Cronología de la batalla fiscal en España: el debate entre bajar impuestos y mantener los servicios públicos
- El presidente de la Junta de Andalucía prendió la mecha al anunciar una supresión del impuesto de patrimonio
- En un giro inesperado, el socialista Ximo Puig se desmarcó de la estrategia del Gobierno y se sumó a las rebajas fiscales
La batalla fiscal avanza imparable. Si hasta hace una semana Madrid era la única región que presumía de rebajas fiscales y supresión de impuestos, en los últimos días hasta siete comunidades han hecho uso de su capacidad normativa en los impuestos cedidos y en aquellos compartidos con el Estado: ya sea bonificando el patrimonio, deflactando la tarifa autonómica del IRPF o elevando las deducciones. La más llamativa ha sido la decisión de la Comunidad Valenciana, gobernada por los socialistas, que en un giro inesperado de guion se ha desmarcado de la estrategia del Ejecutivo central y ha rebajado el IRPF a las rentas medias-bajas.
De esta forma, con los impuestos en el punto de mira, ha empezado la campaña electoral más dilatada que se recuerda. Y en la que las posturas en materia fiscal están más definidas y enfrentadas que nunca: bajar impuestos o mantener los servicios públicos. He aquí la cronología de diez días clave:
Los antecedentes: Madrid tiene la menor presión fiscal de España
Hablar de bajadas de impuestos es hablar de Madrid. La región presume de una política fiscal basada en el ahorro para sus contribuyentes: sus tipos mínimo y máximo del IRPF autonómico son más bajos de España; cuenta con grandes rebajas en los tributos cedidos, como la bonificación del 100 % del impuesto de patrimonio o del 99 % en el de sucesiones y donaciones; y es la única región que ha eliminado todos los tributos propios.
Este ha sido el espejo donde se han querido reflejar otros gobiernos autonómicos del PP. Y es que ha sido el propio presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, ha bendecido la política fiscal de Ayuso y ha pedido a sus barones que extrapolen esta bajada de impuestos a las regiones en las que gobiernan.
El detonante: Andalucía suprime el impuesto de Patrimonio
Dicho y hecho. El primero en sumarse ha sido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. En la campaña electoral ya deslizó que quería competir con Madrid en materia fiscal y el pasado lunes confirmó sus intenciones con el anuncio de un nuevo paquete de rebajas de impuestos que incluía, entre otras medidas, la bonificación al 100 % del gravamen al patrimonio en un intento por atraer a inversores y grandes contribuyentes. “Andalucía será la segunda comunidad con menor presión fiscal de España”, proclamaba.
Poco después fue Galicia quien anunció que aumentaría la bonificación del impuesto de patrimonio en su región: del 25 % actual al 50 %.
El impuesto de Patrimonio es un tributo estatal que grava el patrimonio neto de las personas físicas, es decir, el conjunto de bienes y derechos económicos de los que es titular. Fue suprimido en 2008 pero, con la crisis económica, se decidió restablecer con carácter temporal y, en 2021, se convirtió finalmente en indefinido. Pese a ser un impuesto estatal, su rendimiento está cedido en su totalidad a las comunidades autónomas.
Las reacciones: acusaciones de “populismo” y “dumping fiscal”
El fuego no tardó en avivarse. El primero en pronunciarse fue el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien en una entrevista en Onda Cero el pasado martes se mostró partidario de centralizar impuestos para evitar el "despropósito" de que las comunidades autónomas compitan entre sí en materia fiscal, justo en un momento en lo que se requiere -a su juicio- es hacer políticas redistributivas para las personas más vulnerables por los efectos de la inflación. Unas declaraciones que enmarcó como "opinión personal" pero que provocaron una cadena de reacciones.
Solo unos minutos más tarde, el Gobierno central se desmarcó de las palabras de Escrivá. Si bien, tildó las rebajas impositivas de Madrid y Andalucía de “populismo” y tachó la supresión del impuesto de Patrimonio como "injusta", pues en su opinión se traduce en recortes en servicios públicos. Además, criticó que el PP "siempre beneficia a la minoría", puesto que el impuesto de Patrimonio solo se grava sobre el 1 % de la población, la que tiene más de 700.000 euros.
