El Congreso avala tramitar los impuestos a las energéticas y la banca con amplio apoyo, pese al rechazo de la derecha

• La proposición de ley comienza su andadura con el voto a favor del bloque de los socios de la investidura
• El texto prevé un gravamen del 1,2% a las ventas de las empresas energéticas y de un 4,8% a la banca

Un hombre saca dinero de un cajero automático de una entidad bancaria

El impuesto a la banca y a las compañías energéticas ha superado este martes la primera votación. La Cámara Baja ha aceptado por 187 votos a favor, 153 en contra y ocho abstenciones la tramitación de la proposición de ley, que inicia así su andadura legislativa con el objetivo de entrar en vigor a comienzos del próximo año.

La mayoría del Congreso ha avalado los nuevos impuestos durante el debate de admisión a trámite de la iniciativa, que ha suscitado el rechazo de PP, Vox y Ciudadanos. Además de las formaciones que conforman el Ejecutivo, han respaldado la tramitación de los impuestos socios habituales como Esquerra Republicana, el PNV o EH-Bildu, pero también Coalición Canaria, el BNG y la CUP.

Los socios de coalición han optado por esta fórmula, la proposición de ley, para poner en marcha un gravamen del 1,2% a las ventas de las grandes empresas energéticas y de un 4,8% a las comisiones e intereses netos de la banca. Los nuevos impuestos fueron anunciados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el debate del estado de la nación.

El texto prevé la creación de dos prestaciones patrimoniales de naturaleza pública y carácter no tributario, que no podrán trasladarse a los consumidores, una obligación que será vigilada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y cuyo incumplimiento sería una falta "muy grave" sancionada con el 150% del importe trasladado.

Las prestaciones afectarán a una veintena de grandes empresas durante dos años, a pagar en 2023 y 2024, aunque referidas a los resultados del año previo, y no podrán deducirse en el impuesto de sociedades.

PSOE: "Tiempos extraordinarios exigen esfuerzos extraordinarios"

"Tiempos extraordinarios exigen esfuerzos extraordinarios", ha dicho la diputada socialista Patricia Blanquer al comienzo de su intervención, argumento al que se ha sumado el diputado de Unidas Podemos, Txema Guijarro, al defender "un reparto justo y equilibrado en una situación sobrevenida".

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha asegurado que los nuevos gravámenes no amenazan la sostenibilidad financiera de los dos sectores, a los que ha pedido "que arrimen el hombro". "Ser patriota es eso, no envolverse en una bandera gigante", ha dicho.

El debate ha provocado que los grupos de la Cámara se hayan dividido en dos bandos claros: quienes apoyan que los sectores beneficiados por la crisis aporten más a las arcas públicas y quienes creen que generará inseguridad jurídica y que lo acabarán pagando los ciudadanos.

Entre los apoyos, EH Bildu, ERC, BNG, la CUP o Más País, que han reclamado además que ambos gravámenes sean permanentes y han confiado en poder "mejorar" la ley. El PNV también ha apoyado los impuestos, aunque su portavoz Idoia Sagastizabal ha sido muy crítica con su diseño, porque hay riesgo de que "por cuestiones jurídicas o técnicas" queden anulados por los tribunales.

Tanto PNV como EH Bildu han advertido, además, de la invasión de competencias que supone la norma, algo que ya se ha comprometido este martes a estudiar el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, y que será corregido durante el trámite parlamentario.

El PP pide retirar los impuestos y esperar a la UE

Al margen del apoyo a la norma, han sido varios grupos lo que han alertado de la "arquitectura débil" de estos impuestos, así como de que se haya tramitado como proposición de ley, en lugar de proyecto de ley, para ahorrarse todos los trámites previos a su presentación en las Cortes.

Por su parte, el PP ha defendido la retirada de esta proposición de ley hasta que en la Unión Europea (UE) no se haya fijado una decisión definitiva al respecto, a la vez que ha cuestionado que, desde su punto de vista,  el impuesto en realidad grava cifras de negocios y no solo los beneficios extraordinarios de las compañías.

El diputado 'popular' Mario Garcés también ha criticado que se fíe el cumplimiento de la banca a la vigilancia de la CMNC, "a la que ni siquiera se ha consultado" previamente y que se haya querido disfrazar un tributo de "prestación patrimonial".

La diputada de Ciudadanos Mari Carmen Martínez ha asegurado que la norma "adolece de sectarismo e inseguridad jurídica", lo que "facilita el camino a una posible impugnación" por los tribunales. "El Gobierno ha hecho una auténtica chapuza, un disparate", ha incidido también el vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal.

Los grupos que han votado en contra han criticado también que el Gobierno quiera recaudar con esta prestación tributaria 2.000 millones anuales de las empresas energéticas y 1.500 millones de la banca, que terminarán recayendo en las espaldas de los consumidores, cuando el Gobierno lleva ingresados vía impuestos 22.000 millones de euros más este año.