Máxima tensión en el Poder Judicial: casi cuatro años de bloqueo y amenaza de boicot para no renovar el TC

• Lesmes rechaza que el CGPJ "se declare en rebeldía" ante vocales conservadores que se oponen a renovar el Constitucional
• Comienza el año judicial sin "ninguna esperanza" de desbloqueo en el órgano de gobierno de los jueces

Tenso inicio del año judicial: casi cuatro años de bloqueo del CGPJ y amenaza de boicot para no renovar el TC

En el Poder Judicial se ha instaurado un clima de máxima tensión, a un día de la apertura del año judicial, por la polémica y la incógnita por la renovación del Tribunal Constitucional (TC), cuyo futuro depende de lo que decida este jueves el órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ. Según ha podido saber RTVE, un sector de vocales conservadores está tratando de impedir los nuevos nombramientos y por tanto la renovación del Alto Tribunal, que de efectuarse daría un vuelco al lado progresista. El presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha dicho oponerse a que el CGPJ "se declare en rebeldía". También ha advertido de que la situación de la Justicia en España es “absolutamente desoladora” y que no tiene "ninguna esperanza" de que se pueda renovar el CGPJ, en funciones desde hace casi cuatro años. Todo, cuando por delante llega un año lleno de retos judiciales en una Justicia al borde del colapso.

Lesmes, que este lunes tuvo que salir a desmentir que haya recibido presiones del Gobierno para facilitar la renovación del TC, abrirá el año judicial en un acto este miércoles con el rey que se prevé tenso y con todas las miradas puestas en él. Y es que, un día después, presidirá el pleno en el que el CGPJ (de mayoría conservadora) debe decidir sobre los dos candidatos que les corresponde nombrar para renovar el Constitucional, donde cuatro de los 12 magistrados que lo componen han agotado su mandato: su presidente, Pedro González Trevijano; vicepresidente, Juan Antonio Xiol (el único de corte progresista); y Santiago Martínez Vares y Antonio Narváez.

Al Gobierno le corresponde designar a los otros dos candidatos para cubrir las vacantes, con lo que se garantizaría que el Constitucional pase a tener una mayoría de siete magistrados progresistas frente a cinco conservadores. El Ejecutivo, que en un inicio impulsó una reforma para evitar que el CGPJ hiciera nombramientos estando en funciones (y frenar así el goteo de nombramientos conservadores en el Supremo), sacó otra adelante para que el Consejo sí pudiera hacerlos en el Tribunal Constitucional (que no pertenece al Poder Judicial), e introdujo después una enmienda para dar de plazo hasta el 13 de septiembre al CGPJ para hacer efectivos sus nombramientos y renovar así el Alto Tribunal.

Los nombres que proponga el CGPJ deben tener un consenso de 12 de los 20 vocales que componen este órgano (mayoría cualificada), y Lesmes ya advirtió de que no puede garantizar que vaya a haberlo. Según ha podido saber RTVE, entre el sector conservador del Consejo hay un grupo de vocales que rechaza de lleno que se renueve el Tribunal Constitucional y se muestran muy críticos con que el Gobierno haya impedido al CGPJ en funciones hacer nombramientos en el Tribunal Supremo pero sí lo permita en el Constitucional. Sin embargo, ese grupo de vocales podría no ser suficiente para impedir el 'sí' de otros 12 para elegir los dos candidatos.

La ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha dicho en una entrevista en TVE que no espera "otra cosa" que el Poder Judicial cumpla con la ley y la Constitución y nombre a sus magistrados, porque "no se trata de un debate" ni de una "cuestión caprichosa". También la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha advertido en una entrevista en Onda Cero de que "los vocales del Consejo no pueden colocarse en una posición política sino institucional", y se ha preguntado si entre "tal elenco" de juristas que existen "no va a haber consenso": "No contemplo que con tantos que cumplen los requisitos suficientes, profesionales, rigurosos, juristas de reconocidísimo prestigio no se encuentre a nadie".

Sin "ninguna esperanza" para la renovación del CGPJ

Llop también ha instado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a que "ponga encima de la mesa" a los candidatos de su partido para renovar el CGPJ, que lleva en funciones desde diciembre de 2018.

Precisamente, Lesmes lleva desde entonces haciendo llamamientos a los partidos (especialmente a PSOE y PP) para que se pongan de acuerdo en la renovación del Poder Judicial, especialmente en últimos actos de apertura del año judicial. Pero este lunes reconoció que no tiene "ninguna esperanza".

Actualmente, los 20 vocales que componen el CGPJ (que son elegidos por mayoría de tres quintos en el Congreso y en el Senado), responden a la mayoría absoluta que consiguió el PP de Mariano Rajoy en 2011 y fueron designados en diciembre de 2013.

Desde que caducó su mandato cinco años después, ha habido varios acercamientos infructuosos entre PSOE y PP para su renovación. Los socialistas acusan al Partido Popular de tratar de retener la mayoría conservadora en el CGPJ, que es también el responsable de hacer los nombramientos en el Tribunal Supremo y presidentes de Tribunales y Salas. Y el PP exige ahora como condición para renovar el órgano el compromiso del Gobierno para impulsar una reforma con la que sean los jueces y no los políticos quienes elijan a los vocales de este Consejo.

El Supremo, en una situación “insostenible” sin cubrir vacantes

Mientras, el Tribunal Supremo, se encuentra en una situación “insostenible”. Así se lo trasladó a principios de verano su Sala de Gobierno al CGPJ para que dirigiera al Congreso y al Senado su preocupación por la situación de colapso ante la falta de reemplazo de magistrados en determinadas salas que se han visto muy mermadas a raíz de las jubilaciones o fallecimientos.

