La subida del coste de la vida amenaza con un 'otoño caliente': "No pueden pagar siempre los trabajadores"

• Los sindicatos amenazan con movilizaciones para reclamar una subida de los salarios, algo a lo que la CEOE se opone
• La ministra de Trabajo se posiciona con los sindicatos e insta a los empresarios a negociar “por el bien del país”

Los líderes de UGT, CC.OO. y CEOE en una imagen de archivo

La subida del coste de la vida, a cuenta de una inflación desbocada que no se ve acompañada por incrementos salariales que la amortigüen, aboca a las familias españolas a un invierno "durísimo", algo que incluso admite el propio Gobierno. Pero el otoño también se prevé “caliente” en las calles del país, debido a las movilizaciones que los sindicatos ya han amenazado con convocar ante la creciente pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

Tanto UGT como CC.OO. han señalado a la CEOE por “levantarse” de la mesa de negociación de los convenios colectivos y, a su juicio, “negar” la posibilidad de cerrar un acuerdo de cara a los próximos años. Los empresarios, por su parte, alegan que "les preocupan las amenazas que se lanzan en un momento de incertidumbre" y han asegurado que seguirán negociando, aunque en las mesas de negociación de los convenios colectivos. Se trata, además, de una situación que ha abierto una nueva discrepancia en el seno del Ejecutivo, con Yolanda Díaz y Podemos respaldando las movilizaciones de los sindicatos, y el ala socialista tratando de templar los ánimos.

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Pese a que el Índice de Precios de Consumo (IPC) se ha moderado en agosto hasta el 10,4 %, cuatro décimas menos que el mes anterior, el coste de la vida es ya inasumible para muchos hogares: los altos precios de la energía y los alimentos, que no tocan techo, se han contagiado el resto de bienes y servicios -la inflación subyacente se sitúa ya en el 6,4 %-, lo que aventura a corto plazo dificultades en muchos hogares para llegar a fin de mes.

De acuerdo con las previsiones del Gobierno, la inflación ya ha tocado techo y cerrará el año en el 7,8 %. “En principio seguirá en esa senda de descenso en próximos meses y todo dependerá de factores exógenos", aseguró la pasada semana la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en una entrevista en TVE. Si bien instituciones como Funcas prevén un incremento todavía más acentuado, entre el 9,6 % y el 7,9 %, y otros organismos como la OCDE, del 8,1 %.

Mientras, los salarios se sitúan en el centro del huracán. Según los datos del ministerio de Trabajo, los salarios pactados en convenio hasta julio han subido un 2,56 %, casi ocho puntos por debajo del dato de inflación de ese mes (10,8 %). O dicho de otro modo: el sueldo para los casi 6,9 millones de trabajadores de las 667.400 empresas que han revisado en 2022 las condiciones retributivas de su convenio pierde un 8,24 % de su valor, con la consiguiente merma de poder adquisitivo que ello supone.

Negociaciones rotas

En este contexto, los sindicatos y la patronal siguen sin ponerse de acuerdo para renovar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), vigente hasta 2020. Las negociaciones se rompieron el pasado mes de mayo, cuando la CEOE se negó a aceptar la cláusula de revisión salarial propuesta por los representantes de los trabajadores, esto es, un ajuste de los sueldos de los próximos años en función de la inflación media a cierre de 2022.

Lejos queda así la sintonía entre Gobierno, sindicatos y patronal para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia. Entonces, se alcanzaron un total de 15 acuerdos a tres bandas, algunos tan relevantes como la reforma laboral, que estuvo hasta el último momento pendiendo de un hilo por, precisamente, las desavenencias entre los agentes sociales.

Los sindicatos avisan de movilizaciones

Lo cierto es que este último choque entre patronal y sindicatos ya está afectando a las negociaciones de los convenios. Y es que, en lo que va de año, solo se han firmado 450, menos de una tercera parte de los que se habían rubricado en el mismo mes del año pasado (1.409), según los datos del Ministerio de Trabajo.

““Las crisis no pueden pagarla siempre los trabajadores”“

Para los sindicatos, la situación es “insostenible” y ya amenazan con un “otoño caliente” en las calles, con movilizaciones en las principales ciudades españolas, con el fin de presionar a la patronal para que vuelva a la mesa de negociación.

“Los trabajadores somos conscientes de que en algunos casos no se puede llegar a una única subida salarial del 10 %, sino que debe ser repartida en varios años, pero al final lo que garantiza es que no exista pérdida de poder adquisitivo, cosa a lo que la CEOE se niega”, apunta a RTVE.es el secretario de Relaciones Laborales y Empleo de UGT Andalucía, Juan Carlos Hidalgo. Sin ir más lejos, en Andalucía, solo el 20 % de los convenios tienen cláusulas de garantía salarial, según sus datos.