El Ejecutivo catalán fue más allá y, después de rechazar entrar en "subastas populistas" de rebajas de impuestos, acusó a Madrid y Andalucía de ser “chiringuitos fiscales” y de ejercer el "dumping fiscal" (competencia desleal) frente a otras comunidades. “Es absurdo y lo que demuestran Moreno y Ayuso es una enorme injusticia y una conciencia de clase brutal”, señalaba el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.
La réplica de Montero: un impuesto nacional a las grandes fortunas
Presionado por las políticas populares, el Gobierno respondió y, apenas 24 horas más tarde, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avanzó que el Ejecutivo estudiaba un nuevo impuesto a las grandes fortunas, tal como ha reclamado históricamente Unidas Podemos –pese a que el PSOE lo rechazó en junio junto a PP, Vox y Cs-, y en línea con el tributo a las energéticas y la banca que se encuentra en tramitación en el Congreso.
Este impuesto a los grandes patrimonios formaría parte de un paquete de medidas fiscales que el Ejecutivo tiene previsto presentar este jueves, que también incluiría la subida del 23 % al 27 % en el tipo del IRPF al que tributan los ingresos a partir de 140.000 euros. Según señaló la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, la filosofía global es "avanzar en la justicia social" y que "paguen los que más tienen".
El contraataque del PP: deflactar el IRPF
El PP, por su parte, contratacó con más medidas. A la bonificación en los impuestos cedidos, se sumaron otras rebajas en el tramo autonómico del IRPF, la conocida como deflactación. La medida tiene como objetivo adecuar la subida de la inflación a la declaración de la Renta, para que una posible subida en el salario no conlleve que se paguen más impuestos.
Así, se les descontará el porcentaje acordado -en este caso, un 4,1 %, el equivalente a la subida salarial media según la estadística de costes laborales del INE- y se mantendrán en el mismo tramo en la declaración. A ella se han sumado ya Madrid, Andalucía, Murcia y MurciaGalicia.
Además, Feijóo ha pedido al Gobierno que baje el IVA de los productos básicos de alimentación del 10 % al 4 % para reducir el impacto de la inflación y la crisis derivada de la guerra de Ucrania a la ciudadanía.
Otros efectos colaterales: Puig se desmarca y baja el IRPF
En pleno enfrentamiento entre el Ejecutivo central y las comunidades gobernadas por el PP a cuenta de los impuestos, entró en escena este martes un protagonista inesperado: el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, quien anunció un paquete fiscal que beneficiará a las rentas inferiores a 60.000 euros.
Entre ellas, destaca el aumento en un 10 % la cuantía exenta de tributación, que permitirá que los contribuyentes con rentas muy bajas no paguen en su declaración; una nueva tarifa autonómica del IRPF, que afectará a las rentas de hasta 30.000 euros; y, a su vez, la ampliación de un 10 % en el límite de las deducciones autonómicas, como los alquileres, las reformas del hogar o los nacimientos y adopciones. Unas medidas que, pese a no estar dirigidas a las rentas altas, chocan frontalmente con la línea marcada por Pedro Sánchez.
Desde el Gobierno central insisten en que “no quieren recortar derechos y prestaciones a las personas que más lo necesitan en estos momentos de dificultad” y piden "responsabilidad" a todas las comunidades para que no desatiendan el sostenimiento del Estado del bienestar, que se apoya en los impuestos de los ciudadanos. Más clara aún ha sido la ministra de Hacienda, quien ha reconocido este miércoles que “no es bueno” que las comunidades autónomas inicien una espiral de bajada de impuestos.
Sin embargo, Puig podría no ser el único. En las últimas horas, algunos líderes autonómicos como el de Aragón, el socialista Javier Lambán, ha admitido la "posibilidad" de que se pueda cambiar la fiscalidad en su región si los cuatro partidos que forman el Gobierno -PSOE, PAR, CHA y Podemos- están de acuerdo. El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, por su parte, ha descartado este jueves bajar impuestos pero ha anunciado la mayor bajada de tasas y precios públicos en la región.
