Caso Ayotzinapa: el ejército, en el punto de mira ocho años después de la desaparición de los 43 estudiantes

• La Comisión de la Verdad ha concluido que se trató de un "crimen de estado"
• Hay cuatro militares detenidos, pero otros implicados podrían quedar impunes

El caso Ayotzinapa, ocho años después: ¿qué se sabe de los 43 estudiantes desaparecidos?

Se cumplen ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pero si uno lee los periódicos mexicanos estos días parecería que todo sucedió en una fecha mucho más reciente. Desde hace semanas, se suceden las noticias relativas al caso en un torbellino informativo que no permite saber con certeza si hoy se está más cerca o más lejos de saber qué fue lo que ocurrió los días 26 y 27 de septiembre en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero, donde se pierde el rastro de los jóvenes.

Todo empezó a mediados de agosto con la presentación de las conclusiones preliminares de la Comisión de la Verdad, instaurada por el presidente Andrés Manuel López Obrador nada más llegar al poder en diciembre de 2018.

Su responsable, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, dejó dos afirmaciones rotundas cuyo eco todavía resuena en los titulares: "Fue un crimen de estado" y "no hay ningún indicio de que los estudiantes sigan con vida".

Siempre se supo de la implicación, en diferentes grados, de autoridades de los tres niveles de gobierno (local, estatal y federal) y se había señalado la responsabilidad del ejército por omisión.

Ahora, sin embargo, se afirmaba que los militares del 27 batallón con sede en Iguala, no solo habían sido testigos pasivos de lo ocurrido, sino que habían jugado un papel activo en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Nacidas de la revolución mexicana, las normales son escuelas donde se forman maestros rurales y se cultiva el espíritu combativo.

Órdenes de arresto contra militares

Días después, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitaba 80 órdenes de arresto, 20 de ellas contra uniformados, incluido el hoy en general en retiro José Rodriguez Pérez, que era, en septiembre de 2014, el coronel al mando del batallón en Iguala. Encinas le había señalado como la persona que dio la orden de eliminar a, al menos, seis estudiantes que sobrevivieron (esto tampoco se sabía) a los ataques de la primera noche.

Era un mazazo para los familiares: el ejército tenía las manos manchadas de la sangre de sus hijos, chavales de 20 años, cuyo único delito había sido apoderarse temporalmente de unos autobuses con la intención de trasladarse días más tarde a la Ciudad de México para asistir a la manifestación conmemorativa de la matanza estudiantil de 1968. La principal hipótesis sobre el móvil del ataque es que los estudiantes habrían secuestrado un autobús cargado de droga y los criminales querían recuperarla.

Era también la primera vez que los padres y madres de los 43 escuchaban de alguien del gobierno de López Obrador que sus hijos estaban muertos. El anterior, el de Peña Nieto, lo afirmó desde un principio. Enseguida concluyó que policías municipales de Iguala entregaron a los estudiantes al grupo criminal Guerreros Unidos, que los incineró en el basurero de Cocula y arrojó después sus cenizas al Río San Juan, donde supuestamente aparecieron los restos de uno de los normalistas.

Cae el artífice de la "verdad histórica"

"Esa es la verdad histórica de los hechos", sentenció el entonces Procurador General, Jesús Murillo Karam. Su detención, a finales de agosto, ha sido otro de los hitos en estas vertiginosas semanas que no han dejado de traer novedades sobre el caso. Karam está en prisión preventiva acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia.

Su "verdad histórica", supuestamente fabricada para cerrar el caso cuanto antes y aplacar así el descontento en las calles, siempre fue cuestionada por las familias y por los supervisores internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o del Equipo Argentino de Antropología Forense. Peritajes técnicos descartaron que el basurero hubiera albergado una hoguera del tamaño necesario para calcinar los 43 cuerpos. Otras evidencias más recientes sugieren que la escena del basurero fue manipulada, como también habría sucedido con la del Río San Juan. Además, los restos de los otros dos estudiantes identificados, ya con este gobierno, fueron hallados en otro lugar.

Con la detención de Karam, acompasada con las revelaciones de Comisión de la Verdad, el caso parecía recibir un doble impulso desde el gobierno y la FGR. Los días y las semanas iban pasando y nada se sabía, sin embargo, de las órdenes de arresto contra los militares.

