La Fiscalía pide proteger a las víctimas para facilitar su testimonio: "Somos nosotros quienes debemos adaptarnos"

• El fiscal hace hincapié en tres ámbitos: violencia de género, víctimas de trata y delitos de odio
• Así consta en la Memoria de la Fiscalía de 2021, que ha sido presentada este miércoles en el Tribunal Supremo

La Fiscalía General del Estado ha expresado su preocupación por las víctimas de violencia sexual en la memoria de 2021.

La Fiscalía General del Estado se ha comprometido a ofrecer a las víctimas de violencia machista, delitos de odio y trata herramientas para facilitar su testimonio, que califica de "imprescindible" en cualquier fase del procedimiento, para evitar incomparecencias o la revictimización en el juicio.

"No son las víctimas las que se tienen que adaptar al proceso o a la Justicia: somos nosotros quienes debemos adaptarnos a ellas y a sus necesidades", ha dicho la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, al presentar la memoria de la Fiscalía General del Estado 2021, en el acto de apertura del año judicial, donde ha sustituido al fiscal general, Álvaro García Ortiz, tras su positivo por COVID-19.

El Ministerio Público considera que el testimonio de las víctimas "no debe significar una carga, un elemento violento o desgarrador", por lo que se compromete a "explorar todos los aspectos posibles de protección para proporcionar a los fiscales una herramienta jurídica integral" poniendo a la institución al servicio del legislador para tal fin.

Con ello se pretende, principalmente, evitar la victimización secundaria mediante mecanismos, como otorgar a su testimonio en cualquier fase del procedimiento el valor de prueba preconstituida, y hace hincapié en tres ámbitos: violencia de género, víctimas de trata y delitos de odio.

En su discurso, Sánchez Conde no ha olvidado pedir una mayor autonomía del Ministerio Fiscal a nivel presupuestario, organizativo, normativo y formativo que pasa por una "reforma estatutaria", al tiempo que ha reiterado que desde la Fiscalía son "plenamente capaces de asumir la investigación criminal en las mejores condiciones", lo que implica el cambio del proceso penal pasando del juez de instrucción al fiscal investigador.

La número dos de la Fiscalía ha desgranado en el discurso los principales hitos de la Memoria relativa a 2021.

Terrorismo

La Fiscalía abrió 151 procedimientos por terrorismo en 2021, según la Memoria, que advierte de la "gran divergencia" que existe en los tribunales a la hora de juzgar los delitos de enaltecimiento. Así, mientras en casos de enaltecimiento yihadista la condena "no resulta en exceso complicada", en los casos de ETA o el GRAPO las exigencias jurisprudenciales lo han convertido en un delito "de casi imposible condena".

Se constata "un repunte" de actos de violencia callejera en el País Vasco y Navarra (abrió investigación en 17 de ellos), en tanto que en Cataluña "lo que en la etapa 2017-2019 constituyó una genuina red, coordinada y dinámica de ejercicio de la violencia callejera, mayoritariamente de baja intensidad, ha decaído al mismo ritmo que la militancia radical ha ido abandonando la acción directa", señala el informe.

También deja constancia la Memoria de que a finales de 2021 se contabilizaban 42 huidos de ETA, 24 de ellos con requisitorias judiciales en vigor.

Por otra parte, el Ministerio Público apunta que al menos cuatro españoles permanecen integrados como combatientes en milicias o grupos paramilitares en zonas del Kurdistán iraquí y otros dos se desplazaron al inicio del conflicto de Ucrania y han decidido fijar su residencia estable en la zona.

Anticorrupción

El informe propone una más rigurosa regulación de las llamadas "puertas giratorias" y de los 'lobbies' y reforzar en las administraciones la meritocracia y el principio de objetividad además de mejorar los mecanismos de control y los sistemas de contratación pública.

Esta es una de las propuestas de reforma legislativa contenidas en el capítulo de la Memoria correspondiente a Anticorrupción, que insiste en la necesidad de seguir profundizando en las políticas preventivas relacionadas con la transparencia, la rendición de cuentas y el fácil acceso a la información de interés público.

"El diagnóstico y el tratamiento del problema están identificados, solo falta que nuestros responsables políticos se pongan a trabajar decididamente en esta dirección", señala la Fiscalía.

En cuanto al Código Penal, el Ministerio Público propone un año más la inclusión de un delito de enriquecimiento ilícito, lo que viene defendiendo desde 2017.

También avisa la Fiscalía de que la plantilla de Anticorrupción "es a todas luces insuficiente" para afrontar la carga de trabajo del departamento, que ha sufrido un "notable incremento" en el pasado año registrando un total de 1.291 denuncias respecto a las 1.069 que recibieron en el 2020.

Odio

El Ministerio Público alerta de que en 2021 se tramitaron 1.824 procedimientos penales por delitos de odio en los juzgados de instrucción, un 27 % más que un año antes, y se registraron 195 escritos de acusación por parte de la Fiscalía, un 44,4 % más.

El principal motivo tras esos delitos sigue siendo el racismo, pero la discriminación por orientación e identidad sexual se sitúa casi a la par y aumenta el odio por motivo ideológicos.

En este contexto, pide incluir la discriminación por "origen territorial y el uso de las diferentes lenguas oficiales" dentro del país entre las circunstancias agravantes y los tipos penales de los delitos de odio.

Se ha constatado "un paulatino goteo de incidentes en los que se ven implicados elementos de extrema derecha", sumado a un aumento en foros y redes sociales de mensajes que se identifican con la órbita nazi.

Violencia machista

En relación con la violencia sexual, el Ministerio Público expresa su preocupación por las víctimas, para quienes solicita que no tengan que declarar de forma reiterada ante los tribunales "para rememorar y narrar lo acontecido", sino que valga con su testimonio en la fase de instrucción e investigación.

Las consecuencias de su comparecencia reiterada, advierte el informe, tiene consecuencias "incuestionables" para las víctimas, y por ello reclama una regulación expresa de la prueba testifical preconstituida para las víctimas de violencia sexual.

Entre sus propuestas de reformas legales, la Fiscalía pide una modificación íntegra de la dispensa de la obligación de declarar para que no puedan acogerse a la misma las propias víctimas del delito, ya que detrás de esa decisión "subyace temor a su agresor, presión de su entorno o dependencia emocional de él".

Migración

En su informe, el Ministerio Público advierte de lo "preocupante" que resultan los "asaltos" a las vallas de Ceuta y Melilla porque ponen en riesgo la integridad física de los inmigrantes que intentan acceder y de los agentes que pretenden evitarlo y causan una gran alarma social.

Recuerda que la entrada masiva a Ceuta en mayo de 2021 de casi 10.000 personas ha conllevado que "un número importante" de ellas estén en situación irregular y abocadas a formar parte de núcleos marginales, además de que provocó problemas serios para su acogida en lugares dignos y adecuados, por lo que ha lamentado la falta de previsión de estas situaciones por parte de las autoridades.

Por otro lado, la Fiscalía ha advertido de que el intento de devolución de menores a Marruecos que puso en marcha la Delegación de Gobierno de Ceuta en 2021, supuso "atajos" y "cercenaba garantías básicas" del proceso de repatriación, como la audiencia del interesado, la presencia de un defensor o la intervención del Ministerio Fiscal.

En la actualidad, tal y como apunta el informe, estas actuaciones "han cesado" y, debido a esta medida, ningún menor extranjero no acompañado ha sido repatriado durante 2021. En total, han sido 4.034 los menores que han entrado en el país de forma irregular en 2021, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior, de los que también se desprende que un 75,5% de ellos (3.048) lo hicieron sin la compañía de un adulto.

Menores

Se registraron 211 casos de "máxima" o "extrema gravedad", aumentando un 25,2 % sobre 2020, año marcado por la pandemia. Hubo "un fuerte incremento" de los delitos contra la vida, con 88, aunque en su mayor parte fueron intentos de asesinato u homicidio.

También detecta la Fiscalía un "problema delictivo enquistado" en a violencia doméstica hacia padres y hermanos, y se confirma la "tendencia al alza" de la violencia machista entre adolescentes desde 2017.

La Memoria alerta "contra la despreocupación y banalidad con que se afrontan las relaciones sexuales entre adolescentes": en 2021 se incoaron 2.625 procedimientos por delitos contra la libertad sexual, frente a los 1.661 de 2020; los 1.934 de 2019 o los 1.833 de 2018.

En 2021, las agresiones sexuales denunciadas fueron 668, frente a las 544 de 2020 o las 564 de 2019.

Se sigue haciendo hincapié "en los comportamientos altamente sexualizados a edades muy tempranas", y ese inicio precoz se vincula, fundamentalmente, al acceso a la pornografía en dispositivos móviles desde edades impúberes. "Ese aprendizaje desviado puede estar contribuyendo al aumento también de los casos de delitos sexuales incestuosos", advierte la Memoria, que detalla que solo en Toledo se contabilizaron siete casos de abusos sexuales entre hermanos.

Criminalidad informática

La Fiscalía, que reclama más medios para luchar contra la ciberdelincuencia, alerta del constante incremento en el tráfico digital de material de abuso sexual infantil y constata además "una cierta tendencia a la normalización por parte de algunos menores de los contactos on-line de carácter sexual con adultos a cambio de compensaciones de carácter económico".

Ante el aumento del acoso a mujeres en las redes, vuelve a pedir que se tipifiquen como delito la suplantación de identidad en internet, y reclama también que se pueda acordar judicialmente la retirada de contenidos ilícitos, ofensivos y humillantes, como se hace en el caso de la pornografía infantil.

Seguridad vial

Tras dos años de pandemia, en 2021 se dispararon las sentencias condenatorias por exceso de velocidad y por conducción bajo la influencia del alcohol o drogas, al tiempo que aumentaron las conducciones temerarias.

El Ministerio Público detecta que un "relevante" porcentaje de ciclistas y usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP), como los patinetes, no cumplen las normas viales: se saltan semáforos en rojo, van en dirección no autorizada e invaden zonas peatonales por las que no pueden circular, "perturbando, a veces gravemente", la convivencia ciudadana.

Por ello, reclama controles en determinadas zonas que se consideren especialmente conflictivas y un marco normativo claro.

Además, la memoria de la Fiscalía advierte de que las víctimas de accidentes de tráfico no reciben, en general, pese a los esfuerzos realizados, la atención jurídica y personal debida y con frecuencia se encuentran en situación de indefensión ante sus derechos morales y resarcitorios, particularmente las de mayor vulnerabilidad económica o social.