El Gobierno aprueba la ley que protege a los denunciantes de prácticas corruptas con multas de hasta un millón de euros

• Empresas de más de 50 trabajadores, partidos políticos y sindicatos deberán contar con cauces internos de denuncia
• Por esta norma se crea una autoridad administrativa independiente y un régimen sancionador

El Consejo de Ministros ha aprobado, en segunda vuelta, la ley reguladora de protección de los informantes.

El Consejo de Ministros ha aprobado, en segunda vuelta, la ley reguladora de protección de las personas que denuncien prácticas de corrupción, una norma que traspone una directiva europea de 2019 conocida como whistleblower. El objetivo de la norma, ha asegurado la ministra de Justicia, Pilar Llop, es establecer el régimen jurídico para proteger a las personas que comuniquen informaciones sobre la infracción del derecho en organizaciones públicas y privadas.

"Nos va a hacer mejorar como país en el ránking de corrupción que elaboran organismos importantes como son Transparencia Internacional, el grupo de estados contra la Corrupción GRECO o GACI", ha señalado la ministra de Justicia en rueda de prensa tras la aprobación de la norma.

La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha explicado que este proyecto de ley "viene a dar respuesta a los grandes compromisos de este Gobierno", entre los que ha mencionado "la regeneración democrática, la higiene en las instituciones y la lucha contra la corrupción". Además, ha subrayado que este texto "envía este mensaje a la sociedad, de que la lucha contra la corrupción es una labor ética de todos y todas".

La directiva europea que traspone esta norma, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la UE, tenía que estar desde diciembre plasmada en la legislación nacional, por lo que, ante el retraso, la Comisión Europea abrió en febrero un procedimiento contra España y otros veinticinco estados miembros.

La norma permite formular informaciones de manera "anónima" y establece dos cauces, externo e interno en cada una de las distintas organizaciones, para que pueda comunicar las infracciones. Según los riesgos de represalias que pueda tener la persona que comunica la infracción, se podrá elegir el cauce deseado.

Deberán contar con ese canal interno para comunicar infracciones todas las empresas de más de 50 trabajadores, todos los partidos políticos y organizaciones sindicales. También las fundaciones que reciban fondos públicos.

Multas de hasta un millón de euros

Se crea, ha dicho Llop, una "autoridad administrativa independiente que va a suplir lo huecos que quedan en nuestro país en materia de lucha contra la corrupción". La elaboración del texto ha sido "compleja", pero se ha intentado "guardar el equilibrio necesario", no obstante, ha dicho la ministra, "la norma seguramente tendrá su recorrido en tramitación parlamentaria".

La norma contempla un régimen sancionador cuando se produzcan "acciones" encaminadas a "limitar" los derechos que protege esta ley, sobre todo aquellas enceminadas a obstaculizar las comunicaciones, como represalias o informaciones falsas, que "pueden generar un grave daño a la reputación de personas o instituciones".

Si se trata de personas físicas, están previstas multas entre 1.001 y 300.000 euros, según el grado de conducta y si se trata de persons jurídicas, la norma contempla multas de 10.001 a 1.000.000 de euros de euros, dependiendo de la gravedad.

Además de las económicas habrá otras sanciones, como amonestaciones públicas o la prohibición de recibir subvenciones, de contratar con la administración pública o de obtener beneficios fiscales.

No sustituye la vía judicial

Los mecanismos que se establecen en la norma no sustituyen las tradicionales vías de denuncia cuando el hecho que se informe sea constitutivo de delito quedará siempre abierta la vía judicial, ha señalado Llop, que lo ha calificado de texto de "gran complejidad" por lo que supone "introducir nuevas figuras dentro de nuestro entramado institucional y del sector privado".

Para su elaboración se ha contado con "sugerencias de parte de la sociedad civil, pero también de las comunidades autónomas" y también con la Federeción Española de Municipios y Provincias porque también será de aplicación a las entidades locales.

"Cualquier ciudadano, cualquier funcionario púlbico, podrá informar de operaciones, adjudicaciones que sean sospechosas y la legislación tiene la obligación de ofrecer una protección real y efectiva frente a cualquier tipo de represalia, tanto a él como en caso de que exista una situación de riesgo a su entorno", ha señalado Llop.