En su opinión, los costes de la crisis hay que repartirlos de forma equitativa y no solo entre unos pocos: “Cuando hay una crisis la pagan los trabajadores, o bien a través de despidos, o bien a través de congelación salarial o devaluación salarial, como ocurrió con la crisis del 2012”, recalca, por eso insiste en que, en esta ocasión, la situación “no puede repetirse”.

La CEOE critica las “amenazas”

Por su parte, los empresarios han acogido con recelo las “amenazas” de los sindicatos “en un momento de incertidumbre", como es el actual. Así lo señaló el vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE. Desde la patronal no niegan que los sueldos tienen que subir, pero a su juicio en función de la situación de sectores concretos y sin revisiones generalizadas que incrementen la inflación. Así, algunos de los convenios renovados incluyen aumentos salariales de hasta el 6 % mientras que otros se quedan en el 1 %.

“Basta con que mañana en el Consejo de Ministros el Gobierno desplace la tarifa del IRPF o baje las cotizaciones de los trabajadores. Así, los trabajadores no van a perder poder adquisitivo”, señaló, para después criticar que “es muy fácil utilizar un lenguaje contra los malos empresarios, demonizando a los autónomos, a las pequeñas empresas y a las empresas en general”.

Amor se refería de esta manera a las palabras de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien se posicionó del lado de los sindicatos: “Tienen toda la razón para salir a la calle a movilizarse contra la patronal”, afirmó en una entrevista en la Cadena Ser, donde también culpó a la CEOE de “bloquear la negociación colectiva". Y emplazó a los empresarios a volver a la mesa de negociación salarial con los sindicatos "por el bien del país".

Unas declaraciones que no han sentado bien a los empresarios, que tacharon las palabras de Díaz de ser “muy poco constructivas”, y advirtieron de que esto "complica la negociación bilateral entre empresa y trabajadores”. "CEOE nunca se ha levantado de ninguna mesa. En todo caso, tras sucesivas propuestas empresariales para cerrar un acuerdo salarial antes de verano, no fue posible alcanzarlo por la exigencia de los sindicatos de introducir cláusulas para ligar los salarios al IPC, algo que por responsabilidad no podíamos asumir", puntualizó la patronal..

Llamadas a volver al diálogo

Frente a la actitud más beligerante de Yolanda Díaz, el PSOE no ha querido ser tan crítico con la patronal. Desde el PSOE han recordado que los empresarios también arriman el hombro y han alabado los acuerdos que han alcanzado los agentes sociales en los últimos meses. "El Gobierno quiere seguir trabajando en esa senda de diálogo y también en el respeto", apuntó la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La portavoz del Ejecutivo instó a respetar las conversaciones entre sindicatos y patronal en la negociación colectiva, ya que "esa parte depende solo de ellos". Y, al mismo tiempo, expresó su respeto a "cualquier manifestación como línea para defender esos objetivos de los derechos de los trabajadores".

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Mientras que el PP, tradicionalmente alineado con las reivindicaciones de la patronal, ha emplazado al Gobierno a “aportar soluciones más que manifestarse”. En su opinión, "antes de pedir un esfuerzo a las empresas", el Gobierno debería "dar ejemplo" y deflactar el IRPF, estimando que así se conseguiría reducir la pérdida de poder adquisitivo.

La subida del salario mínimo, la próxima batalla

Ante este contexto, algunos colectivos de trabajadores ya se han lanzado a las calles para reclamar una mejora en sus salarios. Las movilizaciones más destacadas este verano han sido las huelgas de las compañías aéreas de bajo coste Iberia Express, easyJet y Ryanair, que aún siguen sin visos de finalizar por la falta de acuerdo.

Y la situación podría empeorar en los próximos meses, cuando se aborde la subida del salario mínimo para el próximo año. Desde el Gobierno se han comprometido a que alcance el 60 % del salario medio al final de la legislatura, algo que sí comparten tanto PSOE como Unidas Podemos.

“El SMI y su revalorización no puede permanecer al margen de la situación de hiperinflación que estamos viviendo", expresó el pasado viernes el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en una entrevista en RNE, para después volver a pedir a las organizaciones empresariales “corresponsabilidad con el momento que vive el país". Desde la organización sindical marcan como objetivo llegar a los 1.100 euros en 2023. Según Álvarez, este incremento significaría situar el SMI "en los mismos términos que parece que va a acabar la inflación este año".

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En cambio, los empresarios consideran prematuro hablar de una subida del SMI. "Estamos a final de agosto, si sube será en enero. Me parece poco edificante plantear un conflicto salvo que detrás haya un aspecto electoral", apuntó Amor, para después añadir que, cuando conozcan el planteamiento del Ejecutivo, anunciarán su postura. En todo caso, la CEOE ha criticado que, si bien los contextos de crisis dificultan la negociación de los convenios colectivos, los anuncios sobre subidas "desmedidas" del salario mínimo "bloquean las negociaciones" y "representan en la práctica una injerencia en la negociación colectiva".