riesgo de incendio se establece un catálogo mínimo de prohibiciones y sanciones al encendido de fuegos, la quema de rastrojos o el uso de material pirotécnico, entre otros.

Se incluye además un sistema de emergencias para la extinción, se asegura la coordinación en incendios en zonas limítrofes de dos o más comunidades y se consolida el mecanismo de colaboración Administración del Estado-autonomías para la restauración forestal y medioambiental.

El Pleno, sin embargo, ha rechazado su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

El debate de esta norma, que fue aprobada por el Gobierno a principios de mes, ha coincidido con un verano especialmente virulento en cuanto a número e intensidad de incendios forestales, con una superficie quemada en lo que va de año casi cuatro veces mayor que la media de la década.

Trabajos de restauración forestal, protocolo de coordinación común y otras medidas

El real decreto-ley establece un nuevo artículo 50 bis sobre trabajos de restauración forestal y medioambiental, que determina que las comunidades autónomas podrán solicitar a la Administración General del Estado su colaboración cuando, entre otros supuestos, la superficie forestal afectada sea superior a 10.000 hectáreas, o a 5.000 de las cuales el 70% sea superficie forestal arbolada.

En cuanto a las medidas urgentes de coordinación instrumental, establece la aprobación en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la iniciativa de un protocolo de coordinación común en materia de medios aéreos, la simbología común para la elaboración de mapas operativos o las condiciones mínimas de seguridad de las dotaciones y equipos de protección individual.

Se fija también un calendario de implantación por el cual las comunidades autónomas adoptarán las medidas oportunas para que, antes del 1 de enero de 2023, sus servicios de prevención, vigilancia y extinción estén adaptados a lo establecido

Por otra parte, la disposición adicional cuarta aprueba un conjunto de ayudas destinadas a compensar al sector marisquero de la ría de O Burgo en A Coruña por la suspensión temporal de su actividad como consecuencia de las obras de dragado ambiental.

PP y Vox consideran el texto insuficiente

Durante el Pleno del Congreso, los diputados del PP y Vox han criticado el texto al considerarlo muy insuficiente, mientras que PSOE y Podemos, entre otros, han destacado su relevancia en un momento de incendios enormes que afectan a núcleos urbanos y que están avivados por el cambio climático y los efectos de la sequía y las altas temperaturas.

En cuanto a los partidos nacionalistas, sus reclamaciones han tenido que ver con las competencias territoriales y garantías de respeto a sus particularidades, con clima y orografía diferente al resto, por ejemplo, vascos y catalanes.

Los diputados canarios, por su parte, han puesto de manifiesto su lejanía y han reclamado una sede en las islas para acción inmediata contra incendios, porque no pueden esperar a que las llamas se expandan hasta recibir ayuda de la península.