La Fiscalía investiga si Luceño está detrás del supuesto San Chin Choon que envía correos al juez del caso mascarillas

• La Policía encuentra en la casa de Alberto Luceño una placa falsa del CNI y documentos policiales
• Los agentes registraron la vivienda y la empresa dentro de una pieza separada del 'caso mascarillas'

El empresario Alberto Luceño

La Fiscalía sospecha de la autenticidad de un documento que supuestamente contiene la declaración prestada por un individuo llamado San Chin Choon, el empresario que presuntamente vendió material sanitario a los comisionistas Alberto Luceño y Luis Medina en el 'caso mascarillas'.

El pasado día 13 de septiembre el juez Adolfo Carretero dictó un auto, al que ha tenido acceso RTVE, en el que decretaba la apertura de una pieza secreta separada para investigar las comunicaciones de Luceño, con el conocimiento únicamente de la Fiscalía.

En el auto, el magistrado señala que el Ministerio Fiscal sospecha de la autenticidad de un documento, aparecido tras las declaraciones de los investigados y los testigos, en el que supuestamente el empresario San Chin Choon certificaba ante fedatario público de Malasia el 19 de julio pasado que los dos empresarios investigados eran agentes exclusivos suyos y que el precio habría sido el mismo sin ellos.

Contradicciones y errores gramaticales: "Tiene el español como lengua materna"

Tras haber sido examinado, el auto señala que "contiene una serie de datos y afirmaciones" que hacen sospechar de su autenticidad, "máxime cuando se contradice en fechas con las conclusiones de la Policía Científica" o cuando "no cuadran los beneficios de las cuentas de las sociedades administradas por el Sr. Luceño con lo que dice el documento".

Duda también el fiscal del correo enviado presuntamente por San Chin Choon porque "presenta varias incorrecciones gramaticales que evidencian que ha sido redactado por alguien que no solo no habla correctamente el inglés, sino que tiene el español como lengua materna".

Como ejemplo, la Fiscalía destaca que en el documento aparece el término "indenfension", "que no existe en la lengua inglesa" y que "sería una burda adaptación del término castellano "indefensión"".

Ante la posibilidad de que Luceño conservase documentos relativos a las operaciones comerciales que se investigan en la causa y que permitiesen conocer los datos esenciales de las mismas, el juez autorizó la entrada y el registro de la vivienda de Luceño y la sede de la empresa Takamaka Invest para investigar las comunicaciones.

Hace unos meses, en mayo, el juez Adolfo Carretero denegó la petición de Más Madrid para analizar las llamadas entre los empresarios imputados, varios cargos municipales y el primo del alcalde, argumentando que sería una intromisión en su intimidad obligarles a dar sus teléfonos y analizar las llamadas, que les perjudicaría de modo notorio al tener la condición de testigos y que además estas diligencias serían inútiles para averiguar el delito de estafa investigado.

Localizan una placa del CNI y documentos policiales

En el registro, efectuado el pasado 22 de septiembre, la Policía Nacional ha encontrado dentro de un maletín negro una placa de agente del CNI, fotos del investigado, seis hojas con impresiones de imágenes de tarjetas del CNI, del Ministerio de Defensa y la Policía, y recortes de estas mismas instituciones.

El implicado, que está siendo investigado junto a Luis Medina por los presuntos delitos de estafa, falsedad y blanqueo por cobrar millones de dólares a través de tres contratos con el Ayuntamiento de Madrid para la venta de material sanitario, ha colaborado en todo momento con el registro de su oficina y domicilio.

Este lunes también se conoció un auto de la Audiencia Provincial de Madrid en el que la Sección Tercera respalda la decisión del magistrado del caso mascarillas de no imputar a Luceño un delito de alzamiento de bienes, como había pedido Podemos, que es acusación popular en la causa. Detalla la Sala que "no existen por el momento datos reveladores de indicios de la comisión de un delito contra la Hacienda Pública".

El otro empresario investigado, Luis Medina, sí está imputado por un delito de alzamiento de bienes, aunque el magistrado dejó abierta la puerta en mayo pasado a levantar esa imputación cuando conste en la causa la cantidad de la herencia de su abuela que él ofreció para cubrir su fianza.