Con todo, fuentes socialistas a RTVE aseguran que, en ningún caso, ni en público ni en privado, van a abrir una batalla contra un compañero, en referencia a Puig.
El plan del Gobierno: beneficios fiscales a rentas bajas, subida para altas
Finalmente, y tras diez días de enfrentamiento entre Gobierno y la oposición, el Ejecutivo ha decidido este jueves presentar el paquete de medidas fiscales con el que pretende aliviar el bolsillo de los consumidores más vulnerables con bonificaciones en el IRPF para las rentas bajas y los autónomos y, para compensarlo, subidas a las rentas altas y un nuevo impuesto a las grandes fortunas. Además, también contempla la rebaja del IVA del 10 % al 4 % en los productos de higiene íntima femenina. Según sus cálculos, el saldo neto de todas estas medidas para los dos próximos años proporcionará 3.144 millones de ingresos adicionales.
Montero, que ha sido la encargada de presentar el paquete, ha señalado que entre las medidas, no se incluye deflactar ningún impuesto, pues a su juicio es una medida "generalizada" que "no recomienda ningún organismo internacional". Por poner un ejemplo, ha resaltado que con su paquete, un trabajador que gana actualmente 18.000 euros, se ahorrará 746 euros al año, mientras que con la deflactación que han anunciado Madrid o Andalucía el ahorro se quedaría en 23 euros.
Para Feijóo, por su parte, las medidas fiscales anunciadas por el Gobierno son "decepcionantes y escasas": "Esta propuesta no tiene la mínima sensibilidad con las rentas medias y las rentas bajas, a las que se ha dicho 'no' a la rebaja de impuestos en este año 2022", ha asegurado el líder popular desde Galicia.
El hilo conductor: dos modelos enfrentados
La batalla pivota entre dos modelos contrapuestos: el que defiende las bajadas de impuestos para aliviar el bolsillo de los ciudadanos en tiempos de incertidumbre y el que apuesta por mantener los ingresos en las arcas públicas en una coyuntura en la que se debe priorizar el blindaje del Estado del Bienestar. El primero, enarbolado por el PP; el segundo, por el Gobierno central.
Así ha quedado patente este mismo miércoles en la sesión de control al Gobierno, apenas diez días después de que se desatase la ofensiva fiscal. Mientras la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha criticado la “política fiscal irresponsable y destructiva” del PP que, ha dicho, “desmonta el Estado del bienestar” con “recortes” en los servicios públicos; los populares han defendido que sus propuestas las recogen socialistas como Ximo Puig, por lo que han instado al Ejecutivo a seguir su ejemplo y bajar “ya” los impuestos.
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¿Qué dicen los organismos internacionales?
La batalla fiscal no se limita a España, también los organismos internacionales se han pronunciado sobre la necesidad o no de bajar los impuestos en estos momentos de incertidumbre. El economista jefe del BCE, Philip Lane, ha abogado por "financiar los programas asistenciales a los más vulnerables (…) bien a través de impuestos a quienes más ganan o bien a las industrias y firmas más rentables".
También la OCDE se ha mostrado a favor de ofrecer ayudas directas a los más vulnerables, frente a las bajadas de impuestos a la energía y a los descuentos en los combustibles. En la misma línea, la Comisión Europea ha instado a España a "tener cuidado con la reducción de los impuestos al consumo", esto es, en el IVA, ya que es uno de los países que menos recauda pese a compartir con sus socios un tipo general similar. "Muchas veces es más útil apoyar a las familias y las empresas que bajar impuestos", ha apuntado el comisario de Economía, Paolo Gentiloni.
En el caso del FMI, se ha mostrado muy crítico con el Gobierno de Reino Unido después de su histórico paquete de recortes de impuestos, que ha sacudido los mercados financieras y ha dejado a la libra en mínimos históricos frente al dólar. Ante este contexto, el Banco de Inglaterra ha decidido intervenir de emergencia con compra de deuda pública británica a largo plazo para tratar de estabilizar los mercados y contener la desbandada de inversores de los bonos británicos.
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