La Abogacía del Estado reclama a la familia Franco otros 564 bienes del Pazo de Meirás
- No se incluyeron en la demanda original por la negativa de los Franco a permitir el acceso al edificio
- Forman parte del patrimonio nacional, documental e histórico por su vinculación con la figura de Pardo Bazán
La Abogacía General del Estado ha presentado una nueva demanda judicial en la que reclama otros 564 bienes del Pazo de Meirás Según han informado fuentes de la institución a RTVE, estos bienes no estaban incluidos en la reclamación original, en la que el Estado consiguió la titularidad del propio Pazo y de cerca de medio centenar de bienes, que el juzgado consideró unidos al inmueble.
La demanda incluye además la petición de medidas cautelares para que estos bienes permanezcan dentro del Pazo hasta que el juzgado resuelva a quién corresponde la propiedad. El escrito se ha entregado en los juzgados de Madrid debido a que la norma establece que, en cuestión de bienes muebles, son competentes los organismos judiciales correspondientes al domicilio de la parte demandada, en este caso la familia Franco.
Los 564 bienes muebles de esta demanda están agrupados en tres categorías: bienes de patrimonio nacional, bienes del patrimonio documental español y bienes que son del dominio público por si afectación al uso del Pazo de Meirás como residencia oficial del jefe del Estado y, además, forman parte del patrimonio histórico español por, entre otros motivos, su vinculación a la figura de la escritora Emilia Pardo Bazán.
No se incluyeron en la demanda porque los Franco no permitían el acceso
Los bienes corresponden a la época entre 1938 y 1975, cuando el Pazo fue utilizado como residencia de la familia Franco, y son los que recoge un informe encargado a un historiador local. El ayuntamiento de Sada, en A Coruña, donde se sitúa el inmueble, había pedido en anteriores ocasiones que se reclamaran también, pero hasta el Estado no lo había hecho.
Fuentes de la Abogacía del Estado han aclarado a EFE que estos bienes fueron expresamente incluidos en la demanda previa "por la negativa de los Franco a acceder al inmueble, lo que impedía conocer los bienes ubicados en el interior". "La ejecución de la sentencia y el acceso al Pazo permiten conocer esos bienes e inventariarlos", agregan estas mismas fuentes.
La Abogacía ha adoptado esta medida después de que la familia Franco recurriese el auto del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña que dio la razón al Estado. En él, se decretó que 132 bienes de los 697 inventariados en su momento tenían que permanecer en Meirás por ser "inseparables" del mismo. En esa cuestión incidental, se abordó la situación de estos bienes y no de la totalidad de los inventariados, aunque realmente la disputa entre el Estado y los Franco estaba, en esa vista, en torno a medio centenar, como piezas de la capilla o conjuntos escultóricos del jardín. El juzgado solo dio la razón a la familia del dictador en unas alfombras pasilleras.