Aragonès anuncia un paquete de casi 300 millones de ayudas para familias, jóvenes y empresas

• La mayoría de las medidas se ejecutarán en los presupuestos de 2023
• La Generalitat plantea una deducción fiscal por gastos escolares de 100 euros por hijo

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciado un "escudo social" de casi 300 millones de euros para ayudar a familias vulnerables, jóvenes, sector primario y empresas catalanas, un paquete de medidas para afrontar el encarecimiento del coste de la vida y la crisis energética.

En el debate de política general que ha arrancado en el Parlamento catalán, el president presenta la batería de medidas de hasta 297,8 millones de euros, un paquete que el Govern empezó a trabajar desde hace semanas, según fuentes del Ejecutivo catalán.

"Ponemos en marcha un escudo social para hacer frente al aumento del coste de la vida y para que esta nueva crisis no implique aumentar aún más las desigualdades", ha señalado Aragonès.

Si bien algunas de esas medidas serán de aplicación inmediata, en el actual ejercicio, la mayoría se ejecutarán a partir de los presupuestos de 2023, además de que no será un plan "cerrado" y en próximos días y semanas se prevé incluso que se añadan otras.

Deducción de 100 euros por alumno

La Generalitat destinará en total 100 millones de euros a partir de 2023 para ayudar a familias de rentas bajas y medias con hijos escolarizados, con el objetivo de paliar su esfuerzo para el incremento de costes relacionados con la escolarización.

La ayuda, que será de 100 euros por alumno y se ejecutará a través de una deducción del tramo autonómico del IRPF, incluirá a alumnos escolarizados desde tercero de infantil a cuarto de la ESO del sistema público, incluyendo alumnos de la concertada.

En todo caso, el Govern aún no detalla qué porcentaje de los 973.000 escolares actuales se verán beneficiados de esta medida, algo que se concretará en la ley de medidas de acompañamiento de los presupuestos, teniendo en cuenta también los efectos de la inflación sobre la capacidad adquisitiva de las familias.

Bono social térmico

En el actual ejercicio presupuestario se prevé un aumento del 50% de la ayuda prevista para familias vulnerables para pagar la factura energética de este invierno, el llamado bono social térmico (BTS), para lo que el gobierno catalán destinará 8,8 millones en total que se sumarán a los 17,5 millones que ya recibían esas familias hasta el momento.

Según la Generalitat, 100.219 hogares que ya están incluidos en el registro del BTS recibirán este incremento, además de la ayuda que ya obtenían: el importe por hogar oscilará entre 41 euros hasta 186; por lo tanto, con esta doble ayuda, las familias vulnerables recibirán entre 125 y 560 euros, con lo que se calcula que podrán adquirir entre 5 y 21 bombonas de butano, en función de su vulnerabilidad.

La medida tiene un plazo previsto de tres meses desde el inicio del trámite hasta que llegue el dinero a cada hogar; y se contempla que se alargue durante los próximos meses de invierno.

Alquiler joven

Esta misma semana se pondrá en marcha una ayuda al alquiler de 29 millones de euros, dirigida a jóvenes de hasta 36 años y pueden llegar a los 250 euros mensuales por persona, según los ingresos y el precio del alquiler y siempre que no tengan otra ayuda de carácter estatal.

Si hubiera más de un joven titular del mismo contrato, se podrá solicitar la ayuda de manera individual; y si más de uno resulta beneficiario en una misma vivienda, la suma no podrá superar el importe mensual del alquiler o el precio de la cesión.

A partir de los presupuestos de 2023, el Govern destina 30 millones a ampliar hasta los 30 años la tarifa bonificada de transporte público para jóvenes a través de la T-Jove, una tarjeta trimestral y bonificada que hasta ahora estaba dirigida a los jóvenes de hasta 24 años.

Energía renovable

El Govern acelerará la instalación de plantas de producción de energías renovables y biogás a partir del próximo año, con un importe total de 67 millones. De esos, unos 25 millones serán para acelerar los trámites de las instalaciones inferiores a 5 megawatios, mediante la digitalización del proceso y la incorporación de más profesionales, con lo que se prevé reducir hasta seis meses el plazo para autorizar proyectos de plantas de generación eléctrica renovable.

También se impulsará una línea de subvención (40 millones en total) para retirada de amianto e instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo, destinado sobre todo al sector primario; y se abrirán oficinas de transición energética para pymes, para lo que se destinarán 2,2 millones de euros.

Se potenciará la instalación de fuentes de energía renovables para autoconsumo, reforzando la línea de subvención a proyectos para particulares, empresas y comunidades, para lo que el Govern destinará en total 51,3 millones de euros; y se estimulará el ahorro energético con una línea de ayudas a comunidades de vecinos y empresas para instalar sistemas automáticos de encendido y apagado de luces en espacio comunes e instalaciones.