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Lesmes amenaza con dimitir si Sánchez y Feijóo no desbloquean el Poder Judicial en las próximas semanas

  • Les acusa de "erosionar" la Justicia y pide renovar el CGPJ sin condiciones con la ley actual o devolverle sus funciones
  • Ha cargado contra el "estropicio" de la reforma del Gobierno en la apertura del año judicial y tras casi cuatro años de bloqueo

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Lesmes exige a Sánchez y Feijóo que se reúnan "con urgencia" para renovar el CGPJ

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha dado un golpe sobre la mesa y ha amenazado con dimitir si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no desbloquean el Poder Judicial, que lleva en funciones casi cuatro años, con su renovación o con la devolución de sus competencias. En este sentido, les ha pedido dejar de lado los "intereses partidistas" y les ha exigido una reunión "urgente" para renovar el Consejo sin condiciones mediante la ley actual (en una referencia velada al PP).

Lesmes ha sido muy crítico con el Gobierno y con el PP, a quienes ha acusado de "tensionar la Justicia", "debilitarla" y "erosionarla" en un acto de apertura del año judicial presidido por el rey y que se ha visto envuelto en los últimos días por la polémica sobre la renovación del Tribunal Constitucional, cuya renovación está en el aire.

En este contexto, el también presidente del Tribunal Supremo ha instado a Sánchez y Feijóo a poner "solución definitiva a esta situación insostenible" o, de lo contrario, tomará decisiones que ni “quiere” ni le “gustan”: “Resultaría inadmisible mantenerse impávido en esta responsabilidad en esta situación inaceptable”.

Posteriormente, en un corrillo con periodistas, ha explicado que su dimisión sería una de esas decisiones si no se resuelve la situación y que podría llegar en cuestión de semanas. Sin embargo, descarta una renuncia colectiva en el CGPJ porque sería "poco responsable" e "inaceptable desde la perspectiva ciudadana y de la Carrera Judicial", ya que podría dar lugar además a responsabilidades de distinta naturaleza".

Lesmes, que ha dicho perder la "confianza" que concluya ya un bloqueo cuyos efectos "se agravan", ha exigido que se renueve el CGPJ mediante la ley actual (como quiere el Gobierno), por la que todos los vocales (20) deben ser revalidados en el Congreso y en el Senado por los partidos políticos, y ha instado a impulsar después una reforma del sistema de elección de los miembros del CGPJ (que reclama el PP) para que tengan más peso los propios jueces. Y ha pedido, al menos, que si no se renueva el Consejo, se le devuelvan las competencias para realizar nombramientos que el Gobierno le retiró mediante una reforma de la ley del Poder Judicial.

Tras su llamamiento, el Gobierno ha emplazado a Feijóo a que "mañana mismo" ponga sus nombres para el Tribunal Constitucional, mientras que el líder del PP ha dicho que está dispuesto a una reunión si Sánchez le llama, pero ha incidido en los requisitos que puso el PP para reforzar la independencia e impedir las puertas giratorias entre política y justicia.

Carga contra el "estropicio" de la reforma del Gobierno

Pero Lesmes ha sido muy crítico con los dos: con el Gobierno, por su reforma del CGPJ; y con el PP, por sus exigencias y condiciones. Respecto al Ejecutivo, ha criticado un "estropicio" de reforma que supone "un enorme debilitamiento de su función constitucional" y tiene unos efectos "devastadores". El Gobierno impulsó esta ley para frenar el goteo de nombramientos de un CGPJ de mayoría conservadora en el Supremo. Pero ello supone, ha expuesto, que 14 vacantes siguen sin cubrir y en los próximos meses serán 20, lo que supone un 25% de plazas del Alto Tribunal. O que el 21 de diciembre la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central dejará de actuar. Una situación que ha tildado de inédita en toda la democracia española.

Ha reconocido que el Ejecutivo se vio después "obligado a rectificar apresuradamente su reforma" para que el Consejo sí pudiera nombrar candidatos al Tribunal Constitucional y facilitar así su renovación (que daría un vuelco al tribunal hacia el lado progresista), pero ha destacado que si bien el TC es un "órgano nuclear", el Supremo también es un "órgano esencial para el buen funcionamiento del Estado de Derecho". Y ha advertido de que en unas semanas, la Sala de lo Social y la de lo Contencioso Administrativo no podrán constituir sus secciones de judiciamiento por falta de magistrados.

En su rectificación para permitir nombramientos en el TC, el Gobierno dio de plazo al CGPj hasta el 13 de septiembre para designar a sus candidatos, pero una parte de vocales conservadores amenazó con boicotear esta renovación ante su malestar por la limitación de las funciones del Consejo por parte del Gobierno. Tras una reunión este martes por la noche, se han abierto a consensuar a los candidatos para el Constitucional, pero han avisado de que hace falta tiempo y eso implica que es probable que no se cumpla el plazo dado por el Ejecutivo.

Rechaza las condiciones del PP: "El respeto a la ley es inexcusable"

Lesmes también ha sido muy severo con el PP, a quien ha recordado que "el respeto a la ley es inexcusable", por lo que la renovación "debe acometerse con urgencia y de conformidad a la legislación vigente, sin que se pueda supeditar a distintas condiciones de ninguna formación política". Y es que los 'populares' se niegan a pactar con el PSOE ninguna renovación si no se compromete a reformar el sistema de elección de los jueces. Previamente, en otros intentos, llegó a vetar a dos candidatos propuestos por PSOE y Unidas Podemos e incluso se negó a negociar nada con el Gobierno si estaba la formación morada.

En este sentido, el presidente del Consejo ha recordado que el mandato de los vocales es de cinco años (el de los actuales terminó en diciembre de 2018). "No puede considerarse algo meramente orientativo", sino que el Congreso y el Senado "están obligados a respetar ese plazo", algo que es extensible a las fuerzas políticas allí representadas y no puede "subordinarse a razones de oportunidad política".

Sí que ha reconocido que, una vez renovado el Consejo, "será hora, sin duda", de abordar otros debates como una reforma de la elección de los vocales, ya que aunque durante 40 años la responsabilidad ha recaído en el Congreso y el Senado, hoy el modelo "se ha instalado en una crisis de difícil salida" y genera "una percepción negativa muy generalizada de politización" entre la ciudadanía.

"La desjudicialización" del 'procès' es "huir de la igualdad ante la ley"

Más allá de instar a la renovación del CGPJ, Lesmes ha criticado a quienes abogan por "desjudicializar" el 'procès', en alusión tanto a los líderes independentistas como al Gobierno, que se abrió a ello en la mesa de diálogo sobre Cataluña al apostar por la vía política para resolver el conflicto. Ha criticado que se plantea esto "como si los jueces fueran responsables" del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, cuando la labor de los jueces y fiscales fue clave para preservar la convivencia en Cataluña y garantizar la primacía de la Constitución.

Según ha expuesto, todo ello puede acabar con el principio de igualdad ante la ley y conllevar "el triunfo de la indisimulada pretensión de impunidad de determinadas categorías de sujetos frente al resto de los ciudadanos por el simple hecho de su capacidad de influencia política".

Y ha insistido en que el respeto al Derecho exige respetar las decisiones judiciales: "Entenderlo de otra manera es considerar el Derecho como mera retórica oportunista que puede ser cambiada a conveniencia mediante el simple trámite de neutralizar por diversos procedimientos las sentencias judiciales que no son conformes con el interés político del momento".