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Colombia

El asesinato de siete policías en el suroeste de Colombia desafía la propuesta de "paz total" de Petro

  • Aún se desconocen los responsables del ataque, perpetrado con explosivos en el departamento de Huila
  • Se trata del atentado contra las fuerzas de seguridad más grave de Colombia desde la llegada a la Presidencia de Gustavo Petro

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Imagen de archivo de un policía en Colombia
Imagen de archivo de un policía en Colombia

Al menos siete policías han sido asesinados este viernes en una emboscada perpetrada en el suroeste Colombia, convirtiéndose en el ataque contra las fuerzas de seguridad más grave de Colombia desde la llegada a la Presidencia de Gustavo Petro, que lo ha calificado como un sabotaje a su propuesta de "paz total".

"Estos hechos expresan un claro saboteo a la paz total. He pedido a las autoridades desplazarse al territorio para asumir la investigación", ha manifestado Petro en su cuenta de Twitter, que se ha desplazado a la zona junto a una comisión especial de investigación de la Fiscalía.

El Gobierno ha informado inicialmente de ocho muertos, pero posteriormente la Policía ha precisado en un comunicado que eran siete, entre ellos tres auxiliares de 18, 19 y 20 años de edad que tan solo llevaban tres meses en la institución.

El ataque fue perpetrado con explosivos contra una unidad policial que se movilizaba en una camioneta tras una jornada de trabajo en el caserío de San Luis, en la zona rural de Palermo, en el departamento del Huila. Los autores no han sido aún identificados, tuvo lugar en las afueras de San Luis, en el departamento de Huila, una zona donde operan disidentes de las FARC que no se acogieron o renunciaron al acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016.

El concepto de "paz total" de Petro, en riesgo

Petro asumió la Presidencia hace 25 días con la promesa de lograr la "paz total" en el país, es decir, implementar una política orientada a poner en marcha con mayor decisión el acuerdo con las FARC, dialogar con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y adelantar una política de sometimiento para grupos criminales como el Clan del Golfo.

Esta ambiciosa iniciativa hasta ahora no había tenido resistencia entre los grupos armados ilegales que manifestaron por distintas vías su intención de buscar un acuerdo con el Gobierno, bien sea mediante una negociación de paz en casos como el del ELN o un sometimiento a la justicia para los involucrados en delitos comunes, como los de las bandas de narcotraficantes o las disidencias.

En el caso del ELN, los contactos avanzaron el mes pasado en Cuba donde los negociadores de esa guerrilla y el Gobierno acordaron la reanudación de los diálogos de paz interrumpidos en 2018. En las semanas previas a la investidura de Petro, que tuvo lugar el 7 de agosto, el Clan del Golfo desató una ola de ataques contra policías, mediante el llamado "plan pistola", en represalia por la extradición a Estados Unidos en mayo pasado, de su líder, Dairo Antonio Úsuga, alias "Otoniel".

Esa ofensiva, que costó la vida a 36 policías, fue interpretada por analistas como una demostración de fuerza del Clan del Golfo, también llamado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), con el fin de llegar fortalecido a una eventual negociación con el Gobierno de Petro al que el mismo día de su investidura le anunciaron "un cese unilateral de hostilidades ofensivas" para buscar "caminos de paz".

Condena política al ataque: "Merecen la más fuerte respuesta del Estado"

El director de la Policía, mayor general Henry Sanabria Cely, ha escrito en Twitter que se desplazará al Huila "de manera inmediata con todas las capacidades institucionales para verificar y acompañar a nuestros policías".

Por su parte, el director del Departamento Administrativo de Presidencia, Mauricio Lizcano, ha rechazado el "vil asesinato" y ha exigido que "las autoridades deben dar con los responsables".

A las condenas también se ha sumado el presidente del Senado colombiano, Roy Barreras, ha rechazado "con dolor" el asesinato "cobarde" de los policías en un mensaje en redes sociales. "Los matan en emboscada. El maldito narcotráfico mata servidores públicos humildes. Luto en sus familias y en la familia colombiana. Esos que no dejan de matar solo merecen la más fuerte respuesta del Estado", ha agregado Barreras.