Irene Montero choca con Vox por acusarla de "corrupción de menores": "A estos fascistas se les para con derechos"

• La ministra se siente sentirse "avergonzada" por la "campaña de violencia política" y "en contra de la educación sexual" a menores
• Cañizares (Vox) reitera en la sesión de control al Gobierno que la titular de Igualdad hizo "apología en toda regla de la pedofilia"

La ministra de Igualdad, Irene Montero responde una pregunta de la oposición durante la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha protagonizado este miércoles un choque con Vox en el Vox Congreso, después de que el partido haya vuelto a pedir su dimisión por "incitar a un delito de corrupción de menores" al defender la educación sexual. "Les pido que les paremos los pies y que aprobemos la Ley del aborto. A estos fascistas se les para con derechos", ha afirmado, dirigiéndose a los diputados y diputadas durante la sesión de control al Gobierno.

Montero ha apuntado que, para el Ejecutivo, la educación sexual es "un derecho" de los menores que se va a garantizar en la Ley de Salud sexual y reproductiva y ha asegurado que "son más" quienes quieren esa educación sexual para sus hijos, que quienes "blanquean, niegan o cuestionan las políticas públicas" contra las violencias machistas, o que quienes "votan en contra" de la Ley de protección a la infancia, la Ley 'solo sí es sí', o la investigación de los abusos sexuales a menores en la Iglesia "para que permanezcan en la impunidad".

La titular de Igualdad ha respondido así, después de que la portavoz parlamentaria adjunta de Vox, Inés Cañizares, reiterara que el discurso de Montero en el Congreso la semana pasada "de manera literal e inequívoca, incitaba a la corrupción de menores" e indicaba "un camino para normalizar la práctica sexual de adultos con niños". "Una apología en toda regla de la pedofilia", ha declarado.

"Avergonzada" por la "campaña de violencia política"

Montero ha confesado sentirse "avergonzada" por la "campaña de violencia política" y "en contra de la educación sexual de niños y adolescentes del país", que ha defendido como necesaria para "acabar con las violencias contra la infancia, hoy todavía enormemente invisibles"

“"Cómo damos a los niños herramientas para identificar esas violencias"“

"Cómo damos a los niños herramientas para identificar esas violencias cuando en el 84% de los casos son hombres conocidos, y, por tanto, en quienes confían, quienes ejercen esa violencia; qué hacemos también para frenar el incremento de las infecciones de transmisión sexual; qué hacemos para ningún niño se burle de otro niño por la forma y tamaño de su cuerpo; qué hacemos para todos los niños sepan que en el futuro podrán amar a quien quieran, que no se tienen que meter en un armario, o que pueden ser quienes son sin miedo", ha cuestionado la ministra.

"Qué hacemos para que la edad de inicio de acceso a la prostitución violenta no sean los ocho años; qué hacemos para que entiendan que las relaciones tienen que estar basadas en el consentimiento, que tratar bien está bien y tratar mal está mal; qué hacemos para que los niños no se conviertan de mayores en agresores basándose en una cultura de la violación que solamente va a ser revertida con políticas públicas en contra de las violencias machistas que ustedes niegan y, por supuesto, con educación sexual desde las edades más tempranas", ha continuado.

Cañizares (Vox): "Ha perdido el norte y los papeles"

Por su parte, Cañizares ha espetado que Montero "convierte sus problemas personales en cuestiones de Estado y legisla a golpe de trauma". "Escuchamos las palabras de una ministra que ha perdido el norte y los papeles", ha afirmado la portavoz parlamentaria adjunta de Vox.

Respecto a la educación sexual, ha señalado que los menores "carecen de madurez suficiente para tomar decisiones" y que, por eso, sus padres y los poderes públicos de modo subsidiario son "los responsables de velar por su protección y no por su corrupción".

A su juicio, el Ministerio que dirige Montero es "el mayor atentado contra la igualdad de los españoles" y considera que los 525 millones de presupuesto que se le han asignado son "carentes de utilidad salvo para sus amiguitas, amiguitos y amiguetes".

Cara a cara con el PP por la Ley Trans: "Dejen de mentir"

Paralelamente, Irene Montero ha tenido también que responder a las críticas del PP hacia las leyes promulgadas por Igualdad que, juzgan, han hecho que "las mujeres vean recortados sus derechos". "Deje de ser el altavoz del machismo y la transfobia", ha replicado la ministra a la diputada 'popular' Marta González, después de que esta haya contado el supuesto caso de un hombre condenado por violencia doméstica y no de género, por agredir a su pareja, tras haber realizado un cambio de nombre en el registro.

"Le pediría que dejen de mentir, pero es como pedirles que dejen de robar. Imposible", ha respondido Montero, antes de puntualizar que "el mero cambio de nombre" en el Registro Civil "no altera las responsabilidades jurídicas de una persona".

La ministra ha recordado, además, que la Ley Trans de su Ministerio aún no está vigente, por lo que el caso al que se ha referido González responde a la normativa actual que implica que la persona que realiza esa modificación registral debe pasar obligatoriamente por "dos años de hormonación" y tener un "informe médico" que la diagnostique con disforia de género.

Montero también ha explicado que, ni la ley actual, ni la que está pendiente de tramitación, "permiten la retroactividad", por lo que la responsabilidad penal de un hombre anterior al cambio registral se mantiene como tal. "Quienes ponen en riesgo los derechos de las mujeres son los machistas, los agresores y quienes niegan la violencia de género", ha zanjado.

Su réplica no ha convencido a González, que ha llamado a la ministra a usar "menos reproches e insultos" y a "meditar mejor las consecuencias de su inconsciente actividad legislativa" y sus "leyes descabelladas". Asimismo, le ha reprochado que el texto de la Ley Trans haya llegado al Congreso por tramitación de urgencia y "sin informes" preceptivos.