El TSJC mantiene el 25% de castellano en dos escuelas en las que se aplicaba cautelarmente por orden judicial
- El tribunal reconoció que la nueva ley lingüística del Govern, recurrida ante el TC, impedía aplicar la sentencia
- El conseller de Educación había pedido revocar las cautelares, algo que ha rechazado el TSJC
- La Generalitat de Cataluña ha recurrido la decisión
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha acordado este jueves mantener el dar el 25% de las clases en castellanoen dos escuelas donde ya se aplicaba cautelarmente por orden judicial, pese a que la Generalitat había pedido que se revocara tras la aprobación de la nueva ley lingüística.
El TSJC se ha pronunciado así por primera vez sobre las escuelas sujetas a medidas cautelares, después de que el pasado mes de junio reconociera que la sentencia que impone el 25% de clases en castellano no se puede aplicar tras la nueva ley aprobada por el Parlament, que ahora está en manos del Tribunal Constitucional.
A la espera de que el TC se pronuncie sobre la constitucionalidad de la nueva ley, la Generalitat había pedido la revocación de estas medidas en colegios donde se aplicaba el 25% de castellano por decisión judicial, pero la sala contencioso-administrativa del TSJC considera que la nueva legislación "no incide necesariamente en la decisión cautelar adoptada".
El decreto del Govern "no incide" en la decisión cautelar de la Justicia
En concreto, el decreto del Govern al respecto estipula que el uso del castellano se deberá definir en función de criterios pedagógicos, y los jueces argumentan ahora que "en este caso, no se alegan ni constatan cuáles son los criterios pedagógicos individualizados que determinan la necesidad de modificar la decisión cautelar".
Los jueces consideran igualmente que la obligación cautelar de usar al menos un 25% de castellano "tampoco resulta afectada por la prohibición de porcentajes" que fija el decreto.
Además, los jueces recuerdan que "existe una resolución judicial firme, de naturaleza cautelar, que reconoce el derecho del alumno a recibir una enseñanza en castellano con una determinada intensidad de uso", en referencia a las cautelares que dictaron en febrero, y añaden que esto no queda afectado por la nueva normativa del Govern. Eso sí, no descartan que las medidas cautelares puedan verse afectadas una vez se haga la "aplicación singular" de la nueva normativa en las escuelas.
A principios de septiembre, el conseller catalán de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, afirmó que cuando comenzase el curso 2022-2023, "ninguna aula de Cataluña ni ningún centro educativo" aplicaría el 25% del castellano. "Nos podremos a trabajar para aumentar el uso del catalán", añadió. E instó a los centros a incumplir la sentencia porque "es incompatible con la normativa del Govern y del Parlament" que elimina el aprendizaje de lenguas a partir de porcentajes.
El conseller de Educación se reúne este viernes con los centros
Precisamente, Cambray se reunirá previsiblemente este viernes con las direcciones de los 27 centros educativos que deben impartir el 25% de materias en castellano, según ha afirmado la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Ana Losada. Eso sí, fuentes de la consellería de Educación a Efe no han confirmado ni han desmentido que la reunión vaya a tener lugar.
Según Losada, además del conseller, a la reunión asistirán abogados de la Generalitat y miembros de la inspección educativa con el fin de "intentar convencer a los directores que ya han desacatado a la justicia de que su actuación ilegal no va a tener consecuencias" y para "presionar al resto para que incumplan la ley".
Según Losada, el 25% del castellano "se ha retirado en 8 centros educativos" de los 27 que tienen sentencias del TSJC dictando medidas cautelares y "hay otra familia cuyo padre afirma que a su hijo no se le están impartiendo el 25% de clases en lengua castellana".
La Generalitat recurre la sentencia
La secretaria general de Educación de la Generalitat, Patrícia Gomà, ha asegurado que recurrirán los dos autos dictados por el TJSC. Gomà ha insistido este jueves en declaraciones a la prensa que existe un nuevo "marco normativo" que hace "inaplicable" los dos autos judiciales, y que el TSJC se ha expresado en ese sentido "en diferentes resoluciones" del pasado julio, y ha acusado al tribunal de hacer "filibusterismo jurídico" y de "retorcer los argumentos".
"Nosotros y todo el país está defendiendo esta normativa, este nuevo marco normativo", ha señalado Gomà, que ha añadido que lo que dice el tribunal es que los centros donde se aplicaba el 25 % con anterioridad "deberán acreditar" que "se ha hecho esta revisión de los proyectos lingüísticos, tal y como determina la nueva normativa".