La Audiencia de Madrid rechaza imputar al primo de Martínez Almeida en el caso de las mascarillas

• Desestima en un auto el recurso de apelación del PSOE contra la no imputación del familiar del alcalde de Madrid
• La sala considera que citarle como investigado "le somete a un estigma" y cree que no hay "indicios sólidos"

Carlos Martínez Almeida, primo del alcalde de Madrid, en una imagen del pasado mes de mayo.

La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado imputar a Carlos Martínez Almeida, primo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en el llamado caso de las mascarillas, causa en la que se investiga una presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compraventa de material sanitario al inicio de la pandemia, al considerar que no hay "indicios sólidos".

En un auto al que ha tenido acceso RTVE, se desestima así el recurso de apelación presentado por el PSOE y el Grupo Municipal Socialista contra la decisión del juez instructor de no citar como investigado al primo de Martínez Almeida. En la resolución, los magistrados creen que no le supondrá "ninguna clase de beneficio" la imputación y que le sometería a "un estigma".

El PSOE y el Grupo Municipal Socialistas, acusaciones populares en la causa, solicitaban investigar a Carlos Martínez-Almeida, que fue quien facilitó a uno de los empresarios investigados, Luis Medina, el correo para que se pusiese en contacto con el Consistorio. Así, la Audiencia de Madrid vuelve a confirmar su rechazo a investigar al primo de Martínez Almeida.

"No se encuentra en la causa (...) la realidad de indicios sólidos que permitan mantener la imputación de tráfico de influencias que se sostiene, como tampoco sobre la existencia de una eventual estafa, que exigiría un concierto de voluntades al efecto", señala el auto.

Cree que facilitar un número o un correo no conlleva realizar presiones

El tribunal afirma que "la sola circunstancia" de que Carlos Martínez-Almeida proporcionase Medina el "teléfono o correo" de una responsable del Ayuntamiento "no conlleva necesariamente la realización de ulteriores presiones o intentos de manipulación torticera en su esfera de poder" apoyándose en su condición de primo del alcalde.

"Ningún dato consta en tal sentido", indica la Sala, que sostiene que "una cosa es informar a alguien conocido sobre los datos que permiten dirigirse a un funcionario, y otra cualitativamente distinta es ejercer actuaciones de presión moral sobre el mismo".

Y añade: "El solo hecho de haber proporcionado información sobre los medios para contactar no permite inferir si más el ejercicio de una posterior influencia indebida".

El tribunal, para el que "no es suficiente la expresión de meras sospechas", carga contra la acusación popular por "sostener la pretendida infracción delictiva sin apoyo objetivo en hechos constatados en la causa" y no comparte "en modo alguno" su argumento acerca de que la declaración de un investigado "suponga ninguna clase de beneficio".

No le ve "beneficios" a su imputación

Explica que el hecho de que un testigo deba siempre decir verdad ante el juez "no significa que deba contestar las preguntas que se le formulen y que resulten eventualmente perjudiciales para sus intereses" dado que no deroga el derecho a no declarar contra sí mismo, de modo que no ven "perjuicio alguno" en que declarase como testigo, como así le citó el juez del caso, Adolfo Carretero.

Y asevera que, más bien al contrario, la declaración de alguien como investigado "le somete a un estigma que resulta de carácter inequívocamente peyorativo ante terceros, y que debe evitarse si no es por razón del concurso de indicios relevantes y aptos para sustentar tal condición".

El primo de José Luis Martínez Almeida declaró ante el juez que una profesora universitaria le comunicó que se había puesto en contacto con él un empresario y exalumno suyo porque podía aportar material sanitario al consistorio, y quería saber si le podía dar su contacto.

Carlos Martínez-Almeida habló con Medina y contactó con la coordinadora general del Ayuntamiento de Madrid, Matilde García, quien le dio un correo "genérico".

En esta causa se investiga si los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina, hijo del duque de Feria y de Naty Abascal, pudieron haber estafado al Ayuntamiento en la operación de compraventa de material sanitario al inicio de la pandemia, con la que se habrían embolsado 6,6 millones de dólares.