Se entrega un general

El nerviosismo y la preocupación iba creciendo entre los familiares, que el miércoles 14 de septiembre decidieron llevar sus protestas a las puertas del 27 batallón de Iguala. Tras un mitin pacífico de los padres y madres de los 43, algunos de los estudiantes que les acompañaban lanzaron piedras, petardos e incluso un tráiler contras las puertas del cuartel. A esa misma hora, aunque no se sabría hasta el día siguiente, el general Rodríguez Pérez se estaba entregando en el Campo Militar número 1 de la Ciudad de México.

En la conferencia matutina del presidente López Obrador, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, informaba de la ejecución de otras dos órdenes de captura contra dos subordinados del general y de la imputación de un nuevo delito al capitán Crespo, el único militar detenido hasta entonces por el caso de los 43.

Lo que debería haber servido para despejar las dudas de los familiares y de la opinión pública sobre el rumbo de las investigaciones, sembró más inquietudes. Mejía dijo que se habían ejecutado "las cuatro órdenes de aprehensión contra militares" pero en agosto se había dicho que eran 20 las que había. ¿Qué pasaba con las 16 restantes?

La FGR retira las órdenes contra militares

La respuesta no la hemos conocido hasta este fin de semana. La revista Proceso publicó el sábado que la FGR había solicitado al juez no solo que retirara las órdenes contra los 16 uniformados, sino también otras cinco en contra de figuras relevantes como el ex fiscal de Guerrero. La Fiscalía no ha explicado el porqué de este cambio de opinión.

El ejército mexicano estuvo detrás de la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala, según el gobierno del país. AP/Fernando Llano

El gobierno de López Obrador tampoco se ha pronunciado, de momento, sobre ello, pero da la impresión de que se puso el parche antes de la herida. Este viernes, Encinas improvisó una rueda de prensa para pedir "confianza" a las familias de los 43 y de paso denunciar a "los provocadores" que actuaban violentamente en las protestas. El miércoles, los normalistas vandalizaron la embajada de Israel para exigir la extradición de Tomás Zerón el responsable de las primeras investigaciones con Peña Nieto. El jueves, varios policías resultaron heridos en la protesta ante la FGR para exigir que se ejecuten las órdenes de arresto pendientes. Y el viernes, a pesar del llamado del subsecretario, los estudiantes volvieron a chocar con las fuerzas de seguridad en el Campo Militar número 1.

El gobierno, contra los jueces

El otro frente de batalla del gobierno es con el poder judicial. Está siendo especialmente crítico con el juez Samuel Ventura, de Tamaulipas, que suma a lo largo de los últimos años más de cien absoluciones de presuntos implicados por el caso de los 43, las últimas esta semana. Todos los casos, armados durante el gobierno de Peña Nieto, se han caído porque los detenidos fueron torturados, algo acreditado incluso por la ONU, pero el actual ejecutivo sospecha de la actuación de este juez y ha presentado una queja contra él.

Los estudiantes siguen movilizados para que se aclare la desaparición de sus compañeros AP/FERNANDO LLANO

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Arturo Zaldívar, considerado afín al gobierno, ha salido, sin embargo, en defensa de los jueces y también lo han hecho los abogados de las familias, que creen que la FGR podría haber fortalecido las acusaciones contra los detenidos o imputarles otros delitos para evitar su liberación. Como ha sucedido con el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, que seguirá en prisión porque tiene otras causas abiertas, a pesar de haber sido absuelto la semana pasada del delito de secuestro de los 43.

Polémica filtración de datos confidenciales

Como colofón a estos días de vértigo, el fin de semana ha estado marcado por la polémica en torno a las revelaciones hechas por la columnista del diario Reforma, Peniley Ramírez, que publicó en este periódico y en Twitter partes del informe de la Comisión de la Verdad, que seguían bajo secreto. Lo publicado incluye conversaciones en las que se detalla cómo se deshicieron de los estudiantes y cómo después trataron de esconder sus restos incluso en instalaciones militares. El gobierno ha dicho que investigará el origen de la filtración y ha pedido respeto para las familias.

Las familias, a través de sus abogados, han lamentado también la filtración pero han dicho que les preocupa más que la FGR haya retirado las órdenes de arresto contra los militares. Después de ocho años de incansable lucha por la verdad y la justicia, ven de nuevo cómo la sombra de la impunidad planea sobre el caso. Este lunes, volverán a sacar los retratos de sus hijos y sus voces retumbarán en las calles de la capital mexicana: "26 de septiembre no se olvida, es de lucha combativa"; "Ahora, ahora, se hace indispensable, presentación con vida y castigo a los culpables"; "Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos".