Bruselas quiere prohibir los productos fabricados en condiciones de trabajo forzado

• Pretende combatir la “esclavitud moderna” y afectará a bienes producidos dentro y fuera de la Unión Europea
• Las autoridades nacionales podrán retirarlos del mercado si demuestran que se han elaborado en estas condiciones

En 2021, había 27,6 millones de personas en situación de trabajo forzoso, según la OIT.

Bruselas busca prohibir los bienes fabricados en condiciones de trabajo forzado en el mercado europeo. Esta propuesta, que no va dirigida a empresas o industrias concretas, quiere combatir la “esclavitud moderna”, tal y como ha indicado en un comunicado el vicepresidente ejecutivo de la Comisión y responsable de Comercio, Valdis Dombrovskis.

“Nuestro objetivo es eliminar del mercado de la UE todos los productos fabricados con mano de obra forzada, independientemente de dónde se hayan fabricado”, ha apuntado Dombrovskis.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo forzoso es aquel que se realiza de manera involuntaria y bajo amenaza de una pena cualquiera. En esta situación, se obliga a una persona a realizar la labor mediante el uso de la violencia o la intimidación.

Según el informe Estimaciones mundiales sobre la esclavitud moderna: trabajo forzoso y matrimonio forzoso publicado este lunes por la OIT, en 2021 había 27,6 millones de personas en situación de trabajo forzado, de las que 17,3 millones eran explotadas por el sector privado. El 12% del total eran niños, y más de la mitad de ellos también víctimas de explotación sexual.

Control nacional para retirar estos productos del mercado

Según su propuesta, las autoridades nacionales podrán retirar del mercado de la UE los productos fabricados con trabajo forzoso tras llevar a cabo una investigación. Para ello, deberán consultar diferentes fuentes e identificar los riesgos de trabajo forzoso en determinados productos o áreas geográficas, así como la debida diligencia que deben seguir las empresas para evitar este fenómeno.

En este proceso, las autoridades nacionales iniciarán investigaciones de los productos sospechosos y podrán solicitar información a las empresas y realizar controles e inspecciones, incluso en países de fuera de la UE.

Si descubren que existe trabajo forzado, ordenarán la retirada de los productos ya comercializados y prohibirán su comercialización y exportación. En el caso de que las autoridades nacionales no logren reunir las pruebas necesarias por la falta de cooperación de una entidad o la autoridad de un país que no pertenezca a la UE, podrán tomar una decisión de acuerdo a los hechos que hayan recabado hasta entonces.

También se exigirá a las empresas que se deshagan de los productos, y las autoridades aduaneras de los países miembros se encargarán de hacer cumplir la normativa en las fronteras de la UE.

La Comisión Europea tiene previsto publicar directrices en un plazo de 18 meses a partir de la entrada en vigor de este reglamento, con orientaciones sobre la diligencia que deben adoptar las empresas en materia de trabajo forzoso, y la información sobre los indicadores de riesgo. Ahora la propuesta deberá ser debatida y aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión para poder entrar en vigor y, a partir de ese momento, se deberá aplicar en los siguientes 24 meses.

Un diseño específico para pymes

Bruselas propone que las autoridades competentes evalúen los riesgos y apliquen proporcionalidad en todo el proceso, de manera, por ejemplo, que se tenga en cuenta la situación de las pymes.

Las pequeñas y medianas compañías no estarán exentas de la regulación, pero se beneficiarán de un diseño específico de la misma. Se tendrá en cuenta el tamaño y los recursos de los operadores económicos afectados y la magnitud del riesgo de trabajo forzoso antes de iniciar una investigación formal.

Tal y como han indicado, de los miles de millones de productos importados en la UE, "solo una pequeña fracción estará efectivamente contaminada, digámoslo así, por el trabajo forzado", por lo que cuentan también con la cooperación internacional con terceros países para detectar estos casos con eficacia.

La regulación busca un "equilibrio" entre lo que pueden hacer las autoridades y las empresas, según fuentes comunitarias.

Además, se impulsará una nueva red de productos de trabajo forzoso que servirá de plataforma para la coordinación y cooperación sobre este fenómeno entre las autoridades competentes y la Comisión.