La Comunidad de Madrid recurre ante el Constitucional el decreto de ahorro energético del Gobierno

• Ha presentado este lunes su recurso contra el Real Decreto-Ley alegando que invade competencias autonómicas
• También recurre porque entiende que vulnera algunos artículos de la Constitución

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, en una imagen de archivo.

La Comunidad de Madrid ha presentado este lunes un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley de medidas de sostenibilidad económica del Gobierno, que incluye el plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización para reducir el consumo de energía en edificios administrativos, recintos públicos y comercios.

Así lo ha anunciado el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, que en una entrevista en TVE ha defendido el recurso contra un decreto que "choca" con competencias que son "exclusivas" de la Comunidad de Madrid. En un mensaje en Twitter, el consejero ha señalado que espera que el Constitucional se pronuncie "lo antes posible".

Enrique López defiende el recurso al decreto de ahorro energético porque "choca" con la competencia de la Comunidad de Madrid

La semana pasada, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, manifestó que había dado orden a los servicios jurídicos de presentar este recurso ya que el decreto "se ha presentado de forma arbitraria" y "autoritaria" y atenta "contra los comercios y demás establecimientos públicos en un momento muy difícil para todos ellos".

Nada más conocerse el decreto de ahorro energético, Ayuso anunció que no cumpliría con él, alegando que Madrid "no se apagaba". También entonces, su vicepresidente, Enrique Ossorio, alertaba de que había "errores garrafales" en las medidas.

Invasión competencial y vulnera artículos de la Constitución

Según el recurso al que ha tenido acceso RTVE, el Gobierno regional interpone el recurso de inconstitucionalidad al considerar que incurre en una invasión competencial que corresponde exclusivamente a la Comunidad de Madrid gestionar.

Así, apunta a que el decreto se extralimita en medidas como la limitación de temperaturas, en la implantación del sistema de cierre de puertas, o en el apagado del alumbrado de escaparates y edificios públicos.

En este sentido, apunta que el decreto vulnera lo dispuesto en los artículos 26.3.1.1, 27.8, 27.4, 26.3.1.2, 26.1.21 y 26.1.27 de su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero.

También se considera que el artículo 29 vulnera los artículos 23.2 y 86.1 de la Constitución Española.

Igualmente, y desde el punto de vista sancionador, la Comunidad cuestiona su aplicación, ya que no se especifica cuánto tiempo han de estar apagados los escaparates ni los edificios públicos.

Aseguran, además, que el texto va en contra también el Decreto de Salud y Seguridad en el trabajo de 1997, que establece que las actividades denominadas de trabajo ligero, como son las propias del comercio y la hostelería, no se pueden superar los 25 grados de temperatura.