La primera consecuencia es la emisión de mil sentencias menos al año, según ha estimado el tribunal. La segunda, un coste que la ministra de Justicia ha estimado en 1,3 millones de euros para los refuerzos que necesita el Tribunal Supremo y, en total, de 12,5 millones en el sistema de justicia: "Este bloqueo afecta directamente al bolsillo de los españoles".

“El paulatino aumento de vacantes que no pueden ser cubiertas merma la capacidad del Tribunal Supremo de cumplir la función que la Constitución y las leyes le encomiendan", advirtió el Tribunal Supremo, que añadió: “En no mucho tiempo", la situación actual "supondrá dificultades extraordinarias" para el funcionamiento del tribunal. El Supremo fue además muy rotundo al señalar la “situación límite” en la que se encontraba la Sala de lo Contencioso-Administrativo ante la imposibilidad de realizar nombramientos. Mientras, el Tribunal tiene por delante que pronunciarse sobre los recursos contra los indultos del 'procès' y que hacer pública la sentencia sobre los ERE, entre otros.

Y no solo el Supremo, una Justicia al borde del colapso debe afrontar a partir de este miércoles comienza un curso con importantes frentes judiciales. Seguirá la investigación del Caso Pegasus para dilucidar la gravedad del espionaje a los teléfonos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros miembros de su Ejecutivo. Además, el juez del Caso Púnica, Manuel García Castellón, debe decidir si sienta a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre en el banquillo por la presunta ‘caja B’ del PP de Madrid. También quedará visto para sentencia el primer juicio al excomisario José Manuel Villarejo por sus trabajos como detective mientras era policía en activo. Y continuarán adelante otras investigaciones y procedimientos relativos al caso del 3% en Cataluña, al cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero o a varios asesinatos de ETA, entre los que está el de Miguel Ángel Blanco.

Casi cuatro año desde el escándalo del ‘whatsapp’ sobre Marchena

PP y PSOE lograron en noviembre de 2018 un pacto para renovar el CGPJ a tiempo y mediante la ley actual, algo que habría evitado también el colapso en el Supremo. El Partido Popular de Pablo Casado (que llevaba solo unos meses al frente del partido) aceptó renunciar a la mayoría progresista en el Consejo a cambio de que Manuel Marchena, que entonces presidía la Sala Segunda del Tribunal Supremo, fuera presidente del CGPJ y del TS. Pero el escándalo del mensaje de ‘whatsapp’ del entonces portavoz ‘popular’ en el Senado, Ignacio Cosidó, defendiendo a su grupo parlamentario el acuerdo porque con la presidencia de Marchena los ‘populares’ controlarían “por la puerta de atrás” la Sala Segunda del Supremo (responsable de juicios como el del ‘procés’), dinamitó la renovación.

Desde entonces, han sido muchos los acercamientos y desencuentros entre los dos principales partidos y ambas formaciones se han dedicado a utilizar al CGPJ como arma de desgaste hacia el contrario. En concreto, el Gobierno acusa al PP de incumplir con la Constitución por sus intereses, mientras que los ‘populares’ reprochan al PSOE que lo que quiere es “controlar” el Poder Judicial.

El último episodio de este enfrentamiento se dio el mes pasado a raíz de una filtración del diario El País relativa a que el PSOE y el PP de Casado firmaron un acuerdo en octubre de 2021 por el que ambos se comprometían a presentar de forma conjunta una reforma de la ley del poder judicial para permitir los nombramientos del Tribunal Constitucional. Un acuerdo que llevaba la firma del entonces secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

La filtración recibió después la confirmación del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque el actual líder ‘popular’, Alberto Núñez Feijóo, lo negó y su formación acusó al Ejecutivo de “trilerismo político”. Sin embargo, el entorno de Casado acabó confirmando también la noticia.

Antes de esto hubo otros intentos de acercamiento, todos inútiles. A principios de 2021 se retomaron las negociaciones. Por entonces el PP no exigía una reforma para que “los jueces elijan a los jueces”, como hace ahora, pero sí vetó a dos magistrados propuestos por el Gobierno como vocales del CGPJ: el juez Ricardo de Prada, miembro del tribunal del caso Gürtel que condenó al PP a título lucrativo, y Vicky Rosell, delegada del Gobierno contra la violencia de género y exdiputada de Unidas Podemos. Además, el PP de Casado vetó a Unidas Podemos de las negociaciones con el Gobierno para el desbloqueo del CGPJ.

Llamadas de atención de Bruselas y queja de las asociaciones judiciales

En 2020, el Gobierno trató de sortear los vetos del PP y planteó una reforma para rebajar la mayoría de tres quintos necesaria para designar a los vocales a mayoría absoluta en el Congreso, algo que generó críticas entre los jueces y no gustó en Europa. Tras una llamada de atención del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, el Gobierno acabó retirando la iniciativa.

Y el pasado mes de julio, la Comisión Europea instó por tercera vez a España a desbloquear la renovación del CGPJ, pero también a reformarlo para reforzar su independencia.

Las asociaciones de jueces también han dado la voz de alarma en distintas ocasiones. La Asociación Jueces y Juezas por la Democracia ha llegado a pedir directamente la dimisión de Lesmes para forzar a la renovación del órgano y revertir la “anormalidad democrática”. Mientras, la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria son partidarias de modificar el sistema de elección de los vocales del CGPJ para que sean los jueces y no los partidos los responsables, en la línea de lo que pide actualmente el PP.