El Salvador procesa al conocido como "escuadrón de la muerte" por delitos de lesa humanidad

• Son acusados de asesinato, privación de libertad, asociaciones ilícitas y delito contra las leyes de guerra
• Es la primera vez en el país que se procesa a una estructura de este tipo por hechos cometidos en la década de los 80

Un soldado enmascarado hace guardia cerca de una prisión en Quezaltepeque, El Salvador.

La Fiscalía de El Salvador ha presentado ante una Corte de instrucción un dictamen de acusación contra una estructura de "escuadrón de la muerte", que es la primera en ser procesada por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la guerra civil (1980-1992), según ha informado este miércoles la institución.

Ha señalado en sus redes sociales que "se ha presentado la acusación fiscal contra cuatro personas que formaban parte de una estructura conocida como escuadrones de la muerte", la cual operaba en la década de 1980 en el departamento de San Miguel (este).

"Esta es la primera vez en la historia del país que se procesa a una estructura de este tipo por hechos cometidos en la década de los 80, bajo la modalidad de delitos de lesa humanidad", ha afirmado la fuente.

Acusados por varios delitos

El Ministerio Público sostiene que son acusados por los delitos de asesinato, privación de libertad, asociaciones ilícitas y delito contra las leyes o costumbre de guerra.

Los acusados han sido identificados como José Inés Benavides Martínez, Luis Alonso Benavides Polio, José de la Cruz Orellana y Ángel Aníbal Alvarado Benítez.

En agosto de 2021, fueron detenidos los dos procesados de apellido Benavides y Orellana, y el tribunal que conoció el caso declaró crimen de lesa humanidad la masacre de 5 personas a manos de estos exmilitares.

Los imputados son acusados de los homicidios de Ángel María Chávez, María Aguilar de Chávez, José Luciano Benavides, Guillermo Magaña y Rogelio de la Cruz Magaña.

Crímenes de lesa humanidad atribuidos mayoritariamente al Ejército

La guerra civil salvadoreña se saldó con unos 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos y no fue hasta 2016 que un fallo de la Sala de lo Constitucional permitió que se investigaran y juzgaran los crímenes de lesa humanidad, la mayoría atribuidos al Ejército.

Entre estos casos se encuentran el de San Óscar Arnulfo Romero y la masacre de unos 1.000 civiles desarmados en la remota localidad de El Mozote en 1981.