La ONU da la razón a los líderes del 'procés' y dice que España "violó" sus derechos políticos

• Argumenta que fueron suspendidos tras ser acusados de rebelión pese a que habían instado a la ciudadanía a la vía pacífica
• Responde así a la denuncia que Junqueras y otros tres exconsellers presentaron en 2018

Varios de los condenados del 'procès' durante el juicio en el Tribunal Supremo.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha dictaminado este miércoles que España "violó los derechos políticos" de exmiembros del Govern y del Parlament de Cataluña al suspender de sus funciones públicas a líderes encausados en el 'procés' antes de que fueran condenados en 2019, tras el referéndum independentista de 2017.

El fallo da la razón a una denuncia presentada en 2018 por el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull, quienes alegaron que la suspensión de sus funciones previa a la existencia de una condena violaba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El comité subraya que los denunciantes fueron suspendidos tras ser acusados del delito de rebelión (que exige un alzamiento violento) pese a que habían instado a la ciudadanía a mantenerse estrictamente pacífica y a que finalmente fueron condenados en 2019 por sedición, que no implica el uso de violencia.

La suspensión de los cuatro denunciantes se había decidido en julio de 2018 con arreglo a la Ley de Enjuiciamoento Criminal, que permite la suspensión de funcionarios públicos sólo cuando se les acusa de rebelión, no de sedición.

Más rigor, motivos razonables y un análisis individualizado

"Las salvaguardias contra las restricciones de los derechos políticos deben aplicarse con mayor rigor si estas restricciones se producen previamente, y no posteriormente, a una condena por un delito", ha afirmado al presentarse el dictamen una de los 18 miembros del comité de Naciones Unidas, la francesa Hélène Trigoudja.

La integrante del comité que preside la griega Photini Pazartzis agregó que "la decisión de suspender a oficiales electos debe basarse en leyes claras y previsibles que establezcan motivos razonables y objetivos para la restricción de los derechos políticos, y debe aplicarse sobre la base de un análisis individualizado".

Los dictámenes del comité, un mecanismo que se autodefine como "cuasi-judicial", no son en principio vinculantes pero sí se considera que deben ser tenidos en cuenta por los firmantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (entre ellos España), a cuyo artículo 25 se han acogido los denunciantes.

"El comité no es un tribunal pero lleva a cabo funciones jurídicas, emitiendo decisiones y recomendaciones a los Estados parte que se espera sean puestas en práctica", aclara este órgano.

En principio, la decisión tomada concierne únicamente a los cuatro denunciantes, representados por el abogado Nico Krisch, y no al resto de los encausados por el "procés".

La denuncia fue presentada el 18 de diciembre de 2018, coincidiendo con una visita a Ginebra del expresidente del Gobierno autonómico Carles Puigdemont, y la decisión final se publica el día en el que está prevista la del actual presidente catalán, Pere Aragonès.

El Gobierno alegó que los independentistas aceptaron ser sustituidos

Con este dictamen, el Comité de Derechos Humanos rechaza el argumento del Gobierno, que alegó entonces que los cuatro recurrentes aceptaron ser sustituidos por otros diputados de su grupo parlamentario mientras durara su suspensión. El Ejecutivo apuntaba que, excepto Romeva, "los autores renunciaron el 17 de mayo de 2019 a su acta de diputados autonómicos para asumir como diputados en el Congreso de los Diputados" tras ser elegidos en las elecciones generales de abril de 2019.

Además, los servicios jurídicos del Estado recordaron que el 14 de octubre de 2019, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo condenó a los autores no por el delito de rebelión sino por el de sedición, y que "se levantó de forma inmediata la suspensión de Romeva como diputado autonómico".

El dictamen también recoge que el Gobierno destacó que el 22 de junio de 2021, "en aras de la utilidad pública, indultó la pena de cárcel a los autores".

Aragonès y Junqueras ven en el dictamen un argumento para defender la amnistía

El presidente catalán, Pere Aragonès, ha dicho que la opinión de la ONU ofrece argumentos "para seguir defendiendo la amnistía". "Ahora la pelota está en el tejado de las instituciones del Estado Español. Naciones Unidas ha sido muy clara, se han vulnerado derechos reconocidos por tratados que vinculan al Estado español", ha declarado Aragonés en Ginebra, donde realiza una visita oficial que ha coincidido con la publicación de esa opinión.

Según Aragonès, el Gobierno debe ahora explicar sobre lo sucedido y "llevar a cabo las modificaciones que sean necesarias para que esta vulneración de derechos no se vuelva a producir".

Por su parte, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha valorado muy positivamente la opinión jurídica. El dictamen "nos permite estar cada vez más cerca de nuestros objetivos políticos, que son la amnistía, el ejercicio del derecho de autodeterminación y la construcción de una república catalana", ha afirmado en declaraciones en Ginebra.

"Son cada vez más contundentes las posiciones internacionales que le dicen al Estado español que ha ejercido una represión claramente ilegítima", ha opinado el líder de ERC.

En declaraciones en el Congreso, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha asegurado que el Gobierno "respeta escrupulosamente todas las decisiones del comité", pero también entiende que las resoluciones judiciales en España "se emiten ajustadas a derecho y ajustadas a ley".

En todo caso, ha mostrado la disposición del Gobierno a "atender a esa resolución" y a "mejorar la legislación y que sea equiparable a los estándares de todas las legislaciones más avanzadas en este sentido".